El pasado jueves 4 de marzo se retomaron las movilizaciones por la educación pública en el País Valencià, con concentraciones en València, Alicante y Castellón. El MUP-R de Elche participó en la concentración de Alicante, en la que alrededor de un millar de personas reclamó el derecho a una educación pública digna y denunció los ataques que está sufriendo. En la concentración difundimos el siguiente comunicado:
Educación pública: Problema social y cuestión política
Los cinco sindicatos de la enseñanza pública valenciana se niegan a pagar las consecuencias de la crisis económica y han unido sus fuerzas contra los recortes de plantilla que ha iniciado la Conselleria de Educación. En las asambleas celebradas en Valencia, Alicante, Castellón y Elche, que contaron con una importante asistencia de docentes, se discutieron las acciones que se emprenderán en las próximas semanas. Los recortes han significado la pérdida de entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo, al reducir las plazas para vacantes en todos los niveles. A ello hay que sumar la reducción salarial, la cesión de suelo público para la construcción de centros concertados y la paralización de la negociación colectiva. Los representantes de los 55.000 docentes valencianos también denuncian otros problemas que requieren el mantenimiento de la inversión, como el fracaso escolar (que supera el 30%, uno de los mayores de España), o la existencia de 900 barracones en los centros educativos.
Cuando se fomenta la «libre elección de centro», lo que se está promoviendo en realidad es una opción política: la selección del alumnado por parte de la educación concertada, en beneficio de sus intereses privados y en detrimento de la pública. Por esa misma opción política, muchos centros no han recibido un euro para calefacción en meses, y la Conselleria ha rechazado fondos para adquirir ordenadores y para incrementar la red de escuelas infantiles. Política es también la ofensiva autoritaria y represiva de Conselleria, con amenazas a los equipos directivos, la utilización política de inspectores puestos a dedo y expedientes contra quienes hacen frente a sus desmanes. La Conselleria, en fin, ha convertido en papel mojado sus propias leyes: la gestión democrática de los centros, la formación de ciudadanos críticos y autónomos, la promoción del valenciano…
Siendo así, parece obvio que la defensa de la educación pública no sólo es un problema social, sino una cuestión política de primer orden; por tanto, sólo se podrá resolver desde posiciones políticas. Estamos respondiendo a la política fascistona, clerical y privatizadora de Conselleria con propuestas de progreso, democracia y participación, porque nuestra política es la defensa del sistema educativo público, igual que defendemos el carácter público de las pensiones, la sanidad, el transporte, Correos y RTVE. De hecho, si la Generalitat se niega a asumir la dimisión de Font de Mora es porque ésta es una propuesta política que amenaza su edificio de mentiras e impunidad. Es fundamental que se impliquen aún más las asociaciones, centros, grupos de profesores, organizaciones estudiantiles y todos los interesados en trabajar por una educación pública de calidad, laica, gratuita, integradora…; que nos ayuden a hacer crecer las plataformas por la educación pública, a dinamizarlas, darles presencia en todos los centros, que traigan nuevas propuestas de debate, de trabajo y de movilización. Y es obligación de las Plataformas facilitar aún más esta participación popular y la coordinación, para concentrar todo el esfuerzo y la imaginación que padres, madres, profesores y alumnado estamos desplegando frente al esperpento de la Conselleria. Así podremos plantear y preparar la nueva jornada de huelga educativa que Font de Mora y sus secuaces están pidiendo a gritos.
