Foto: momento en que Santos da su discurso
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
“No significa privatizar, significa invertir” Juan Manuel Santos Calderon
Con esta frase el presidente de la república Juan Manuel Santos hizo publico el ínteres por inyectarle recursos privados a las universidades públicas, a su vez, enfatizo en afirmar que “La educación pública –si quiere ser competitiva– no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada”. Bajo esta misma iniciativa el presidente anuncio el fortalecimiento del ICETEX como estrategia para el sector educativo, donde se cree un fondo que permita a los estudiantes el pago diferido de los creditos subsidiados despues de graduarse. Dicho fondo seria financiado por las instituciones de educación superior que, dada la propuesta, podrían ser con animo de lucro.
Reproducimos a continuación las palabras del señor Juan Manuel Santos Calderón sobre la reforma a la ley 30.
Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del Proyecto de Reforma de la Educación Superior
Bogotá, 10 mar (SIG). “En 18 años todo cambia. Nada es igual. Recuerden cómo era Colombia hace 18 años, con unas realidades económicas y de seguridad, muy distintas a las actuales. Ahora somos parte de ese grupo de países que proyectan mayor crecimiento para los próximos 10 años, que se denominan los CIVETS, además de que el Banco HSBC nos ubicó dentro de las 30 economías más grandes del mundo para el año 2050. Estando en un país y un mundo en permanente evolución, es una necesidad –un deber– no sólo adaptarse a los cambios, sino también estar siempre un paso adelante de ellos. Ustedes –señores rectores– saben bien cómo han avanzado sus universidades en el mismo periodo de tiempo, no sólo en cuanto a infraestructura y número de estudiantes, sino también en exigencia académica y en la flexibilidad de sus programas, en la acreditación. Hace 18 años yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, antes estaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andres, con el doctor Angulo –que aquí está presente- y hoy es un mundo muy diferente y una universidad muy diferente. Allá me acuerdo cómo analizábamos y cómo se tomaron decisiones que trascendieron muchísimo en la calidad de la universidad y que también después vimos cómo evolucionó el país. Y fue hace algo más de 18 años cuando –apenas un año después de haberse expedido la Constitución de 1991– se promulgó la Ley 30 sobre el servicio público de la Educación Superior. Esta ley –sin duda–ha permitido el desarrollo de la educación superior que hoy tenemos, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue elaborada para unos desafíos distintos a los actuales. En las últimas dos décadas se masificó Internet, y ahora las tecnologías de la información son parte esencial de la vida de quienes ingresan hoy a la Educación Superior. Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación. Pero al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes: En los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron. En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito. Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo. De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años, allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional. Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992 –con los beneficios que trajo en su momento– no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante. Si de veras queremos dar el salto al desarrollo, ser la promesa cumplida de los CIVETS o hacer realidad los pronósticos del Banco HSBC, necesitamos un sistema de Educación Superior acorde con nuestras realidades, con nuestras metas y con el mundo de hoy. De hecho, para ingresar a la OCDE –esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando–, debemos mostrar, por ejemplo, mejores indicadores en cuanto a formación académica. Hemos venido mejorando en educación básica, llegando a un buen nivel de cobertura de casi el 100% -y eso hay que abonárselo al gobierno del (ex) Presidente Uribe, ahí se hizo un esfuerzo realmente importante- y trabajamos duro para subir la cobertura de la educación media. Creemos, además, en nuestro gobierno, que la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática. Por eso estamos decididos a trabajar en este cuatrienio con énfasis en un objetivo inaplazable –eso con la Ministra lo hemos discutido muchísimas veces- le he dicho que hay que adoptar ese mantra: la calidad educativa, manteniendo y mejorando los niveles de cobertura. Pero también debemos trabajar para que esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino. No podemos conformarnos con este cuello de botella. No es posible que el país y las familias se esfuercen por graduar a sus jóvenes como bachilleres, para luego dejarlos sin mayores oportunidades. Sé que es un reto difícil, un reto que tenemos, y que espero, podamos cumplir. Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior que garanticen excelente calidad y acceso a los jóvenes pobres. En la campaña recorrí mucho este país, y tal vez de los momentos donde la gente más respondía era a la oferta de romper ese cuello de botella. Ustedes vieron a las madres de Familias en Acción. Todas las madres lo que le dicen a uno hoy es: ‘Por favor Presidente, déle oportunidades a mis hijos para que después de graduarse del colegio –después de mucho esfuerzo- puedan continuar con su educación superior’. Y ese cuello de botella, además, tiene un ingrediente que agrava el problema y es que la educación del bachillerato no es una educación para el trabajo. La persona que no puede continuar la educación superior no sabe trabajar, y por eso entran a engrosar las filas del desempleo, a engrosar las filas de las bandas criminales, del narcotráfico, de la violencia. Por difícil que parezca, es un desafío que no podemos aplazar. Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación, la Ministra y todo su equipo consultó muchos estudios e hizo muchas investigaciones a nivel nacional. También revisaron experiencias internacionales sobre cobertura, sobre calidad, sobre internacionalización, sobre equidad y sobre el posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales. Pero no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos. Ustedes están acá, como representantes de la Educación, porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales. Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familias. Queremos escuchar al sector productivo, y que hablen también los jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y sus padres. También queremos conocer la experiencia internacional, para lo cual el Ministerio organizará en abril un foro Internacional con invitados de primer orden, que compartirán las lecciones aprendidas en sus países. La idea es que –de la mano de todos ustedes– presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático. Porque una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública. Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquece la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior. El objetivo es sembrar y cultivar una generación productiva, jóvenes que reciban conocimientos y competencias útiles, de acuerdo a lo que demandan los sectores público y privado. En Colombia –por ejemplo– el 65 por ciento de la educación superior es universitaria y el 35 por ciento es técnica. Esa proporción es a la inversa en países desarrollados, y nosotros quisiéramos al menos dejar al final de este gobierno esa relación en 55-45, avanzando hacia una situación ideal de paridad. El propósito es tener más colombianos que –además de tener una formación académica de calidad– ingresen exitosamente al mercado laboral o inicien sus propios emprendimientos. También, buscamos consolidar una educación sintonizada con la realidad del país y con las tendencias internacionales. Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y –más aún– fortalece el principio de autonomía universitaria. No vamos a debilitar ese principio, y en eso tienen mi palabra. Hecha esa aclaración, quiero contarles los cuatro objetivos de este proyecto de ley, que estamos poniendo a su consideración. El primero –ya lo he dicho– es promover mayor calidad. Planteamos incentivos a la buena calidad y a procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación. Precisamente, el 10 por ciento de las regalías –según la reforma que está en trámite en el Congreso– será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología. Desde hoy los invito, señores rectores, a pensar en proyectos de ciencia y tecnología que fortalezcan la investigación y la innovación de sus instituciones e impacten el desarrollo regional. El segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior. Para esto se necesita plata –y mucha–. Albert Einstein dijo alguna vez: “Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia”. Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector. Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional. Es decir, además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012; un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño. También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas. La educación pública –si quiere ser competitiva– no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso –que quede claro– no significa privatizar, sino invertir. Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca –simple y llanamente– que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública –y en alianza con ella–, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante. ¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación. Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o –para no ir muy lejos– en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil. Y para las instituciones privadas también tenemos una propuesta: mayor inversión. A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas. Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Brasil es un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura: ¡En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6 millones!, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro. Estas instituciones –además– aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres. Hoy nuestro Ministerio de Hacienda y la DIAN estudian la viabilidad de un esquema similar, para que las instituciones con ánimo de lucro reciban beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex. Otro ejemplo es Corea: allí financian la demanda mediante un sistema de crédito –otorgado por el sector financiero con garantía parcial del Estado–, además de ofrecer estímulos y exenciones tributarias a las instituciones de educación con ánimo de lucro. En la misma China, bajo un régimen comunista, se ha pasado de dos millones de estudiantes a 26 millones en menos de 20 años, con una oferta privada –en los últimos 10 años– que alcanza al 20 por ciento de los estudiantes. En Colombia tenemos que entender, de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública, mientras otros países crean millones de cupos, mejoran su calidad y nos adelantan en la carrera de la competitividad. De acuerdo con nuestra propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años. Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1’600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior, a 2’200.000 estudiantes recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014. ¡Un aumento del 37 por ciento! El proyecto de ley también fortalece al ICETEX. Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos –promoviendo su permanencia– y destina recursos para mantener los subsidios de matrícula. Este fondo también permitiría un pago diferido de los créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de tal manera que los estudiantes comiencen a pagarlos cuando se gradúen, cuando se vinculen al mercado laboral y superen un umbral mínimo de ingreso. Durante nuestra campaña insistimos mucho en que íbamos a dar prioridad a este sistema de becas-crédito del Icetex, y me complace muchísimo decir que lo estamos haciendo, porque eso va a romper el cuello de botella del que estábamos hablando. Precisamente, hace algo más de un mes, en el Foro que convocó el Partido de la U sobre el tema de la educación –en el que siempre ha mantenido una importante iniciativa– nos comprometimos a trabajar para que los intereses sean cada vez más bajos y para hacer del sistema de becas-crédito una herramienta para aumentar la cobertura y estimular el buen rendimiento académico. Y no se quedó en palabras este compromiso ¡Ya comenzamos! Como muchos de ustedes saben, redujimos la tasa de interés –del 16 por ciento al 4 por ciento anual en época de estudio– y determinamos condonar el 25 por ciento de la deuda para graduados del Sisbén 1 y 2. Hoy proponemos –además– ampliar la condonación hasta un ciento por ciento a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en la pruebas SABER-PRO. Por otra parte, las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER, con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías. Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. Es decir, la educación superior debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la OCDE. En el plano regional servirá para la distribución de recursos adicionales y escalonados de cada año –como les comenté antes–. Proponemos crear Comités Departamentales de Educación Superior –con la participación de las Secretarias de Educación– como instancias de coordinación a nivel regional. Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan. En el plano de la internacionalización, nuestra propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas. También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países. Como cuarto y último objetivo, el proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno. Con él buscamos promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública. También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones –tanto del Estado como de la sociedad en general– y las metas alcanzadas con estos recursos. En suma, nuestra propuesta se basa en cuatro pilares: Promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno. Cito siempre una frase del Libertador Simón Bolívar, que nos puede dar una idea del inmenso reto que asumimos hoy, y que no es sólo del Gobierno sino de todo el sector educativo: Decía Bolívar: “Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación”. De manera que los invito, señores rectores, a considerar a fondo esta propuesta que permitirá traer más recursos públicos y privados al sector. Con ellos podremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestros programas, y hacerlos asequibles a más jóvenes. Los profesores tendrán mejores oportunidades de continuar con su formación, de investigar y tener un mayor contacto con los sectores sociales y productivos, a través de las alianzas público-privadas, así como mayor movilidad y posibilidades de trabajo en redes y en grupos internacionales. Invito también a los padres de familia para que trabajemos unidos en esta propuesta que les dará a nuestros hijos una excelente formación, al alcance del bolsillo de todos. Finalmente hago un llamado al sector productivo para que se involucre, como una manera de ser responsables directos de la formación de nuestro recurso humano. La formación de esta generación –y de las siguientes– debe ser un motivo de Unidad Nacional. Se trata de trabajar juntos para darles a los jóvenes un proceso de formación sostenido, sin que tengan que abandonarlo a mitad de camino. Pensemos en esto: hace 8 años se graduaron poco más de 400 mil bachilleres, el año pasado fueron 620 mil y para el 2014 alcanzarán casi 780 mil. A ellos –y a los que vienen cada año–, debemos garantizarles su tránsito por la educación técnica o universitaria. Por eso invito a toda la sociedad a que nos acompañe, con entusiasmo, con determinación, en este camino de reforma de la educación superior. Las nuevas generaciones de estudiantes merecen una nueva Ley de Educación Superior: Una ley que los ayude a formarse en un mundo nuevo, en un mundo del siglo XXI, una ley que les permita –como decía Bolívar– marchar hacia la grandeza personal y hacia la grandeza de nuestra nación. Muchas gracias”. |
