Por: Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la UTP –CEDH UTP
Informamos a la comunidad nacional e internacional sobre los disturbios ocurridos en inmediaciones del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, –en adelante UTP-, en el Departamento de Risaralda, Colombia, el pasado 7 de abril del 2011.
Durante la gran movilización realizada por los universitarios junto con otros sectores sociales del Departamento para protestar contra la Nueva Ley de Educación Superior, el Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas trazadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos, unos policías estaban grabando los asistentes a la movilización[1], lo cual alteró los ánimos entre algunos estudiantes; una compañera del CEDH UTP intervino para que no siguieran filmando y como resultado fue golpeada en su cara por uno de los policías, hechos que nos parecen supremamente reprochables. No obstante, la movilización logró continuar su rumbo de forma tranquila hasta su destino.
Una vez terminada la masiva jornada de movilización hecha en las calles de Pereira, programada nacionalmente por las centrales obreras y sindicales y por el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios, los estudiantes de la UTP se dispersaron por la universidad para descansar y almorzar. No obstante, sin razón aparente, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía –en adelante ESMAD- subió su tanqueta hasta la Universidad, lo cual fue considerado como un acto de agresión y provocación contra los estudiantes, trayendo como consecuencia el inicio de un enfrentamiento.
Una vez más, de forma desproporcionada, el ESMAD ingresó violentamente a la institución, atentando contra la integridad física y psicológica de la comunidad universitaria en su conjunto; nuevamente realizaron detenciones arbitrarias contra estudiantes que no corrieron lo suficientemente rápido o que de forma ingenua pensaron que al no hacer parte de la confrontación no tenían motivos para ser retenidos, como le ocurrió a varios de los estudiantes que están siendo judicializados en estos momentos. De nuevo e infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, la policía cerró todas las rutas de evacuación de la Universidad, dejando atrapados a docentes, trabajadores, administrativos y estudiantes, para capturar a quienes lograban salir del campus huyendo del conflicto.
La policía del ESMAD lanzó gases lacrimógenos por doquier e ingresó a todas las Facultades de la
Universidad, insultando, intimidando, golpeando y deteniendo a cuanto universitario se les atravesó por el camino. Igualmente, el ESMAD lanzó proyectiles de goma AM-404/12E marca CONDOR, a quemarropa contra los estudiantes que corrían, causándoles heridas en varias partes de su cuerpo, incluyendo sus caras, lo cual afortunadamente no causó una tragedia mayor, pues según las especificaciones encontradas en Internet de estos artefactos “El disparo debe ser hecho dirigiendo el arma para las piernas de los infractores de la ley. No disparar contra la cabeza y el bajo vientre. El disparo no debe ser realizado a distancias inferiores a 20 m. (…) Este producto solo puede ser utilizado por personas legalmente habilitadas y entrenadas. Si se usa de forma inadecuada, puede causar grave lesión o la muerte e incluso provocar daños al patrimonio y al medio ambiente.”[2]
Universidad, insultando, intimidando, golpeando y deteniendo a cuanto universitario se les atravesó por el camino. Igualmente, el ESMAD lanzó proyectiles de goma AM-404/12E marca CONDOR, a quemarropa contra los estudiantes que corrían, causándoles heridas en varias partes de su cuerpo, incluyendo sus caras, lo cual afortunadamente no causó una tragedia mayor, pues según las especificaciones encontradas en Internet de estos artefactos “El disparo debe ser hecho dirigiendo el arma para las piernas de los infractores de la ley. No disparar contra la cabeza y el bajo vientre. El disparo no debe ser realizado a distancias inferiores a 20 m. (…) Este producto solo puede ser utilizado por personas legalmente habilitadas y entrenadas. Si se usa de forma inadecuada, puede causar grave lesión o la muerte e incluso provocar daños al patrimonio y al medio ambiente.”[2]De igual manera, según estándares internacionales, los gases lacrimógenos deben dispararse a 45° para que puedan hacer un movimiento parabólico, en lugar de impactar directamente al cuerpo, pues su uso está restringido a la dispersión de los manifestantes y no a la agresión física. A pesar de ello, el ESMAD también dispara los gases a quemarropa contra los estudiantes, causándoles lesiones físicas de consideración.
Dadas estas circunstancias, decidimos intervenir para mediar en el conflicto, permitir que los heridos fueran atendidos, evacuar de forma segura a la comunidad universitaria y gestionar que las compañeras y compañeros detenidos fueran liberados rápidamente. Nuestra inexperiencia en algunas de estas lides originó que al principio hubiera desorden y que estuviéramos desarticulados y con poca comunicación entre nosotros mismos, así que procedimos a actuar como bloque y mejoró la situación. Aún portando chalecos institucionales que nos identificaban, el ESMAD golpeó y lesionó a uno de nuestros compañeros, según ellos porque “estaba haciendo mala cara” y además por tener un abrigo negro dentro de su maletín, el cual según ellos era para taparse el rostro, lo cual era evidentemente falso.
El ESMAD fue reticente a nuestra presencia: nos gritaron, nos amedrentaron con una granada de aturdimiento, pero luego de mucho insistir sobre quiénes éramos, y aclararles que también pertenecemos a la Mesa Institucional de DDHH de la UTP –MIDDHH UTP- creada mediante Resolución de Rectoría Nº 1568 de 2010[3], nos dejaron seguir nuestro camino para atender a los estudiantes que allí se encontraban y garantizar su salida segura de la Universidad.
El saldo de este “tropel” o enfrentamiento con la policía dejó cuatro heridos reportados, aunque la cifra es mayor porque no todos buscaron atención médica a través de la universidad. Además, según informó el Defensor del Pueblo, retuvieron 17 estudiantes, 10 de los cuales fueron llevados directamente a la Fiscalía, quedando reseñados; a los demás los retuvieron en la mal llamada Unidad de Protección a la Vida –UPV-. Según versiones extraoficiales entregadas por un compañero que fue retenido, en realidad fueron 35 estudiantes, no 17. Todos los estudiantes retenidos fueron liberados el mismo día, exceptuando a cinco que tuvieron que pasar la noche en la Unidad de Reacción Inmediata –URI de la Fiscalía-; estos cinco están siendo judicializados injustamente por el delito de Asonada; es factible que les imputen más cargos. Además, denunciamos que la policía obligó a que los estudiantes retenidos en la URI se encapucharan, es decir, que se cubrieran sus rostros con sus abrigos para luego tomarles fotos y grabarlos.
Nosotros fuimos testigos de muchas de las retenciones y pudimos observar que los retenidos ni siquiera tenían sus rostros cubiertos; igualmente nos enteramos que varios de los estudiantes que se llevó la policía ni siquiera estaban cerca de la universidad; su único crimen fue haber corrido más despacio, tomar una ruta de evacuación equivocada o simplemente, ser estudiante universitario. ¿Por qué habríamos de creer que los cinco estudiantes que están siendo judicializados fueron retenidos en circunstancias diferentes? Estamos siendo víctimas de persecución política por parte del Estado, pues tan solo una semana antes, el Presidente Santos ordenó judicializar a todos los estudiantes universitarios que protagonizaran disturbios; posteriormente el Director del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- reportó irresponsablemente que la movilización del 7 de abril estaría infiltrada por la guerrilla; en otras palabras, crearon un ambiente propicio para hacer una cacería de brujas contra el movimiento universitario.
Consideramos que la universidad no puede quedarse sin dios y sin ley cuando ocurren enfrentamientos con la policía; las Directivas Universitarias deben permanecer en el campus y la MIDDHH debe activarse inmediatamente, coordinar tareas y mediar para paliar el conflicto e incluso intervenir como lo hizo valientemente el Señor Vicerrector de Investigación y Extensión, Doctor Germán López Quintero, quien le exigió al ESMAD que se retirara del campus y no agrediera más a la comunidad universitaria. El Señor Luis Enrique Arango, Rector de la UTP, debe entender de una buena vez que sobre sus hombros recaerá la responsabilidad de cualquier tragedia que ocurra en la universidad, porque él es el representante legal de la misma; luego, no puede permitir que el ESMAD siga ingresando a la Universidad Tecnológica de Pereira sin control ni límite alguno.
Nuevamente llamamos a la sensatez a las Directivas Universitarias, pues no es justo ni humano que obliguen a los trabajadores a permanecer en los edificios de la universidad donde hay conflicto o a desplazarse a otros lados y esperar para que cuando se retire la policía hagan el aseo de los salones, pues el efecto de los gases lacrimógenos no desaparece rápidamente; someterlos a este trato es degradante y atenta contra la salud de quienes laboran en la universidad. Proteger la vida y la seguridad de los trabajadores, como de cualquier otra persona, debe ser una prioridad; la comunidad universitaria no puede seguir en riesgo.
Consideramos que la policía del ESMAD no debería sacar corriendo a la comunidad universitaria del campus, teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones y destrozos al interior de la UTP son causados regularmente por parte de la fuerza pública y no por los estudiantes, trabajadores y docentes; además porque evacuar la universidad se ha convertido en un peligro para los estudiantes, pues la policía aprovecha la oportunidad para retener incautos y presentar supuestos resultados de su eficiencia. No somos, pues, nosotros quienes debemos irnos de la universidad sino la policía. En ese sentido, hacemos un llamado para que las directivas, trabajadores, docentes y estudiantes superen el miedo y ejerzan la resistencia civil contra la presencia del ESMAD en nuestra universidad y de forma tranquila, siguiendo el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Antioquia[4], logremos expulsar a la fuerza pública del campus universitario, sin que necesariamente se tenga que acudir a la violencia.
Existen ciertos rumores dentro de la comunidad universitaria de que las Directivas pretenden acabar con la existencia de la MIDDHH UTP; consideramos que los estudiantes, trabajadores y docentes deben cerrar filas para impedir que ello ocurra y por el contrario propugnar por el fortalecimiento de este espacio institucional, contribuyendo así a la creación de una cultura de Derechos Humanos en la Universidad. Igualmente, consideramos prudente que los integrantes de la MIDDHH puedan portar chalecos distintivos, radioteléfonos y de ser necesario, estar carnetizados.
Durante la confrontación procedimos a llamar al Defensor del Pueblo, quien tenía su celular apagado, por lo que nos vimos obligados a llamar a la oficina de la Defensoría donde nos respondieron que ellos no estaban para solucionar problemas de orden público y que por lo tanto debíamos acudir a la policía, lo cual es absurdo porque era la misma policía la que estaba generando los desmanes. Nuestra llamada era para solicitar una comisión que mediara en el enfrentamiento y velara por el respeto a los Derechos Humanos de quienes estábamos siendo agredidos. La comunicación con la Defensoría se logró a través del Concejal del Polo, el compañero Fernando Arias y de la Procuraduría.
La labor de Derechos Humanos que realizamos se hizo de forma coordinada con el encargado de DDHH del Sindicato de Trabajadores, SINTRAUNICOL Pereira, también integrante de la MIDDHH UTP, con el Comité Permanente de Derechos Humanos –CPDH Risaralda-, con compañeros de SINTRAEMSDES Pereira, y con compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT Risaralda-; gracias a esto logramos atender heridos y estudiantes, trabajadores y docentes que se vieron afectados por los gases lacrimógenos, colaboramos con la evacuación segura de algunos miembros de la comunidad universitaria y gestionamos la liberación de todas las y los retenidos. Quedamos altamente agradecidos(as) por la ayuda y asesoría recibidas.
Dados los sucesos denunciados, exigimos lo siguiente a las autoridades regionales y nacionales:
1. En consonancia con la Declaración Política del ENEU[5], el desmonte inmediato del ESMAD.
2. Que la fuerza pública no vuelva a ingresar al campus porque los conflictos universitarios se resuelven entre universitarios.
3. Que la MIDDHH UTP cree un protocolo de DDHH para que podamos prevenir, intervenir y mediar en los conflictos universitarios.
4. Que las autoridades civiles y la fuerza pública respeten nuestra labor como defensores de Derechos Humanos.
5. Que se anulen los procesos de judicialización contra Francisco Javier Gómez, Camilo Perdomo, David Santiago Vargas, Iván Santiago Quiroga y Alejandro Vallejo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Finalmente, apelamos a la solidaridad de las organizaciones sociales, sindicales, universitarias y de DDHH, nacionales e internacionales, para que por favor se pronuncien rechazando la incursión violenta de la policía a nuestro campus universitario e igualmente, nos ayuden a exigir la nulidad de los procesos judiciales contra nuestros compañeros de estudio.
Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la UTP –CEDH UTP-
Pereira, Risaralda – Colombia
Abril de 2011
