En tela de juicio está la actuación de la PDI y Carabineros en el marco de las movilizaciones estudiantiles: siete denuncias de golpizas a estudiantes fueron remitidas al Fiscal Nacional Sabas Chahuán. El modus operandi de los presuntos policías es detener a estudiantes, no necesariamente durante protestas, llevarlos a lugares apartados y golpearlos, para luego dejarlos en libertad en cualquier lugar.
Las denuncias dicen relación con estudiantes que son detenidos en extrañas circunstancias, no necesariamente durante protestas. Son subidos a vehículos y llevados a lugares aislados, donde los presuntos detectives de la PDI o funcionarios de Carabineros actuarían sobre seguro, vestidos de civil. Golpean a los estudiantes mientras uno o dos policías permanecen con armas de fuego en mano. Eso indica la denuncia conjunta de la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Organización de Defensa Popular (ODEP).
La abogada de ODEP, María Magdalena Rivera, informó que “estos casos de siete personas son en el último mes. Los toman, los suben a automóviles, son seguidos arriba de los microbuses hasta sus domicilios, son amenazados, llamados por teléfono, cuando son detenidos son maltratados, se les muestran fotografías de activistas en movilizaciones. Son detenidos por personas de civil y no necesariamente en las movilizaciones, algunos después de ellas y otros en días en que no hubo manifestaciones”.
Javiera Pizarro, también de la Organización de Defensa Popular, entregó más detalles de las extrañas detenciones.
“Está el caso de un alumno de 17 años que hace pocos días fue llevado a un lugar apartado por policías en moto no identificados, que le dijeron que sabían en lo que estaba metido y lo golpearon. Por otra parte, grupos de estudiantes han sido en diferentes momentos detenidos por un auto blanco Yaris sin patente, en un secuestro express, donde se les quiere conminar a hablar de manifestantes, se les muestran fotografías”, denunció.
Uno de los casos resaltados es el de Angiel Astudillo Sepúlveda, de 15 años de edad, detenida por Carabineros el 29 de marzo pasado, en Viña del Mar. Se le imputaron cargos que la Justicia finalmente está desechando, pero tuvo que pasar 40 días en el Centro Lihuen del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de esa ciudad, donde además, según su madre, Soledad Sepúlveda, la obligaron a comer carne aunque la secundaria es vegetariana.
“Sobre mi hija no tenían ni una prueba y la tuvieron detenida casi dos meses, de un día para otro, sin avisarle a nadie, ni a un abogado ni a su familia. La dejan en libertad y la niña en la calle, vagando, porque no tenía plata para llegar a la casa. Ella es una niña tranquila, que quiere salir adelante, estudia, va en segundo medio y es presidenta de curso”, explicó la madre de Angiel.
Al respecto, Pablo Toro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y dirigente del Instituto Nacional, dijo que esta es una acción orquestada por el Gobierno a través del Ministerio del Interior y llamó a los estudiantes a sostener las movilizaciones. “No vamos a permitir que se nos siga pasando a llevar, porque entendemos que el movimiento estudiantil, el movimiento social, está en ascenso. Y por muchas cifras de desarrollo económico que nos hable el Presidente en su cuenta pública, ese desarrollo no llega a los sectores más populares de la sociedad”, agregó.
Los estudiantes llamaron a denunciar situaciones de arbitrariedad e ilegalidad en el actuar de Carabineros e Investigaciones, en el trasfondo de la marcha nacional que la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) convocó para el 28 de mayo.
