Concejo Superior Universitario y Rector no revisarían peticiones
El próximo jueves (ayer 18 de octubre), cumplirá un mes en huelga de hambre el estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonia, Albeiro Benítez Vargas. Y tras la decisión del Consejo Superior Universitario el viernes 15, de no revisar ni derogar los acuerdos relativos a matrículas, derechos pecuniarios y las normas sobre designación de autoridades académico-administrativas, los estudiantes decidieron no dar el brazo a torcer y redoblar su lucha.
 |
| Benítez pasó de pesar 89 kilos a 75, luego de casi un mes de solo ingerir suero de hidratación. Fotografía de celular. |
Este martes se espera que retornen a clase más de siete mil estudiantes, luego de dos semanas de cierre ordenado por el Consejo Académico, primero bajo la justificación de la suspensión del servicio de agua y luego por la presencia en Florencia de las marchas campesinas.
Durante todos estos días, Benítez ha vivido en el campus universitario, acompañado por una docena de compañeros dentro carpas de camping instaladas en el corredor y la entrada del edificio de administración, sin impedir, hasta ahora, el ingreso de los empleados. A estos se suman un número indeterminado de estudiantes, representados por el Consejo Estudiantil de Uniamazonia (Ceunam), la Mane y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); pero también de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu, ver página oficial), que cuenta con un poco más de 60 profesores sindicalizados.
Benítez es el presidente del Ceunam y cuenta con el pleno respaldo de los representantes al Consejo Superior Universitario, Henry Alexander Cortes, del Consejo Académico Andrés Eduardo Baquero, del vocero nacional de la Mane Leonel Vargas Tovar y de todos los representantes en Consejos de Facultad y programas académicos. No obstante, hasta ahora el paro general de estudiantes no ha sido decretado y las actividades académicas se desarrollaron hasta la orden de cierre del Consejo Académico.
A las peticiones iniciales, los estudiantes demandan ahora la renuncia del rector Leonidas Rico Martínez, a quien califican de “autócrata”, “soberbio”, “indolente”; y además lo hacen responsable de “mentir con descaro” sobre la situación real de la Universidad (con déficit de 200 mil millones de pesos y ocupando el puesto 232 en las pruebas estatales Saber Pro), crear un ambiente de “amenazas, estigmatización y criminalización de la protesta” y sus dirigentes y de agenciar la progresiva privatización de la universidad “con alzas exorbitantes en las matrículas y derechos pecuniarios”.
La corrupción consuetudinaria ha sido otra de los factores cardinales que han llevado a la situación actual. En el último informe de la Contraloría se reportaron más de 60 hallazgos o hechos presuntamente irregulares o ilegales, que a la fecha aun no han sido esclarecidos del todo ni establecidas las consecuencias fiscales, disciplinarias y penales.
La percepción es que Rico Martínez apenas si soporta la presencia de los representantes estudiantiles en los cuerpos colegiados, con quienes desde su elección mantiene una fuerte pugnacidad. Contrario demuestra afabilidad y apoyo hacia organizaciones de profesores y estudiantes que apoyan la administración como el sindicato paralelo de profesores, recién creado por profesores cuyo nombramiento ha sido demandado por Aspu en el escándalo conocido localmente como el ‘roscograma’.
El rector mantiene el respaldo cerrado de todas las instancias del gobierno universitario, cargos ejercidos en su mayoría por profesores de contrato no de carrera. De los 17 programas, 16 son dirigidos por contratistas, “escogidos entre la mano de obra más barata y menos calificada y contratados por 8 meses al año como Jefes de Programa, mal pagados y manipulados por la necesidad del subempleo. Los 6 decanos, de igual número de facultades son también contratistas, pagados con los recursos de las matrículas y los derechos pecuniarios y sometidos al mismo tratamiento de ‘contratos basura’”, según lo explica Aspu a través de su vicepresidente Aníbal Quiroga.
Hace unas semanas, la decana de la facultad de derecho Paola Andrea Calderón, recién egresada y funcionaria pública de la Contraloría General de la República en licencia para ejercer el cargo en la universidad, no dejó duda de hasta donde este grupo de funcionarios está dispuesto a llegar en respaldo del rector y en rechazo de los estudiantes y su huelga. No solo confesó el ánimo de “sacar a punta de pata” a los manifestantes, sino que los tilda de delincuentes y en un equívoco argumento los relaciona con la guerrilla de las Farc.
La radio institucional (95.1 FM), emite desde los primeros días de la huelga de Benítez, cada hora, solo los comunicados oficiales de la administración y otro tanto se hace en el portal web.
El cierre por dos semanas, la militarización exterior de la universidad y la negativa del Consejo Superior (que preside el economista y funcionario de segunda línea Víctor Alejandro Venegas Mendoza como delegado de la Ministra de Educación, y quien desempeña el mismo rol en la Universidad de Sucre) a estudiar las peticiones de los estudiantes han sido hasta ahora las respuestas de la administración a la crisis. También han contestado por escrito las peticiones (Ver carta), pero los estudiantes han impugnado su contenido porque “no resuelven nada”, en palabras de Cortes.
La crisis de la Uniamazonia, ahora más visible tras la prolongada huelga de hambre de Benítez, es solo la expresión regional de una crisis que engloba a todas las universidades estales. En noviembre 2011 los estudiantes ganaron un pulso con el gobierno de Juan Manuel Santos que debió retirar un proyecto de reforma a la educación superior en medio de las más grandes movilizaciones estudiantiles en la historia del país y con un inmenso apoyo nacional.
Precisamente, en medio de la huelga motivada por las circunstancias locales, este miércoles 17, los universitarios marcharan de nuevo por las calles de Florencia, a tono con todos los estudiantes del país, para anunciar la presentación oficial del proyecto de reforma universitaria a que se comprometieron con el gobierno y cuyo contenido ha sido elaborado en una cadena incesante de debates nacionales.
César Useche / Redacción Maguaré-Aspu
Durante todos estos días, Benítez ha vivido en el campus universitario, acompañado por una docena de compañeros dentro carpas de camping instaladas en el corredor y la entrada del edificio de administración, sin impedir, hasta ahora, el ingreso de los empleados. A estos se suman un número indeterminado de estudiantes, representados por el Consejo Estudiantil de Uniamazonia (Ceunam), la Mane y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); pero también de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu, ver página oficial), que cuenta con un poco más de 60 profesores sindicalizados.
Benítez es el presidente del Ceunam y cuenta con el pleno respaldo de los representantes al Consejo Superior Universitario, Henry Alexander Cortes, del Consejo Académico Andrés Eduardo Baquero, del vocero nacional de la Mane Leonel Vargas Tovar y de todos los representantes en Consejos de Facultad y programas académicos. No obstante, hasta ahora el paro general de estudiantes no ha sido decretado y las actividades académicas se desarrollaron hasta la orden de cierre del Consejo Académico.
A las peticiones iniciales, los estudiantes demandan ahora la renuncia del rector Leonidas Rico Martínez, a quien califican de “autócrata”, “soberbio”, “indolente”; y además lo hacen responsable de “mentir con descaro” sobre la situación real de la Universidad (con déficit de 200 mil millones de pesos y ocupando el puesto 232 en las pruebas estatales Saber Pro), crear un ambiente de “amenazas, estigmatización y criminalización de la protesta” y sus dirigentes y de agenciar la progresiva privatización de la universidad “con alzas exorbitantes en las matrículas y derechos pecuniarios”.
La corrupción consuetudinaria ha sido otra de los factores cardinales que han llevado a la situación actual. En el último informe de la Contraloría se reportaron más de 60 hallazgos o hechos presuntamente irregulares o ilegales, que a la fecha aun no han sido esclarecidos del todo ni establecidas las consecuencias fiscales, disciplinarias y penales.
La percepción es que Rico Martínez apenas si soporta la presencia de los representantes estudiantiles en los cuerpos colegiados, con quienes desde su elección mantiene una fuerte pugnacidad. Contrario demuestra afabilidad y apoyo hacia organizaciones de profesores y estudiantes que apoyan la administración como el sindicato paralelo de profesores, recién creado por profesores cuyo nombramiento ha sido demandado por Aspu en el escándalo conocido localmente como el ‘roscograma’.
El rector mantiene el respaldo cerrado de todas las instancias del gobierno universitario, cargos ejercidos en su mayoría por profesores de contrato no de carrera. De los 17 programas, 16 son dirigidos por contratistas, “escogidos entre la mano de obra más barata y menos calificada y contratados por 8 meses al año como Jefes de Programa, mal pagados y manipulados por la necesidad del subempleo. Los 6 decanos, de igual número de facultades son también contratistas, pagados con los recursos de las matrículas y los derechos pecuniarios y sometidos al mismo tratamiento de ‘contratos basura’”, según lo explica Aspu a través de su vicepresidente Aníbal Quiroga.
Hace unas semanas, la decana de la facultad de derecho Paola Andrea Calderón, recién egresada y funcionaria pública de la Contraloría General de la República en licencia para ejercer el cargo en la universidad, no dejó duda de hasta donde este grupo de funcionarios está dispuesto a llegar en respaldo del rector y en rechazo de los estudiantes y su huelga. No solo confesó el ánimo de “sacar a punta de pata” a los manifestantes, sino que los tilda de delincuentes y en un equívoco argumento los relaciona con la guerrilla de las Farc.
La radio institucional (95.1 FM), emite desde los primeros días de la huelga de Benítez, cada hora, solo los comunicados oficiales de la administración y otro tanto se hace en el portal web.
El cierre por dos semanas, la militarización exterior de la universidad y la negativa del Consejo Superior (que preside el economista y funcionario de segunda línea Víctor Alejandro Venegas Mendoza como delegado de la Ministra de Educación, y quien desempeña el mismo rol en la Universidad de Sucre) a estudiar las peticiones de los estudiantes han sido hasta ahora las respuestas de la administración a la crisis. También han contestado por escrito las peticiones (Ver carta), pero los estudiantes han impugnado su contenido porque “no resuelven nada”, en palabras de Cortes.
La crisis de la Uniamazonia, ahora más visible tras la prolongada huelga de hambre de Benítez, es solo la expresión regional de una crisis que engloba a todas las universidades estales. En noviembre 2011 los estudiantes ganaron un pulso con el gobierno de Juan Manuel Santos que debió retirar un proyecto de reforma a la educación superior en medio de las más grandes movilizaciones estudiantiles en la historia del país y con un inmenso apoyo nacional.
Precisamente, en medio de la huelga motivada por las circunstancias locales, este miércoles 17, los universitarios marcharan de nuevo por las calles de Florencia, a tono con todos los estudiantes del país, para anunciar la presentación oficial del proyecto de reforma universitaria a que se comprometieron con el gobierno y cuyo contenido ha sido elaborado en una cadena incesante de debates nacionales.
César Useche / Redacción Maguaré-Aspu
