La expulsión de varios activistas estudiantiles, el progresivo intento para desmontar Residencias Universitarias y la propuesta gubernamental para reformar la ley 30 de 1992 fueron motivos suficientes para que el inconformismo estallara en la Universidad Industrial de Santander, que generó fuertes enfrentamientos con la policía aquel miércoles 15 de junio de 2011.
A tan solo 3 horas de finalizada la protesta, se conoció la cifra institucional de 3.000 millones en pérdidas, por daños causados a la planta física de la Universidad. Esta cantidad posteriormente ascendió a 3.500 millones, días antes de la visita del entonces ministro de defensa Rodrigo Rivera. (Los daños fueron hechos por agentes infiltrados mientras se desarrollaba la manifestación en la portería para justificar la posterior militarización. Nota de Prensa Universidad)
Desde este día, altos funcionarios de las fuerzas militares, ordenaron la militarización total de la Universidad, que incluye presencia del Esmad a las afueras de la institución, presencia de uniformados en las porterías, policías infiltrados en su interior (quienes se hacen pasar por estudiantes y celadores), instalación de cámaras, identificación para ingresar al Campus, aumento de la celaduría privada (de la cual se ha denunciado su dudosa procedencia) y otra serie de medidas represivas y de presecusión hacia la comunidad universitaria.
La militarización fue aplaudida y gratamente recibida por la administración Camacho, aunque posteriormente se manifestara desde la rectoría que no se estaba de acuerdo con dicha medida, pero que “se aceptaba por tratarse de una orden impartida por el ministerio de defensa”. Lo extraño es que semanas antes se conoció una carta dirigida al ministerio del interior donde la administración solicitaba la militarización de la Universidad para hacer frente a una huelga de hambre llevada a cabo por varios estudiantes, mediante la cual se pretendía evitar la expulsión de los ya mencionados.
El caso de la UIS no es un hecho aislado en el país, pues corresponde a una política nacional de injerencia de la bota militar en las instituciones de educación superior. Otras Universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica de Pereira atraviesan una situación similar. En estas universidades la injerencia militar también se ha caracterizado por choques con la comunidad y otra serie de medidas represivas. Incluso para el caso de la UIS, van acompañadas con campañas de “aceptación”, como por ejemplo la llamada “Ciudadanía Universitaria”, campaña institucional que pretende generar una cultura de “igualdad” en la comunidad, desconociendo y eliminando el disentimiento que caracteriza a la universalidad del conocimiento.
Quienes concuerdan y saludan la militarización apoyan este tipo de medidas basados en cifras económicas para la institución y en tiempo perdido por la alteración de la actividad académica, aunque desde su militarización, en la UIS se hayan presentado 5 evacuaciones por motivos similares y se haya suspendido la actividad académica por 3 meses consecutivos, producto del paro estudiantil del semestre anterior, donde se incluyen las 3 semanas vacacionales de fin de año.
Espere mañana: Sobre los misteriosos 3.500 millones y Presupuesto a la mal llamada seguridad.
Prensa estudiantil
Arreglos: Prensa Universidad
