Grave preocupación ronda a la Universidad Cooperativa de Colombia, donde por medio de una "reestructuración" se vienen cometiendo una serie de atropellos a la comunidad universitaria, que van desde persecuciones políticas hasta despidos laborales y una amenaza de cierre de Facultad; donde el mayor interesado en el hecho, el rector Cesar Pérez García, está implicado por presuntos nexos con el paramilitarismo. Conozca el manifiesto estudiantil de la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Sociología UCC:
SABE USTED ¿HACIA DÓNDE VA LA U.C.C?
La Universidad Cooperativa de Colombia, proyecta una imagen corporativa, que declara un oficialmente un espíritu social y solidario, que para nada se relaciona con su actual práctica movida por el afán de ánimo de lucro, que en la prestación de un servicio público que como la educación superior, profesional, profesional especializada, técnica, tecnológica, no es lo permitido, menos si todo está en manos de una familia y sus dinastías genealógicas, que se disputan el control interno del negocio y la redistribución de las multimillonarias ganancias.
Ganancias estas que por supuesto son el resultado del alto costo de matrículas que pagamos los estudiantes y del modelo de contratación laboral flexibilizado y precarizado, que la empresa UCC, mantuvo por años mediante “contratos basura”, que impuso a profesores y administrativos mediante la llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado Comuna, eludiendo el pago correcto de prestaciones sociales y seguridad social. Estas modalidades llamadas de tercerización laboral, han sido cuestionadas y prohibidas por sentencias de la Corte Constitucional, Ministerio de Trabajo y Procuraduría General de la Nación, siendo ya muchas organizaciones empresariales particulares sancionadas por violar los términos de la legislación laboral al respecto. Esto apenas si se estaba aparentemente corrigiendo, cuando se dedicaron a promover la sobrecarga laboral, rompiendo con los estándares de calidad (profesores de contratos de 4 meses y más de 7 asignaturas) anulando tiempo para preparación de clases, tutorías e investigación.
Esta forma de administrar a la Universidad, atenta contra la calidad de los procesos académicos, entre otras cosas porque si realmente funcionara como una empresa solidaria y cooperativa, los excedentes logrados en cada ejercicio anual, deberían ser reinvertidos en la Universidad y redistribuidos en beneficio de la comunidad estudiantil y no concentrados y centralizados en las cuentas personales de la familia “dueña” de la UCC y de sus allegados.
Por lo tanto la situación que se cierne sobre la UCC es de alto riesgo, peligrando la estabilidad administrativa, financiera y académica de varias de las Facultades, que han sido “reestructuradas”, es decir a las cuales les han sido despedidos (disfrazándolo de no recontratación) centenares de sus docentes, muchos de reconocida trayectoria y profesionalismo, y por otro lado redoblando la carga académica en quienes han decidido dejar, sobre la base de entronizar el silenciamiento al derecho de libre cátedra, constriñendo el principio elemental de crítica en el aula universitaria.
Es lo que nos ha pasado en la Facultad de Sociología, en donde a la fecha de hoy (14 de agosto de 2012), no hemos podido dar inicio normal a las clases, por cuanto la planta de personal fue desmembrada, apareciendo desde hace semanas la programación en el Timonel de asignaturas pero en la práctica sin docentes de planta, sin que se vislumbre voluntad de la administración para dar la cara y resolver tales situaciones, mientras que en promedio debimos pagar $2.000.000 por estudiante, para que ahora seamos conculcados en nuestros derechos. La administración de la Universidad incurre en un abuso de confianza, incumplimiento, defraudación económica con el estudiantado, al recaudar vía bancaria el valor de las matrículas e incumplir con sus responsabilidades contractuales.
Finalmente debemos expresar, que a este panorama se suma la sistemática campaña de desprestigio adelantada por varios medios de información, relacionada con el juicio que la Corte Suprema de Justicia le sigue al doctor Cesar Pérez García, rector benemérito de la UCC, ex parlamentario y político antioqueño, implicado por presuntos nexos con el paramilitarismo y hechos que condujeron a la masacre de 44 personas en Segovia, Antioquia el 11 de noviembre de 1988, y que han permiten que se involucre a la UCC como empresa del doctor Pérez García y de sus familiares.
Los intereses económicos en el escenario del TLC, las aspiraciones de grupos económicos nacionales y transnacionales de invertir en el campo de la educación colombiana, con beneficio a su modelo de competitividad y competencias, los lesivos hechos señalados en la forma como se administra la UCC, deben ser motivo de reflexión, crítica y movilización de los estudiantes y docentes, porque la estabilidad de la UCC está cada vez más amenazada, por lo que nos preocupa que eventualmente puede ser intervenida y sancionada como aconteció, en el gobierno de Andrés Pastrana con la Universidad Antonio Nariño por lo que los estudiantes desde primer a último semestre, seríamos trasladados a otros centros universitarios, veríamos alterados completamente nuestros procesos curriculares y académicos, como nuestros proyectos personales de vida. Los profesores serían, como ya se viene haciendo arbitrariamente despedidos o sometidos a la violación de sus derechos fundamentales.
La solidaridad con los profesores exige la solidaridad entre ellos, con ellos y con quienes han sido despedidos, exigiendo su reintegro, la negociación de su pliego de peticiones, que tan solo pide contrato de trabajo, para que ellos con estabilidad laboral y unas condiciones decentes de trabajo, nos suministren a los estudiantes el conocimiento y calidad de enseñanza que merecemos y exigimos como un derecho incorporado en el reglamento estudiantil.
ASOCIACIÓN CONSEJO DE Estudiantes DE SOCIOLOGÍA UCC
Asamblea Estudiantil De La Facultad De Sociología UCC
