martes, 7 de agosto de 2012

Arrebatarle recursos a la educación para otorgárselos a la salud, es poner a pelear a pobres entre sí



En medio de las vacaciones de la Universidad de Caldas y siendo apenas la primera semana de clases en la Universidad Nacional, sede Manizales, la comunidad universitaria y la ciudadanía recibió con consternación la decisión de la Gobernación y la Asamblea de Caldas de disminuir los recursos de la Estampilla Pro-Universidad en más de 1.400  millones de pesos anuales.


La modificación hecha al estatuto de rentas, por medio de la cual se disminuyó al 1% la tarifa de este impuesto, fue aprobada en medio de un apresuramiento desmedido, por lo que las discusiones con rigor académico y el debate de cara a la comunidad con el que debería haberse afrontado este sensible tema, no estuvieron presentes. Solo hasta el día en que esta propuesta se presentó a la Asamblea de Caldas, fueron alertadas las directivas de ambas universidades, restringiéndose lesivamente el debate a la comunidad universitaria, principal afectada por esta medida. Bastaron solo 4 días para que la asamblea debatiera y aprobara esta iniciativa.

Sobre nuestra negativa a la disminución de estos aportes, debemos reiterar que en ningún momento nos hemos opuesto a la creación de la estampilla que busca otorgarle recursos al Hospital Santa Sofía para inversión en planta física, equipos médicos y contratación de personal especializado. Por el contrario, siempre hemos abogado por mayor presupuesto para este sector y por la urgente y necesaria transformación del sistema de salud de nuestro país.  Por esta razón, quienes han asegurado que estamos en contra del otorgamiento de recursos para la salud, faltan a la verdad de manera grave, desvían el centro de atención del debate y desconocen u ocultan, que es la ley 100, la intermediación de las parasitarias EPS y la política gubernamental, y no la protesta de estudiantes y profesores, la que tiene a la salud en la enorme crisis que padece.

La problemática entonces se centra en los recursos que dejarán de percibir las universidades públicas de la región. Las proyecciones indican que si la Estampilla Pro-Universidad se hubiera disminuido del 2% al anterior 1,5%, anualmente se seguirían recaudando aproximadamente 6,300 millones de pesos por este concepto. Con la modificación realizada, el recaudo será de 4,900 millones anuales, es decir, 1,400 millones de pesos menos cada año. Hasta 2018, año en que la estampilla expira, ambas instituciones dejarán de recaudar por este concepto 8,500 millones de pesos que dejarán de ser invertidos en laboratorios, salones, edificios, bases de datos, equipos tecnológicos, software, material bibliográfico, licencias, espacios deportivos, equipos para prácticas docentes, entre muchas otras áreas vitales para el cumplimiento de la labor misional de las universidades. Se le propina así un golpe severo a la inversión de ambas instituciones en estos campos.

Ante la desfinanciación estatal generada por la ley 30, que en el caso de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas las lleva a recaudar por recursos propios el 51% y el 30% de su presupuesto respectivamente, los recursos de la estampilla han resultado vitales al significar un porcentaje muy importante de la inversión que se realiza en infraestructura, desarrollo académico e investigativo y dotación tecnológica. En el área de inversión, por citar solo un ejemplo, la Universidad de Caldas inició este año con un déficit del 33%, destinando 12 mil millones de pesos menos a este rubro.

Frente a la nefasta situación que vive la educación superior y en el marco de la masiva lucha encabezada por la MANE por una ley alternativa de educación superior que solucione los problemas estructurales de las instituciones de educación superior del país, arrebatarle recursos a la educación  para otorgárselos a la salud, es poner a pelear  a pobres entre sí. o quitarle la medicina al enfermo terminal para dársela al moribundo.Hacemos un llamado a los estudiantes, profesores, trabajadores y ciudadanía en general para que defendamos los recursos de las universidades públicas y para que instemos a la Gobernación de Caldas a generar alternativas para subsanar y resarcir los recursos que perderán estas dos instituciones.

Serán las discusiones argumentadas y la movilización civilista y democrática, las vías para lograr que la salud y la educación sean consideradas como derechos fundamentales. 


Sergio Fernández                                       Juan Carlos Yepes
Vocero Nacional de la MANE                         Representante Profesoral ante el CESU
Representante Estudiantil C. Académico        Representante Profesoral C. Superior
Universidad Nacional de Colombia                 Universidad de Caldas

Darío Arenas Villegas                                Alexander Álvarez Giraldo
Representante Estudiantil C. Superior           Representante Estudiantil C. Académico
Universidad de Caldas                                 Universidad de Caldas

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