Camila Vallejo, presidenta FECH
Foto: Univisión
En las últimas cinco semanas Chile se ha visto impactado por una serie de movilizaciones sociales, estudiantiles y de otros sectores de la ciudadanía. Las tomas de los colegios secundarios continúan así mismo las movilizaciones de los estudiantes universitarios que han rechazado las últimas propuestas del gobierno.
Todas esta movilizaciones indican una fatiga clara del modelo económico y sobretodo una carencia de conducción política de los partidos más representativos del sistema político chileno que aún funciona con la estructura de representatividad heredada de la dictadura. En este sentido, Chile refleja una falsa estabilidad política que se manifiesta por el desapego de una gran parte de la población a las dos coaliciones que han gobernado en los últimos 37 años a partir del golpe de estado. Si cualquiera pudiera pretender de que Chile es el modelo político a seguir, estaría profundamente equivocado porque el país navega políticamente en la incertidumbre por el rechazo de la gente a sus partidos especialmente a los que han diseñado y mantenido al actual sistema.
Sin embargo hay que decirlo sin ambages también, eso no significa que la población rechaza al actual sistema y opta por otro. Existe un área gris que está insuficientemente investigada en términos sociológicos, respecto a la conducta política del chileno actual. Se detecta por las palpaciones que uno hace en diversas formas, que hay una fatiga generalizada hacia cómo se está gobernando el país y en las esferas del gobierno de derecha existe una alta preocupación de que la administración se le está yendo de las manos.
En esencia se observa una falta de manejo político en el gobierno. En la misma alianza de derecha que lo respalda, existe una suerte de desconfianza en la propia institucionalidad. Es natural, este síndrome resulta porque la mayor parte de los líderes y miembros clave de la alianza política que lo sustenta, proviene del gobierno militar de las décadas de los años 70 y 80, o son adherentes a ese régimen con una profunda convicción de derecha anti izquierdismo.
Antes de que el país se desordene más, y la institucionalidad pudiera entrar en una fase de mayor fragilidad, era indispensable contener la efervescencia social. Era demasiado temerario aceptar estudiantes demandando reformas constitucionales – la madre de todas las batallas. Todavía más, era inaceptable que Camila Vallejos afiliada al Partido Comunista, pudiera emerger como líder en un área como la política que exhibe mucha aridez y opacidad por carecer de líderes.
Es así que las últimas negociaciones entre el gobierno y el CRUCH o el consejo de rectores de las universidades chilenas, refleja un regreso a las políticas de los consensos que caracterizó a los gobiernos de la Concertación. Esto no es una buena señal porque los resultados están a la vista. Hay un sistema político desacreditado y una erosión de auténticas políticas públicas.
Una buena parte de la conciencia nacional sigue suspendida en el caballito de batalla que es el ajuste estructural a la economía de los años 80, con su eje de privatización hasta la última gota de capital estatal, mercantilización a ultranza, desregulación desmedida, y apertura indiscriminada de los mercados. Este es el nido del actual sistema educativo chileno.
Ha sido extremadamente difícil para el ethos nacional desprenderse de esa lógica que ha predominado en la política de los consensos, porque al final ésta, en sí misma, dependía de la aceptación de esa lógica. Así debía funcionar la relación entre política y economía y entre economía y sociedad. El marco del debate que se daba entre estas dos relaciones, tenía una determinante fundamental: el modelo económico se analiza pero no se toca.
El debate sobre la educación es la historia del debate truncado sobre el tema mayor. Es así que la inyección de miles de millones de dólares al sistema educativo no resuelve el problema central de la concepción del sistema. Los estudiantes tienen la razón al demandar la estatización de la educación como única forma de resolver el problema central de propiedad, ejercicio y administración. Tampoco se trata de que el Estado financie más, o se haga más cargo del actual sistema. Ni se trata de más o menos libertad de opción. Simplemente el sistema actual demostró su fracaso.
El problema es de si es posible esa estatización y en qué consiste. A menudo un buen análisis no necesariamente puede derivar en una política pública. Y lo observado en el debate sobre el sistema educativo así lo demuestra. El problema reside en la posibilidad efectiva de formular una política pública. Como que bajo las actuales condicionantes del sistema económico la suerte estuviera echada, y de allí el regreso de los consensos.
El referente más directo del fenómeno actual se encuentra en los primeros 10 años de gobierno concertacionista, cuando la institucionalidad democrática nueva presentaba las fisuras propias de una sociedad que emerge de una prolongada dictadura militar.
En esos años -1990/1999- el espíritu de reconstrucción nacional se desplazaba con facilidad en el tejido político predominando la necesidad de formar unidad nacional a toda costa. Se practicaba aún a expensas de rectificaciones de todo tipo – políticas, sociales, económicas, culturales- en oposición a las posturas más recalcitrantes de reivindicaciones justificadas provocadas por un gobierno violento y centralizador del poder.
La necesidad de los consensos se dirigía a formar una masa crítica de estabilidad política para consolidar la recuperación de la democracia. La mayor parte de la ciudadanía entró en clave constructiva y sintonizó con la postura de debatir, lejos de la beligerancia.
La frase de “no quedarse anclado en el pasado” conllevaba superar las coordenadas propias de una transición de dictadura a democracia. Ambas nociones se instalaron en el lenguaje cotidiano, tanto del político como del aprendiz a ciudadano que podía ser cualquier chileno medio todavía asustado por el régimen anterior. También, su uso frecuente impedía profundizar el debate.
Era la época de otras perlas dialécticas de la transición como la dicotomía de “complacientes y auto flagelantes”. Todo ocurría bajo la pátina de los consensos políticos, mientras el debate serio sobre los temas serios que se presentan hoy como elementos de crisis, léase educación, salud y desregulación, se escondían literalmente debajo de una alfombra, ni siquiera de origen persa, sino que debajo de un terrenal choapino.
Es así que temas muy trascendentes cayeron en esa estela de rectificaciones bajo consenso político, en una nación que quizás resultó más dañada con la dictadura de lo que hemos podido imaginar. Al respecto, un tópico interesante es la carencia de diagnósticos profundos sobre los efectos de la dictadura militar en una serie de renglones de políticas públicas – o carencia de ellas- que se discuten hoy como aspectos críticos. La lista es larga: energía, medio ambiente, pobreza, regulación, tributación, protección de recursos estratégicos, política exterior. Educación y Salud entre ellos.
Fuente: Argenpress
