Por: Alfredo G. Pierrat (PL)
La muerte de un estudiante universitario a mediados de mayo pasado en esta capital ha desatado una polémica que ocupa hoy el centro de los debates en círculos políticos, parlamentarios y en otros sectores de la sociedad nicaragüense.
Evans Omar Ponce, de apenas 20 años de edad, estudiante de arquitectura de la capitalina Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue asesinado el pasado 13 de mayo en los alrededores de ese centro docente por seis adolescentes, como represalia por negarse a entregarles su teléfono celular.
El lamentable suceso provocó la inmediata reacción de las organizaciones estudiantiles universitarias, que desde entonces han salido a las calles en numerosas ocasiones en reclamo de una mayor seguridad en el entorno de los centros de estudio y por una posible reforma de la Ley 287 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Esos reclamos fueron apoyados por la Juventud Sandinista "19 de Julio" y por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre otras organizaciones.
Las organizaciones estudiantiles demandan, entre otras cosas, que se incrementen las penas de cárcel establecidas en el Código para los menores de edad culpables de homicidios, hasta ahora punibles hasta un máximo de seis años de prisión.
La repercusión de las protestas ha sido tal que el asunto ha llegado al Parlamento, a la Corte Suprema de Justicia y a otras entidades y organizaciones del país.
Todo indica que existe consenso sobre la necesidad de hacer algo ante un problema que puede agravarse si no se adoptan medidas a tiempo, y una reforma del Código sobre la niñez y la adolescencia, aprobado hace más de una década por el Parlamento, parece lo más adecuado.
Pero el dilema radica precisamente en qué es lo que debe reformarse del Código, pues no todos están de acuerdo en buscar la solución por la vía de incrementar el rigor de las sanciones ni en disminuir la edad a la que los menores pueden ser juzgados y sancionados como adultos.
Por lo que ha trasacendido hasta ahora, en la Asamblea Nacional la polémica gira sobre dos posiciones que no tendrían que ser necesariamente contradictorias.
Una propugna elevar las penas de prisión de los seis años actuales a 15 como máximo, mientras otros optan por la reeducación mediante el internamiento preventivo en centros especializados para menores de edad.
En opinión del diputado liberal Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional, es necesario "cortar por lo sano" e imponer mayores penas, para que "estos chavalos ya no sientan que son impunes y que pueden cometer cualquier crimen".
Aprovechando este debate, Navarro rescató del olvido y ha vuelto a plantear una propuesta de reforma que hizo en 2002 -rechazada entonces por la Asamblea- para reducir de 15 a 14 años la edad a la que un adolescente puede ser condenado a detención carcelaria cuando cometen un delito.
A juicio de la diputada sandinista María Lydia Mejía Meneses, miembro de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de Parlamento, el Código está adecuado a la problemática nacional, y lo que falta para hacerlo funcional es destinar un presupuesto para la construcción de los centros de rehabilitación.
Por su parte, Edwin Castro, coordinador de la bancada sandinista en la Asamblea, se pronunció contra la adopción de medidas punitivas aisladas y abogó por estudiar el asunto en su integralidad.
Mientras esto sucede en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia los 18 jueces de adolescentes emitieron un criterio colectivo contra el incremento de las penas a los menores y se pronunciaron a favor de acciones prevención y de reinserción social.
Ampliar la pena de seis a 15 para los jóvenes que cometen delitos graves nunca será la solución para la construcción de una sociedad, pues "ellos también deben de tener oportunidades para poder desarrollarse y el hecho que se aumente la pena solamente va a agravar la situación", dijeron.
Por lo pronto, el fin de la polémica no parece estar al doblar de la esquina y tampoco la adopción de las medidas más adecuadas para enfrentar un problema social de la mayor importancia con racionalidad y visión de futuro.
En espera de que ese momento llegue, los presidentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de las diversas universidades acordaron continuar con sus acciones hasta lograr la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, según reportó un diario capitalino.
Entre otras actividades, anunciaron realizar una denominada "Marcha de las Velas" el 14 de este mes, para -según dijeron- recordar a las víctimas de la delincuencia juvenil
Fuente: ARGENPRESS
