Se llevó a cabo en la sede de ATE Capital la conferencia de prensa de los Equipos de Supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la Disposición Nº 15 DGEGE/12, que intenta cerrar grados y cursos “atentando gravemente a la educación pública y representando un avance de lo privado sobre lo público”, resaltaron los directivos.
Con un salón repleto de trabajadores de la educación informaron que el cierre “no es una salida a la problemática educativa y amerita la consideración de la medida no como una salida administrativa a una situación aislada de un grado o escuela, sino como una respuesta política del Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. El Pronunciamiento en defensa de la Escuela Pública se consideró “histórico” por parte de los equipos de supervisores de educación primaria, del área curricular de materias especiales y de bibliotecas.
Estuvieron presentes en el panel principal por ATE Capital, Humberto Rodríguez, secretario Adjunto; Silvia Bergalio, secretaria de Formación; Héctor Llano, secretario de Finanzas; Analía Lucero, secretaria de Comunicación y Virginia González, secretaria de Actas junto al supervisor escolar del distrito 5, Gustavo Senn, Gladys Publice del distrito 9 y 10 y Norberto Ares del distrito 11 y la Junta Interna de ATE Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.
Contó además con la presencia del sindicato docente SEDEBA; Carlos Oroz, secretario General de ADEMyS; Laura Marrone, secretaria de Educación de ADEMyS; Ana Ríos, secretaria Gremial; Rubén Berquier, prosecretario Gremial de UTE; Dora Martínez, secretaria de Organización de la CTA Capital; Alejandra Bonato, secretaria de Género y vocal de junta primaria; Angélica Graciano, de SEDEBA; la legisladora Laura García Tuñon; Graciela Muñiz, adjunta Defensoría del Pueblo y el diputado Alejandro Bodart.
Avance de lo privado sobre lo público
Al principio de la conferencia Rodríguez, advirtió que “el avance sobre lo público es avasallarnos como trabajadores, avasallarnos como ciudadanos. Desde ATE queremos hacer un aporte porque venimos haciendo una lucha fuerte contra el avance de lo privado sobre lo público en los hospitales, en los centros de salud, en el área de niñez, desarrollo social y espacios públicos”.
Los Equipos de Supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron que “tomaron conocimiento de la disposición el 1 de marzo por canales informales, sin que mediare consulta previa alguna. El desconocimiento del contenido con la debida antelación, impidió brindar opinión contextualizada de cada distrito, en procura de realizar las acciones superadoras que podrían haber evitado la actual situación de conflicto y tensión a que se ven sometidos supervisores, directivos y maestros de los distritos escolares. El procedimiento adoptado produjo un enfrentamiento innecesario en el seno de las comunidades educativas”.
En el pronunciamiento también aclaran que “desde nuestra visión y análisis de la situación educativa, las escuelas con reducción de matrícula están afectadas por el crecimiento de escuelas privadas subvencionadas por el Estado en su radio de influencia inmediata. Al mismo tiempo existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas y escuelas para resolver la faltante de vacantes en la zona sur cuyo problema lleva ya varios años a partir de la conocida urbanización de nuevas zonas y crecimiento de otras ya existentes”.
“El cierre no es solución de nada”
Indicaron los especialistas de la educación en la conferencia de prensa, “la disposición está basada en un decreto de 1990 que establece un ordenamiento numérico pero no fija criterios pedagógicos. Y así como ahora cierran cursos, existe el temor de que en el futuro puedan cerrar escuelas”. El pronunciamiento cuenta con un total de 44 firmas de supervisores de educación primaria y de materias especiales y bibliotecas y cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa y numerosas organizaciones sociales.
Asimismo en el documento que hicieron público, propusieron la conformación de una comisión integrada por miembros de la comunidad educativa, legisladores y funcionarios, “a fin de realizar un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”.
Con un salón repleto de trabajadores de la educación informaron que el cierre “no es una salida a la problemática educativa y amerita la consideración de la medida no como una salida administrativa a una situación aislada de un grado o escuela, sino como una respuesta política del Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. El Pronunciamiento en defensa de la Escuela Pública se consideró “histórico” por parte de los equipos de supervisores de educación primaria, del área curricular de materias especiales y de bibliotecas.
Estuvieron presentes en el panel principal por ATE Capital, Humberto Rodríguez, secretario Adjunto; Silvia Bergalio, secretaria de Formación; Héctor Llano, secretario de Finanzas; Analía Lucero, secretaria de Comunicación y Virginia González, secretaria de Actas junto al supervisor escolar del distrito 5, Gustavo Senn, Gladys Publice del distrito 9 y 10 y Norberto Ares del distrito 11 y la Junta Interna de ATE Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.
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Avance de lo privado sobre lo público
Al principio de la conferencia Rodríguez, advirtió que “el avance sobre lo público es avasallarnos como trabajadores, avasallarnos como ciudadanos. Desde ATE queremos hacer un aporte porque venimos haciendo una lucha fuerte contra el avance de lo privado sobre lo público en los hospitales, en los centros de salud, en el área de niñez, desarrollo social y espacios públicos”.
Los Equipos de Supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron que “tomaron conocimiento de la disposición el 1 de marzo por canales informales, sin que mediare consulta previa alguna. El desconocimiento del contenido con la debida antelación, impidió brindar opinión contextualizada de cada distrito, en procura de realizar las acciones superadoras que podrían haber evitado la actual situación de conflicto y tensión a que se ven sometidos supervisores, directivos y maestros de los distritos escolares. El procedimiento adoptado produjo un enfrentamiento innecesario en el seno de las comunidades educativas”.
En el pronunciamiento también aclaran que “desde nuestra visión y análisis de la situación educativa, las escuelas con reducción de matrícula están afectadas por el crecimiento de escuelas privadas subvencionadas por el Estado en su radio de influencia inmediata. Al mismo tiempo existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas y escuelas para resolver la faltante de vacantes en la zona sur cuyo problema lleva ya varios años a partir de la conocida urbanización de nuevas zonas y crecimiento de otras ya existentes”.
“El cierre no es solución de nada”
Indicaron los especialistas de la educación en la conferencia de prensa, “la disposición está basada en un decreto de 1990 que establece un ordenamiento numérico pero no fija criterios pedagógicos. Y así como ahora cierran cursos, existe el temor de que en el futuro puedan cerrar escuelas”. El pronunciamiento cuenta con un total de 44 firmas de supervisores de educación primaria y de materias especiales y bibliotecas y cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa y numerosas organizaciones sociales.
Asimismo en el documento que hicieron público, propusieron la conformación de una comisión integrada por miembros de la comunidad educativa, legisladores y funcionarios, “a fin de realizar un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”.
Fuente: Argenpress
