Moisés Wasserman, rector Universidad Nacional. Foto: Semana
La propuesta de reforma de la ley de educación superior (ley 30 de 1992), que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días, dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en 2002, a 1’750.000, en 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.
La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.
No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades), destaca varios puntos de la propuesta, que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.
De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en el tema financiero y autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
El problema es de recursos
La propuesta de reforma de la ley de educación superior (ley 30 de 1992), que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días, dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30.
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema, que el Gobierno presentó en días pasados, no fue incluida.
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en 2012, un 2 por ciento en 2013 y un 3 por ciento entre 2014 y 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.
“Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte de un alumno de los Andes”, recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades.
“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Asimismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional.
Dinero privado en la universidad pública
En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma.
Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.
Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación”, explica Campo.
“Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo contrate sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades”.
Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de los temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo conocimiento que generen las universidades, pero con el capital de las empresas?
Universidades con ánimo de lucro
Este es otro de los puntos que genera inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.
De aprobarse esta propuesta, según la Ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.
Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ránking de las mejores universidades. “Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura Wasserman.
“Lesiona la autonomía universitaria”
La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, acreditación y evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder para vigilar y sancionar.
“Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. (…) Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado, porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.
Fuente: Semana
