Aunque se haya eliminado el inciso que promovía inversión privada con ánimo de lucro del proyecto de reforma, el sector público argumenta que la propuesta continúa siendo inviable.
Foto: El Nuevo Día
El pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos anunció la eliminación del artículo que proponía la inversión con ánimo de lucro en el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de la Educación Superior.
Sin embargo, y aunque mucho se especuló sobre la inconveniencia de que se creara o llegasen universidades con ánimo de lucro al país, pues ponía en entredicho la calidad educativa que se iba a ofertar, la violación a la autonomía universitaria y, sin lugar a duda, el temor a una eventual privatización, el sector de las universidades públicas aún continúa alegando la nocividad que tendría el actual proyecto para la educación superior pública del país.
Sin embargo, y aunque mucho se especuló sobre la inconveniencia de que se creara o llegasen universidades con ánimo de lucro al país, pues ponía en entredicho la calidad educativa que se iba a ofertar, la violación a la autonomía universitaria y, sin lugar a duda, el temor a una eventual privatización, el sector de las universidades públicas aún continúa alegando la nocividad que tendría el actual proyecto para la educación superior pública del país.
Para integrantes de la Universidad del Tolima, el pronunciamiento que hizo Santos de ninguna forma debe tranquilizar al sector, pues la propuesta aún alienta la inversión privada, promueve la autofinanciación a costa de que las familias más desfavorecidas se endeuden, no ofrece alternativas que alienten el desarrollo de una comunidad científica y, a la vez, deja a la deriva los recursos para dotar a los claustros educativos de elementos esenciales para el desarrollo integral del estudiantado.
Para el vicerrector académico de la Universidad del Tolima, Héctor Villarraga, la actual propuesta de reforma de la Ley “tiene unos antecedentes claramente antidemocráticos”, ya que no se consultó a la comunidad académica sobre el alcance del proyecto y la forma en que afectaría a las universidades.
“La reforma a la Ley 30 de 1992 fue un proyecto hecho a espaldas de las universidades. Esto es una gran contradicción del Gobierno, en virtud de que la Constitución Política quiso respetar la autonomía universitaria con la antigua Ley; si las universidades son autónomas, el Estado no puede proceder desconociendo a las mismas. La Constitución estipula que los ciudadanos y las instituciones deben ser consultados con la ley que los pueden afectar”, dijo.
Sostuvo, además, que el inciso de la inversión privada con ánimo de lucro que promovió el Gobierno a principio de año, posee una clara inspiración comercial, basado en el modelo de autofinanciación, de la mercantilización de la educación superior que acaba de fracasar en Chile generando protestas masivas de estudiantes y profesores.
“Lo fundamental que reclamarían las universidades, si se pretendiera reformar la Ley 30 de Educación Superior, es que el Estado responda por la calidad de la educación, es decir, que responda con la planta docente, por la cualificación de esos profesores y por las matrículas, pues este país se ha venido empobreciendo dramáticamente y a las familias les queda más difícil pagar ese costo. Lo que han venido pretendiendo este y los anteriores gobiernos es que los estudiantes se endeuden, paguen costos de matrículas privadas y, al terminar sus estudios, sean unos profesionales totalmente endeudados con unos intereses agobiantes”, puntualizó.
Añadió que haber retirado los artículos de la privatización mediante la intromisión de la figura de las universidades con ánimo de lucro, corresponde a la normatividad del Estado social de derecho que concibe la educación como un derecho fundamental, que debe ser financiada por el Gobierno.
Aún así, para el Vicerrector Académico la propuesta sigue no siendo viable, pues no garantiza las condiciones para que la universidades puedan ejercer la autonomía plenamente, para que las IES tengan plantas académicas adecuadas y para que estudiantes y docentes tengan infraestructuras dignas y condiciones académicas para poder formar estudiantes y profesionales de calidad.
La unión hace la fuerza
“La reforma a la Ley 30 de 1992 fue un proyecto hecho a espaldas de las universidades. Esto es una gran contradicción del Gobierno, en virtud de que la Constitución Política quiso respetar la autonomía universitaria con la antigua Ley; si las universidades son autónomas, el Estado no puede proceder desconociendo a las mismas. La Constitución estipula que los ciudadanos y las instituciones deben ser consultados con la ley que los pueden afectar”, dijo.
Sostuvo, además, que el inciso de la inversión privada con ánimo de lucro que promovió el Gobierno a principio de año, posee una clara inspiración comercial, basado en el modelo de autofinanciación, de la mercantilización de la educación superior que acaba de fracasar en Chile generando protestas masivas de estudiantes y profesores.
“Lo fundamental que reclamarían las universidades, si se pretendiera reformar la Ley 30 de Educación Superior, es que el Estado responda por la calidad de la educación, es decir, que responda con la planta docente, por la cualificación de esos profesores y por las matrículas, pues este país se ha venido empobreciendo dramáticamente y a las familias les queda más difícil pagar ese costo. Lo que han venido pretendiendo este y los anteriores gobiernos es que los estudiantes se endeuden, paguen costos de matrículas privadas y, al terminar sus estudios, sean unos profesionales totalmente endeudados con unos intereses agobiantes”, puntualizó.
Añadió que haber retirado los artículos de la privatización mediante la intromisión de la figura de las universidades con ánimo de lucro, corresponde a la normatividad del Estado social de derecho que concibe la educación como un derecho fundamental, que debe ser financiada por el Gobierno.
Aún así, para el Vicerrector Académico la propuesta sigue no siendo viable, pues no garantiza las condiciones para que la universidades puedan ejercer la autonomía plenamente, para que las IES tengan plantas académicas adecuadas y para que estudiantes y docentes tengan infraestructuras dignas y condiciones académicas para poder formar estudiantes y profesionales de calidad.
La unión hace la fuerza
Para el estudiante de Comunicación Social - Periodismo Andrés Tafur Villarreal, el actual pronunciamiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos responde a totales improvisación y desconocimiento frente al problema educativo que tiene Colombia.
Para él, lo que ha hecho Santos es eliminar el término de ánimo de lucro, que articulaba en oposición a las universidades públicas y privadas, para desmontar todo movimiento o argumento que se hace a la reforma para que sólo las universidades públicas sean las que hagan oposición al Gobierno.
Para Alejandro Maldonado, integrante de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, el pronunciamiento hecho por el Presidente responde a una “demagogia” que busca que el estudiantado colombiano ya no siga luchando por las reivindicaciones propias de un proyecto educativo financiado por el Estado.
“Pretende desmontar la posición de los estudiantes. Creo que a Santos le da miedo que los estudiantes colombianos nos organicemos y de una u otra forma podamos forjar un punto de quiebre que luche por reivindicaciones de financiación, garantías de bienestar universitario, calidad académica, respeto para las libertades democráticas y de movilización y la construcción de un nuevo modelo pedagógico que responda a las necesidades propias de la educación superior”, puntualizó.
Para Tafur, pese a que se eliminó la figura “que contemplaba que existieran universidades con ánimo de lucro, es decir que alentaba a la creación o a la llegada, lo que llamamos nosotros, el advenimiento de multinacionales de la educación a ofrecer servicios de educativos con toda la dinámica de una empresa”, existen aún otros componentes que hacen “nefasta” la propuesta, como es la inversión de capital privado, que cuestiona la autonomía universitaria y el autofinanciamiento de la educación y de la investigación a través del Icetex y Colciencias, derecho que debería estar amparado por el Estado.
De acuerdo con el estudiante, “lo que se ha propuesto es que no se financie a las universidades sino que se dé el dinero al Icetex y a Colciencias, pues el primero contempla que las personas podrán acceder a la educación superior a cuentas de endeudarse y en el segundo caso es que las investigaciones van estar recostadas a los intereses nacionales, ya que las universidades regionales, al no poseer dinero para invertir en investigación, van a quedar relegadas del ámbito nacional. Universidades como la Surcolombiana, la del Tolima y la Antonio Nariño, entre otras, que son pequeñas, terminarían siendo institutos, en comparación con las grandes universidades del país, que contarían con los mayores recursos del Estado”.
Por último, Tafur expresó que el hecho de que se siga contemplando que la empresa privada realice inversiones en las universidades significa que la misión del claustro universitario, que es el conocimiento, estaría mediada por los intereses de la empresa privada, que termina por afectar la autonomía universitaria.
Para él, lo que ha hecho Santos es eliminar el término de ánimo de lucro, que articulaba en oposición a las universidades públicas y privadas, para desmontar todo movimiento o argumento que se hace a la reforma para que sólo las universidades públicas sean las que hagan oposición al Gobierno.
Para Alejandro Maldonado, integrante de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, el pronunciamiento hecho por el Presidente responde a una “demagogia” que busca que el estudiantado colombiano ya no siga luchando por las reivindicaciones propias de un proyecto educativo financiado por el Estado.
“Pretende desmontar la posición de los estudiantes. Creo que a Santos le da miedo que los estudiantes colombianos nos organicemos y de una u otra forma podamos forjar un punto de quiebre que luche por reivindicaciones de financiación, garantías de bienestar universitario, calidad académica, respeto para las libertades democráticas y de movilización y la construcción de un nuevo modelo pedagógico que responda a las necesidades propias de la educación superior”, puntualizó.
Para Tafur, pese a que se eliminó la figura “que contemplaba que existieran universidades con ánimo de lucro, es decir que alentaba a la creación o a la llegada, lo que llamamos nosotros, el advenimiento de multinacionales de la educación a ofrecer servicios de educativos con toda la dinámica de una empresa”, existen aún otros componentes que hacen “nefasta” la propuesta, como es la inversión de capital privado, que cuestiona la autonomía universitaria y el autofinanciamiento de la educación y de la investigación a través del Icetex y Colciencias, derecho que debería estar amparado por el Estado.
De acuerdo con el estudiante, “lo que se ha propuesto es que no se financie a las universidades sino que se dé el dinero al Icetex y a Colciencias, pues el primero contempla que las personas podrán acceder a la educación superior a cuentas de endeudarse y en el segundo caso es que las investigaciones van estar recostadas a los intereses nacionales, ya que las universidades regionales, al no poseer dinero para invertir en investigación, van a quedar relegadas del ámbito nacional. Universidades como la Surcolombiana, la del Tolima y la Antonio Nariño, entre otras, que son pequeñas, terminarían siendo institutos, en comparación con las grandes universidades del país, que contarían con los mayores recursos del Estado”.
Por último, Tafur expresó que el hecho de que se siga contemplando que la empresa privada realice inversiones en las universidades significa que la misión del claustro universitario, que es el conocimiento, estaría mediada por los intereses de la empresa privada, que termina por afectar la autonomía universitaria.
UN “NO” ROTUNDO
Este 7 de septiembre, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y la OCE marcharán en las principales vías del país para expresar un No rotundo a la reforma de la Ley de Educación Superior.
“Nosotros no podemos aceptar una reforma que desde su primer artículo está planteando como un servicio público la educación cuando, en últimas, es un derecho que debe estar al servicio de la Nación”, afirmó Alejandro Maldonado.
“Nosotros no podemos aceptar una reforma que desde su primer artículo está planteando como un servicio público la educación cuando, en últimas, es un derecho que debe estar al servicio de la Nación”, afirmó Alejandro Maldonado.
Los manifestantes pedirán que se abra las puertas para la construcción de una propuesta alternativa de educación que esté al servicio de la Nación, que sea científica y esté disponible al pueblo.
Por esta razón, la OCE convoca a todos los estudiantes universitarios y educadores y alumnos de colegio para que sienten una voz de protesta pacífica en contra del proyecto que busca “imponer” el modelo chileno en el país.
Por: El Nuevo Día
