El movimiento estudiantil y la coalición universitaria obtuvieron un inesperado triunfo estratégico cuando una juez determinó que la Universidad dePuerto Rico tiene todos los documentos sobre su caudal de propiedades inmuebles y que además es su “deber ministerial” es dar acceso público a la información sobre esa parte del tesoro de la Universidad.
Toda otra serie de asuntos siguen pendientes de solución y trámite judicial, entre ellos lo relativo a la propiedad mueble que también forma parte del tesoro, que se ha estado acumulando desde hace más de un siglo y que constituye la base material de la inclusión de la instrucción universitaria en el quinto derecho civil, el derecho a la educación.
También está pendiente de determinarse si para garantizar la inspección pública de la información la UPR tendrá que dar acceso total a los expedientes de propiedades que obran en su poder de forma que sean los propios miembros de la comunidad universitaria los que los revisen para levantar los datos sobre lo que ha pasado con las herencias.
Los estudiantes, profesores, administrativos y empleados de mantenimiento, junto a padres y egresados han estado reclamando que el Gobierno dé a conocer los inventarios, tasaciones y disposición de las propiedades muebles e inmuebles de los caudales sin herederos, que el Código Civil estipula desde 1903 pasen a la UPR, excepto las denominadas tierras de labranza. El Gobierno ha combatido el reclamo en los tribunales y ha logrado mantener el tema bastante alejado de los medios noticiosos, además de que se han regado insinuaciones de que el explosivo asunto puede manchar a figuras de la oposición autonomista.
Nada ha detenido hasta ahora a los insumisos estudiantes junto con su coalición, que han mantenido una larga batalla legal en el Tribunal de San Juan.
La magistrado, en una decisión parcial del caso, determinó que es un hecho incontrovertido que la UPR “mantiene control de todos sus activos inmuebles permanentes” y que, aunque no hay evidencia de que haya un documento específico sobre las propiedades hereditarias, el archivo se rige por el reglamento de control de propiedades. Dicho estatuto administrativo incluye, para cada propiedad, todos los aspectos que quieren conocer los estudiantes.
En su determinación, la juez indicó que la jefatura universitaria no tiene que resumir toda esa información en un documento especial para los demandantes, pero reiteró que “la UPR sí cuenta con el deber ministerial de garantizar a los ciudadanos el acceso a información de carácter público”.
Fuente: Tercera información
