La universidad de Antioquia en su historia ha sido escenario de violaciones permanentes a los derechos humanos, y en los dos últimos años esta situación se ha agudizado dejando como consecuencias: amenazas de muerte (06 Marzo de 2009 y 11 de Marzo 2011), asesinato al interior de la universidad de un ex-alumno de derecho en marzo 2009, asesinato de un estudiante Facultad de Ciencias Agrarias 19 Marzo de 2011, y un permanente señalamiento y estigmatización por parte de las directivas universitarias a los estudiantes que se organizan y realizan procesos asamblearios, de debate y opinión al interior del campus universitario. Es de resaltar que la Universidad se encuentra militarizada desde el 10 de Febrero de 2005 con presencia permanente de agentes de la policía Nacional, y desde el 15 de Septiembre de 2010 del Escuadrón Móvil antidisturbios, a su vez se han presentado permanentes agresiones hacía la comunidad universitaria por parte de integrantes de la empresa de seguridad privada ATEMPI, como lo puede constatar la personería de Medellín.
El día jueves 31 de Marzo de 2011, posterior a la culminación de una asamblea general estudiantil, se presenta un hecho aislado a la misma, donde un grupo de estudiantes encapuchados hizo presencia en la portería Barranquilla, posterior a ello se da una desproporcionada arremetida del ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios-adscrito a la policía nacional) que en ningún momento busco generar alguna distinción entre los manifestantes y la comunidad universitaria, donde primero se tomaron las porterías, dieron ingreso a las tanquetas, y posterior a ello cierran la universidad y empieza una embestida de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y piedras contra los estudiantes que en ese momento se concentraban en la plazoleta Luis Fernando Barrientos. Ni la intermediación de la personería de Medellín, logró calmar los ánimos del ESMAD, que durante más de cuatro horas estuvieron presente en el alma mater, y continuaron con la represión a las afueras de la universidad y sus calles aledañas, persiguiendo a cualquier transeúnte que se detuviera a observar la situación que ese momento ocurría.
Incluso la agresión fue tan desmedida que miembros de la policía nacional persiguieron en sus motocicletas a las personas que se encontraban alrededor de la universidad, agrediendo incluso a menores de un colegio cercano, y donde algunas personas denunciaron que la policía disparó armas de fuego, logrando recoger vainillas de 5.56, lo cual es un arma de guerra y prohibida por el DIH para el uso en la ciudad y mucho menos para este tipo de manifestaciones.
Es de resaltar que este tipo de entradas por parte de la fuerza pública, usando exceso de fuerza son continuas después de la militarización y cierre del campus el año pasado, donde el día 15 de septiembre de 2010 sucediera algo similar a lo que sucedió el día 31 de Marzo de 2011.
Es preocupante que este tipo de hechos, que fueron utilizados como pretexto para el ingreso de la fuerza pública, se den un día después que el vicerrector general Martiniano Jaimes Contreras, manifestara ante medios de comunicación local que la “Universidad requiere presencia de policía a su interior”, al igual que la primera declaración que realiza el rector Alberto Uribe Correa, donde rechaza los hechos de violencia presentados, pero en ninguna parte de la declaración hace referencia al abuso del uso de la fuerza realizada por el ESMAD, contra la comunidad académica. Este mismo tipo de señalamientos se han producido en anteriores momentos, como posterior al cierre de la universidad realizado el 15 de septiembre de 2010, donde incluso la administración central rechazó una declaración de la personería de Medellín, que argumentaba que la acción que ese día realizaban los estudiantes era pacifica.
En este contexto no podemos olvidar que desde el año 2009 se dio apertura a un proceso judicial contra dirigentes estudiantiles, luchadores sociales, defensores de derechos humanos de la ciudad, que en diferentes etapas a llevado a la detención de varios compañeros y hoy, dos años después continua abierto. Esto se suma a las declaraciones del general de la policía nacional Oscar Naranjo, el cual manifestó: “Hay una estructura terrorista en protestas universitarias”[1], llevando con esto a la estigmatización, y dando pie para legitimar ante la opinión pública nacional e internacional, la posible detención de una gran cantidad de estudiantes, como lo han manifestado en los medios de comunicación diferentes organismo de seguridad del estado Colombiano.
La situación actual de la educación superior Colombiana es notoriamente preocupante, tanto desde el punto de vista financiero, académicos, como la situación de derechos Humanos que allí se vive.
La situación anterior es transversal al anuncio del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el día 11 de Marzo de 2011, donde presentó una propuesta de reforma integrar a la ley 30 de 1992, que es la ley general sobre educación superior en nuestro país. Esta reforma pretende entregar el futuro del desarrollo académico y científico a las necesidades del sector productivo, y es violatoria de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la constitución política Colombiana.
Ante el enorme rechazo a la propuesta de reforma, por parte de estudiantes, trabajadores, profesores, consejos académicos y rectores, donde se empiezan a agitar grandes movilizaciones como la que se realizará el 07 de Abril, y las del segundo semestre del año 2011, la respuesta del gobierno nacional es continuar con un proceso sistemático de señalamiento y persecución contra la comunidad académica, y esto se puede ver en la forma como todos los medios de comunicación registran las noticias producidas en manifestaciones de los días 30 y 31 de Marzo de 2011.
Por todo lo anterior responsabilizamos al gobierno nacional, al gobierno departamental en cabeza de Luis Alfredo Ramos Botero, al General de la Policía Nacional Oscar Naranjo, a las directivas universitarias en cabeza de Alberto Uribe Correa, por la violación de derechos humanos que padece hoy la Universidad de Antioquia, y por las vulneraciones al derecho a la vida, a la libertad de expresión e integridad de cualquier miembro de la comunidad académica que se puedan presentar fruto de lo que hoy ocurre.
Solicitamos a las organizaciones hermanas y amigas, manifestarse sobre la situación actual del alma mater, y realizar un permanente proceso de vigilancia sobre nuestra situación, ya que no sería extraño que en días posteriores se presentes asesinatos o ordenes de captura, como media para amedrentar al movimiento que hoy se pelea el futuro de la Educación superior en Colombia.
“La solidaridad es la ternura de los Pueblos”
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