En la Universidad Santiago de Cali USC “se aumentaron los ingresos inflando las cuentas por cobrar, generando una ilusión contable, se hicieron valorizaciones sin permiso para aumentar los activos y el capital de trabajo, la situación continúa igual y tras el análisis financiero plasmado en un informe de la Revisoría Fiscal con fecha del 22 de noviembre, existe una alta probabilidad de quiebra”, dice un reporte que está a la espera de una intervención de la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
La aparente calma de la USC tras la elección del rector Carlos Andrés Pérez parece agotarse, pues continúan las quejas sobre incumplimiento con pagos a la seguridad social de docentes, maquillajes de informes financieros, atrasos en los impuestos, tráfico de notas para estudiantes y hasta la venta de títulos universitarios a personas que no llenaron los requisitos, como el caso de Lizandro Cabrera que es investigado por el Consejo Superior.
Entre las reformas que se vienen realizando preocupa a la comunidad universitaria que se eliminó la figura del Procurador, que se encarga de vigilar y controlar el desempeño de los órganos del Alma Máter.
Informe del diario El País, de Cali.
El martes 22 de noviembre Diego Valencia, profesor de la USC le vio de cerca el rostro a la muerte cuando un infarto lo tomó por sorpresa.
Pero más allá de su condición médica, lo que casi acaba matando a Valencia fue que ninguna clínica de la ciudad lo quería atender ya que su empleador, la USC, no estaba al día en el pago de su EPS.
El ‘carrusel de la muerte’ que enfrentó este docente universitario sólo terminó cuando las directivas de la universidad le autorizaron a su familia asumir los gastos médicos que luego les serán cancelados a través de una cuenta de cobro.
Mientras Valencia se recupera de su afección cardíaca sólo espera que el rector cumpla y le reintegre lo que gasto, “porque es su responsabilidad tener al día la salud de los trabajadores ya que mes a mes nos saca del salario para pagarla”.
A casos como este por no pagar la seguridad social, que ya ocasionó una multa emitida por Orlando Gil del Ministerio de Trabajo, se suman quejas por atrasos en la cancelación de impuestos, tráfico de notas para estudiantes que han perdido materias o, incluso, la venta de títulos universitarios a personas que no llenaron los requisitos, como el caso de Lizandro Cabrera que es investigado por el Consejo Superior.
Como si esto no fuera suficiente las denuncias por el ‘maquillaje’ de los estados financieros continúan.
“Se aumentaron los ingresos inflando las cuentas por cobrar, generando una ilusión contable, se hicieron valorizaciones sin permiso para aumentar los activos y el capital de trabajo, la situación continúa igual y tras el análisis financiero plasmado en un informe de la Revisoría Fiscal con fecha del 22 de noviembre, existe una alta probabilidad de quiebra”, dice uno de los reportes que hoy se encuentran en el escritorio de la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, esperando que tome algún correctivo.
¿Siguen las denuncias?
Tal parece que los seis meses que el rector Carlos Andrés Pérez lleva la frente de la universidad Santiago de Cali no han sido suficientes para erradicar buena parte de las malas prácticas administrativas y financieras que llevaron a que su antecesor, el controvertido Hebert Celín Navas renunciara en medio de un escándalo cuyas razones no han sido erradicadas del todo por esta nueva administración.
Navas renunció el 23 de febrero pasado luego de una serie de denuncias entre las que sobresalen los hallazgos realizados por la firma de revisoría fiscal, Jahv McGregor, que denotaban graves fallas en el manejo contable y financiero de la entidad.
Fueron de tal magnitud las presuntas irregularidades que se denunciaron en esa ocasión, que el mismo Consejo Superior, la máxima autoridad de la universidad, le quito su respaldo a Navas, aunque pactó su salida con un beneficio a todas luces oneroso para el centro educativo, toda vez que aceptó pagarle su salario hasta diciembre de 2012.
Tras un mes de incertidumbre y protestas de todos los sectores representativos de la universidad, como lo son estudiantes, profesores y empleados, el nombre del decano de ciencias básicas, Carlos Andrés Pérez, alcanzó el consenso suficiente para ser elegido como rector.
La misión de Pérez es sacar la universidad de la crisis por los malos manejos de su anterior administración. Para lograr su cometido este académico de 35 años contrató una auditoría forense con la reconocida firma KPMG y se comprometió, en una entrevista realizada hace tres meses, a “desenmascarar a los responsables del desgreño de la USC”.
Pese a sus anuncios mediáticos y a la separación del cargo de tres de los anteriores directivos, la comunidad universitaria que hoy repite las denuncias ante la Ministra de Educación, no está conforme y acusa a Pérez de no haber tomado las medidas de carácter penal por los robos y malos manejos financieros de que fue víctima el Alma Máter, entre otras razones.
Además, lo señalan de haber pactado con el Consejo Superior, que es el mismo que le permitió al anterior rector toda clase de artimañas y manejos denunciados por la Revisoría Fiscal y algunos grupos de presión de la universidad liderados por Milton Florez y Alexander Cifuentes.
“Lo que estamos pidiendo es que el rector tome las acciones pertinentes ya que desde el 30 de agosto conoció los resultados de la auditoría forense, donde la firma Kpmg realizó un análisis de responsabilidades en 141 de los 1.190 hallazgos que hemos denunciado”, aclaró Florez.
Por su lado Cifuentes va más allá y señala que “cumplimos tres años sin pago de pensiones, además, desconocemos el impacto que tendrá para las finanzas de la universidad los 14 ajustes que la Revisoría Fiscal determinó en los estados financieros del año 2010; es muy probable que estemos quebrados”.
Ambos críticos de la gestión de Pérez argumentan que “en un informe de la Revisoría Fiscal con fecha 19 de octubre del presente año, se pone de manifiesto la manipulación con becas otorgadas a los miembros del Consejo Superior y familiares de los Directivos, que no es mas que la compra y la cooptación que establece Pérez para lograr mantener el statu quo que tenía Navas”.
Habla el rector
“Hemos tomado medidas contra las personas que participaron por acción u omisión en el desgreño de la universidad separándolas de sus cargos”, es lo primero que afirma Carlos Andrés Pérez, el rector de la USC, aunque sólo dice los cargos: Director de Proyectos (John Jairo Ocoró), Gerente Administrativa (Beatriz Delgado), Gerente Financiero (Carlos Alberto Henao), Contadora (Margarita Franco), Gestión Humana (Rodrigo Arango) y Presupuesto (Nancy Jiménez).
“Aun no los llevamos ante la justicia pero lo vamos a hacer antes de finalizar el año, vamos a elaborar los cargos penales y disciplinarios a que hubiere lugar”, dice Pérez y reitera que “ese es mi compromiso ineludible, descubrir las personas responsables de lo que aquí ocurrió, la estrategia penal no la vamos a revelar todavía”.
“En el tema de las deudas de seguridad social e impuestos nos estamos poniendo al día, hemos pactado acuerdos de pago con las EPS, el caso del profesor que se infartó y no lo atendieron se da porque apenas estamos normalizando los servicios, incluso le confieso, a mi madre, que la tengo como beneficiaria mía en salud, también le han negado los servicios mientras salimos de este bache”, explicó.
Pérez cree que la reforma del Consejo Superior y las medidas que viene tomando desde la rectoría, serán suficientes para sacar la universidad adelante, sin embargo, reconoce que aún falta mucho por hacer y declaró desde ahora que buscará su reelección para el próximo período.
El primer pulso, la reforma del Consejo Superior, lo ganó pero ante los ojos de quienes creen que ese ente es espurio y debe llamar a elecciones en 2012, todavía no ha probado nada.
Consejo Superior
La reforma de la máxima autoridad de la Santiago de Cali, el Consejo Superior, compuesto por 127 miembros, pactó su reforma el mes pasado, en una votación secreta, el ente será conformado por 27 miembros donde tendrán representación un estudiante, un profesor y un egresado de cada facultad.
Su período pasa de cinco a cuatro años.
La polémica surge porque esta reforma, que era una de las más sentidas peticiones de la comunidad universitaria, sólo se hará efectiva a partir de 2014, aunque se esperaba que el rector citara a elecciones el próximo año.
Los miembros del Consejo Superior son señalados como cómplices del anterior rector Celín Navas.
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