Autor: Alexander Escobar
“Educación pública, gratuita y de calidad”, es consigna del movimiento estudiantil colombiano. No es la única, pero es suficiente para entender su lucha por alcanzar la paz con justicia social, la misma que incomoda a quienes desean continuar oprimiendo al pueblo con la ignorancia, la injusticia y el terrorismo de Estado.
Con amenazas, hostigamientos y muerte despliegan operativos en toda Colombia para acallar las voces de quienes trabajan por un mejor mañana. Las víctimas, pertenecientes a movimientos políticos y sociales como la Marcha Patriótica, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, y líderes cívicos, comunitarios, y defensores de Derechos Humanos, evidencian la dinámica permanente de asesinar y desaparecer a la oposición política para sostener la injusticia en el país.
Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en Colombia entre los años de 1947 y 2011, son solo una muestra del carácter sistemático de esta política del terrorismo de Estado en Colombia. En su columna Desapariciones y desapariciones, publicada el 2 de febrero de 2013 por el diario El Espectador, Alfredo Molano anota:
De esa cifra, certificada, han sido víctimas de desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado vivas y 557 muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del Estado o por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento, que conlleva a numerosas violaciones a los derechos humanos. De las 8.295 investigaciones que se llevaban a cabo cuando la Fiscalía era dirigida por Viviane Morales, 1.598 eran homicidios cometidos presumiblemente por agentes del Estado. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
En el Valle del Cauca, hoy el objetivo inmediato son los estudiantes. Las amenazas y hostigamientos denunciados por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” contra Luisa María Zorrilla de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, y contra William Ospinade la Universidad Nacional en Palmira, son el reflejo de la política actual del Gobierno que en la forma aparenta buscar la paz, pero que en fondo trata de perpetuar la injusticia por medio de la guerra sucia contra la población civil.
Y no es algo improvisado. Atacar a quienes acompañan las luchas de todos los sectores sociales en Colombia, y defienden la educación pública como conciencia crítica de la sociedad, es un plan estratégico integral contra esa juventud rebelde del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano que lucha por la salida política al conflicto colombiano y la consecución de la paz con justicia social.
Por eso los hechos no son aislados. Y la responsabilidad de las amenazas, realizadas contra los movimientos estudiantiles de las dos universidades públicas del departamento, recae directamente en el Gobierno colombiano que década tras década implementa el terrorismo de Estado.
El llamado, entonces, es a la solidaridad de todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para visibilizar y detener este plan criminal adelantado contra el movimiento estudiantil del departamento del Valle del Cauca que participa del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la Marcha patriótica.
Febrero 12 de 2013
Denuncias realizadas por la REDFIC:
Fuente: Remap Valle
