Un ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sostuvo ayer que hubo docentes que fueron “cómplices” de la represión que sufrieron otros trabajadores de esa casa de estudios que fueron asesinados o están desaparecidos.
José María Serra fue el primer testigo de los cuatro (del total de ocho citados) que concurrieron a declarar en la segunda y última jornada de esta semana en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, por hechos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las audiencias recién se retomarán el 10 de junio.
Desde Santa Fe, vía videoconferencia, Serra recordó que muchos docentes universitarios “que hoy llamaríamos progresistas” fueron cesanteados ya durante la intervención civil a esa casa de estudios, a cargo de Francisco Villada, que asumió el 6 de diciembre de 1974. “A (Holver) Martínez Borelli (el primer rector) lo reemplazan y entra un contador Villada que estaba más en consonancia con las autoridades educativas nacionales, que evidentemente no era democráticas”, memoró.
Entonces sobrevinieron las primeras cesantías, entre ellas la de Serra. “Sé que los profesores que tenían un perfil crítico comenzaron a ser perseguidos y cesanteados. Eso fue después que se fue Martínez Borelli”, contó el testigo, que aseguró que está vivo porque “fue cesanteado en diciembre de 1974” y se fue a Santa Fe, de donde luego salió del país.
Serra recordó que “había tensiones de tipo ideológico” en la UNSa, que “había personas que ofrecían información totalmente distorsionadas” a los responsables de los organismos a cargo de la represión. Dijo que entre los que no estaban de acuerdo con la gestión de Martínez Borelli había dos sectores: uno que no actuaba como informante de los represores y otro sector que sí lo hacía. “Éramos controlados y vigilados”, afirmó.
Serra habló de las cesantías y de los infiltrados de inteligencia casi sin mencionarlas, pero fue concreto a la hora de asegurar que esas cesantías fueron el paso previo a las detenciones de docentes que luego fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos, entre ellos la docente Georgina Droz.
“Algunos (de los que se quedaron con la intervención de Villada) fueron cesanteados cuando llegó el golpe pero mientras tanto fueron cómplices” de la represión, sostuvo Serra. Aunque rechazó dar nombres, excusándose en su avanzada edad (83 años), su falta de memoria y porque “no quisiera imputar a nadie sobre el que no tuviera seguridad”, el ex decano recordó, que el grupo que se quedó “era el que estaba en torno a (Mario) Casalla”, filósofo que en diciembre de 1974 fue nombrado interventor en Humanidades. Casalla era, dijo el testigo, “seguro de los que en la primera etapa de la intervención de la Universidad fueron bien acogidos. (…) Tenía una relación muy especial con ciertos sectores del poder”.
Martínez Borelli fue el primer rector de la UNSa, fundada en 1972. Había llegado al cargo cuando el Ministerio de Educación de la Nación estaba en manos de Jorge Taiana (p). Tras la muerte de Juan Domingo Perón, los cambios en el gobierno nacional permitieron que en agosto asumiera en Educación el cirujano Oscar Ivanissevich, un nacionalista que dispuso la primera intervención de la Universidad salteña. La segunda fue tras el golpe de Estado.
“Ragone me advirtió que me cuidara de Ovalle”
El ex intendente de la ciudad de Salta y cofundador del Partido Peronista Auténtico, Gerardo Bavio, aseguró ayer que el ex gobernador Miguel Ragone le advirtió que se cuidara de Juan Manuel Ovalle, el único civil que está siendo juzgado en este proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de la docente Silvia Aramayo.
Bavio fue intendente de Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 9 de febrero de 1974, durante el gobierno provincial de Ragone. Por entonces los intendentes eran nombrados por los gobernadores.
Ovalle fue nombrado en la Dirección de Personal de la municipalidad, cargo que lo obligaba a tener un contacto muy fluido con el sindicato municipal. Pero duró apenas tres meses. El intendente le pidió la renuncia por “omisión” en sus funciones.
Bavio contó que al principio las relaciones con el sindicato iban muy bien, incluso se había acordado trabajar en conjunto, pero surgió un conflicto un tanto grave, que el ex jefe atribuyó a fallas de Ovalle, “daba la idea de que no había habido un buen desempeño del funcionario municipal”.
El conflicto se superó con la intervención del gobernador. Fue al salir de esa reunión, contó Bavio, que recibió la advertencia de Ragone: “Me dijo: ‘mirá, tratá de cuidarte de Ovalle’”.
Bavio precisó que por aquella época en el peronismo salteño había dos expresiones preponderantes: la tendencia, de izquierda, y el grupo Reconquista, a la derecha. Sin embargo, no pudo precisar en qué lugar se ubicaba Ovalle. Dijo que durante la campaña electoral en pro de la fórmula Ragone-Olivio Ríos, y Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima a nivel nacional, parecía que todos tenían ideas más cercanas a la izquierda, pero que tras la Masacre de Ezeiza, en junio de 1973, comenzaron a notarse diferencias y un sector del peronismo empezó a atacar abiertamente a Ragone. “Entiendo que Ovalle fue corriéndose a la oposición a Ragone”, opinó.
Fuente: Juicios Salta
