El tiempo en el que Barcelona era envidiada por su cada año más rico sistema público de educación para la pequeña infancia -escuelas, con todo lo que ese casi sagrado término representa, para niños de entre cuatro meses y tres años-, ha llegado a su fin. El primer indicio de ello lo dio el concejal del ramo, Gerard Ardanuy, cuando, a principio de curso, sentenció que la actual red de guarderías era económicamente insostenible y que el nuevo equipo de gobierno no construiría más escuelas, sino que buscaría «otras vías». La confirmación ha llegado con el anuncio de los «reajustes» para el nuevo curso, entre los que destacan el aumento del número de niños por aula, la reducción en un 40% de las educadoras de refuerzo y la externalización de la gestión de las tres nuevas escuelas -ya comprometidas por el gobierno anterior-, lo que, a ojos de familias y educadoras, supone el paso definitivo para dinamitar el actual sistema, algo que no están dispuestos a aceptar.
El cambio de rumbo en la educación preobligatoria ha soliviantado a los educadores -la mayoría educadoras- del casi centenar de centros públicos de la capital catalana, que se han organizado con el nombre de guerra de Escoles Bressol Indignades y con un objetivo claro: defender un sistema en el que creen, y que, bajo su punto de vista, representa un «eje principal en la construcción de una sociedad cohesionada y justa». Esta misma mañana presentarán en rueda de prensa la formalización de la lucha, con la Plataforma en Defensa del Modelo de Escola Bressol Pública y de los Servicios Complementarios del Ajuntament de Barcelona, y para mañana, miércoles, han convocado una concentración en Sant Jaume, para hacer una sonora entrega en la OAC de Sant Miquel de las más de 10.000 firmas de apoyo a la educación infantil que han recogido en estas semanas.
MÁS NIÑOS Y MENOS PROFESORES / La primera medida para «optimizar los recursos existentes», según palabras del concejal, es ampliar el número de niños por aula. Hoy por hoy, las guarderías públicas barcelonesas cuentan, por norma -siempre hay excepciones-, con siete niños de cuatro meses a un año por clase; 10, de uno a dos años, y 18 de dos a tres. A partir del próximo curso, la intención es pasar a ocho de cuatro meses a un año; a 13, de 1 a 2 años y a 20 de 2 a 3 años. Pese a que el nuevo ratio es el máximo permitido por la Generalitat - «el que tienen la gran mayoría de escuelas públicas del país», defiende Ardanuy-, para madres y maestras supone dar un significativo paso hacia atrás. «Colectivamente hemos construido un modelo que concibe a un niño capaz; que atiende a la diversidad y a las diferentes realidades sociales», mantienen los educadores en un manifiesto, convencidos de que, con más niños por clase y recortando a los educadores de refuerzo, es «imposible de mantener».
El concejal de Educación, Gerard Ardanuy, insiste en que no se trata de un cambio de modelo, sino de aplicar «los ajustes necesarios» para mantenerlo. El edil apunta que con la «pequeña» ampliación del ratio se generarán más de 900 nuevas plazas públicas y que, en cuanto a la reducción en un 40% del personal de apoyo en las horas centrales del día, en las que las educadoras, por un lado comen, y por el otro realizan gestiones más administrativas -desde reuniones con los padres hasta informes-, solo será necesario «un pequeño esfuerzo de reorganización».
Fuente: Kaos en la Red
