El jurista Martín Almada reveló a Verdad Ahora que la Operación Cóndor continúa activa en Latinoamérica. Además sostuvo que la llamada Ley Hinzpeter sigue claras directrices de Washington.
En 1992, Martín Almada descubrió una serie de documentos secretos de la Operación Cóndor, plan encabezado por Henry Kissinger y la CIA para coordinar las actividades represivas de las dictaduras latinoamericanas durante las décadas de 1970 y 1980. A pesar de sus valiosos aportes a la persecución criminal de Augusto Pinochet, el abogado paraguayo pasó desapercibido para los medios tradicionales durante su breve paso por Valparaíso.
“La Operación Cóndor es un pacto criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay”, revela. “Y eso nació en Santiago a finales de noviembre, principios de diciembre, del año ‘75”.
Al Plan Cóndor también se le adjudica el asesinato del canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, bajo supervisión directa del ex agente de la DINA, Manuel Contreras.
En una larga conversación, Almada explicó cómo nació su interés por investigar la coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur para erradicar la disidencia popular en América Latina, ejerciendo vigilancia, torturas y secuestros sobre la población. Además de sentenciar que Pinochet planeaba globalizar las prácticas de la Operación Cóndor y convertir a la organización en una Interpol “anticomunista”, el abogado afirma que el ambicioso programa sigue activo.
“El Cóndor sigue volando”, sostuvo con seguridad, mencionando que los contactos de las fuerzas armadas latinoamericanas, en la llamada “lucha antisubversiva”, continúan vigentes a través de la Conferencia de Ejércitos Americanos, cumbre celebrada cada dos años en el continente y a la cual Pinochet asistió en repetidas ocasiones luego de ser despojado de su ilegítima presidencia.
No sólo eso. Almada cuenta que la denominada Ley Hinzpeter, que fue recientemente aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, sigue las pautas de Estados Unidos en pos de controlar los alzamientos populares que han resurgido en América Latina. El abogado pone especial énfasis en las movilizaciones estudiantiles de Chile, las cuales llevaron a países como Colombia a replicar las mismas demandas en 2011, haciendo un paralelo con la agitación social de los setenta.
El jurista explica: “Ellos tienen un equipo de abogados de derecha. Elaboran las leyes en Washington, las mandan acá y luego se aplica en todos. Esta ley represiva que está en el Congreso (…) es la ley de Washington. Eso viene de Washington (…) Esto se aplicó en la Argentina, se aprobó ya en Paraguay y ahora está aquí”. Como caso ejemplificador, cita el Acta Patriota de Estados Unidos, la cual fue aprobada después de los ataques del 11-S y ha sido utilizada para perseguir a disidentes políticos en nombre del combate doméstico terrorista.
Martín Almada dice que la red controladora de Washington también se expande al plano educacional, con programas financiados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
En cuanto a las políticas de seguridad ciudadana del gobierno de Piñera, cabe destacar que la llegada de William Bratton al Ministerio del Interior, quien fuese jefe de la policía de Nueva York y gestor de la doctrina de Tolerancia Cero, fue financiada justamente por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). La “revolución” que Hinzpeter pretende implantar progresivamente en Carabineros de Chile, incluso sin que sus funcionarios noten los cambios protocolares, se enmarcan claramente en un programa bosquejado desde el extranjero para importar prácticas represivas al país.
