La crisis por los desalojos golpea cada vez con mayor intensidad al pueblo español. En el año 2012, se efectuaron alrededor de 40 mil desahucios, según un relevamiento del Banco de España. A su vez, el gobierno de Mariano Rajoy profundiza la defensa de los intereses de las entidades bancarias, política que se materializó en la ley aprobada el miércoles pasado en el Parlamento, la cual no incluyó la dación en pago universal y retroactiva. Mientras, crece la resistencia al neoliberalismo que dejó a seis millones de personas sin empleo y que intenta avanzar sobre la educación pública.
Los guarismos indican que el año pasado hubo 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas. Además de vulnerar el derecho a un techo, los números permiten visibilizar la violencia represiva de los procedimientos: cerca de 3 mil familias estaban en sus hogares en el momento de ser desalojados y en 355 intervino la fuerza policial.
La entrega del inmueble hipotecado como pago de la deuda es la principal medida reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en la norma legislativa aprobada por el oficialista Partido Popular. La dación de pago universal y con carácter retroactivo pretende dar por tierra con el actual sistema de procedimientos hipotecarios que indica que las familias desalojadas deben seguir pagando al banco pese a perder la vivienda. Según las organizaciones que exigen el cese de esos mecanismos, alrededor de 400 mil familias fueron expulsadas de sus viviendas desde el año 2008.
La tasa de desempleo en España alcanzó un nuevo record de seis millones de personas sin trabajo en el primer trimestre del corriente año, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con esos guarismos, el índice aumentó un 1,14 por ciento con respecto al mismo periodo del 2012.
Pese a ello, Mariano Rajoy está dispuesto a continuar con sus políticas impopulares de ajuste. La represión policial fue la respuesta frente a la movilización de alrededor de dos mil personas que se concentraron a fines de abril en las inmediaciones del Congreso como “protesta de asedio” en repudio a las medidas neoliberales que impulsa el Partido Popular en consonancia con las decisiones de la Unión Europea.
Resistencias en defensa de la educación pública
El neoliberalismo también intentó profundizarse en el sector educativo, pero encontró una fuerte resistencia del pueblo español. El jueves pasado, miles de personas de organizaciones estudiantiles y de docentes se movilizaron por las calles de Madrid y Barcelona –y otras treinta ciudades- en contra de las medidas que intenta impulsar el oficialismo. Bajo la consigna de “No a la LOMCE, no a los recortes, no a la contrarreforma” se llevó a cabo una huelga general de la educación pública.
La jornada de lucha logró posponer la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE- que estaba planeada para el viernes. El proyecto que fue impulsado por el Ministro de Educación José Ignacio Wert, concibe a la educación desde una perspectiva privatizadora, elitista y excluyente. En ese marco, se pretende reducir el gasto en educación hasta un 3,9 por ciento del PIB en 2015 –más de 10 mil millones de euros- .En las movilizaciones se vieron banderas que rezaban “No a la educación franquista”, en alusión al dictador español Francisco Franco y la norma que pretende modificar la antigua Ley Orgánica de Educación (LOE), del año 2006.
El secretario del sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, sostuvo que la ley Wert “busca desmantelar la escuela pública, discrimina a los alumnos por renta y contribuye a precarizar aún más la situación de los jóvenes en España”, entre los cuales el desempleo se encuentra por encima del 50 por ciento.
La convocatoria a la huelga expresaba como consignas generales la restitución de los fondos recortados a los presupuestos educativos, la retirada del proyecto LOMCE y la renuncia del ministro Wert.
