La Corte Constitucional falló a favor de un grupo de universitarios que entuteló a la Gobernación de Arauca y a la sede de la Universidad Cooperativa del mismo departamento al verse afectados porque adelantaron sus estudios como producto de unas becas ofrecidas en un convenio entre la IES y la Gobernación, pero que luego de terminado el convenio la Universidad decidió cobrar a los estudiantes el valor de la matrícula.
Según informa el noticiero CMI, la Gobernación había firmado un contrato para arrendarle a la universidad unos edificios que debía adecuar como aulas de estudio; en contraprestación, la universidad pagaría $ 15 millones mensuales y le daría a la Gobernación seis becas para estudios de derecho, psicología y administración de empresas. Cuando el contrato terminó, la universidad no solo canceló las becas, sino que decidió cobrarles a los becados el valor de sus estudios.
El juzgado primero administrativo de Arauca les dio la razón y ordenó no cobrar las becas. La universidad apeló ante el Tribunal Contencioso de Arauca, que tumbó la decisión del juez y le dio la razón a la universidad.Los estudiantes recurrieron a la Corte Constitucional ¡y se hizo justicia!
La Corte tumbó la tutela del tribunal y respaldó al juez que había dado la razón a los estudiantes.
Todo el estudio otorgado por becas se mantiene gratuito. Para el futuro, la Corte dispuso: “La universidad debe implementar planes de crédito de fácil acceso, con plazos largos y cuotas moderadas, teniendo en cuenta la situación económica de cada uno de los estudiantes”.