Ayer nuevamente miles de profesores de todo el país salieron a las calles a manifestarse en contra de las políticas adoptadas al gobierno en términos educativos y laborales. Respecto a la educación, FECODE se manifestó sobre la necesidad imperante de una educación gratuita, desde el entendido de que la gratuidad no es $0 matrícula, Senén Niño, presidente de FECODE dijo que “Para garantizar la gratuidad se necesita nutrición de los niños, salud, transporte escolar, útiles y si se pudiera, uniformes. No es suficiente con garantizar la matrícula de los niños”; el gobierno se enorgullece de decir que tiene educación básica secundaria gratuita, sin embargo, en muchos casos por más “gratuidad” que exista, los estudiantes no pueden asistir porque no tienen uniforme, o simplemente porque no tienen útiles, además, la mala alimentación que se traduce en problemas de aprendizaje, falta de atención y trastornos de conducta.
De manera incoherente la Ministra de Educación respondió ante dicho planteamiento de FECODE: “En primer lugar dicen no estar de acuerdo con la gratuidad, de acuerdo con este comunicado, y quiero decirles que no entiendo como la Federación Colombiana de Educadores está en contra de la gratuidad que gracias a esta decisión le permite a todos los niños y jóvenes en Colombia desde el grado cero hasta el grado 11 de asistir de manera gratuita a cualquier institución educativa oficial”; tal vez la ministra no se alimenta bien y sufre problemas de aprendizaje y comprensión de lectura, pues su declaración no corresponde ni es coherente con lo dicho por FECODE.
De forma más puntual, se plantean los problemas que corresponden directamente al magisterio, entre ellos se destaca que los educadores deberán laborar 24 periodos de clase (actualmente son 22) , lo cual derivará en que sobren aproximadamente 20 mil docentes en todo el país, esto está en expresa contravía del Decreto 1850, pues al aumentar las horas de clase de cada profesor, se le irá quitando tiempo a otros profesores que no alcanzarán a cubrir estas 24 horas, lo que ocasionaría la cancelación de contratos a profesores que ya están en nómina. En este sentido, FECODE reitera que los maestros y maestras no son los responsables de la crisis educativa (que responde a la gradual desfinanciación de la educación en Colombia); el Gobierno cerró 30 mil instituciones y acabó con 20 mil cargos de directivos docentes mediante la figura de la fusión, y el presupuesto de gratuidad no incluye ni siquiera los costos de personal administrativo.
Otra de las inquietudes de FECODE es referente a la jornada única, pues a pesar de que se encuentran a favor de dicha propuesta, no consideran que exista la infraestructura adecuada en los planteles para abarcar a todos los estudiantes en una única jornada, lo que generaría dificultades en el aprendizaje a los estudiantes, entre otros aspectos.
Por otra parte, uno de los problemas más álgidos de la discusión es referente al sistema de Salud del magisterio, Sinén Niño afirmo que “El régimen especial del que gozan los docentes está teniendo muchas falencias que no están siendo vigiladas y FECODE está denunciando la falta de una verdadera auditoría en el sistema de salud. El régimen no tiene la vigilancia que necesita y no hay la posibilidad de exigirles a los prestadores de salud que cumplan con el contrato. Los maestros buscan la sostenibilidad financiera del Régimen de salud”.
Frente al tema de Salud, el magisterio ha emprendido una lucha constantemente por un derecho a la salud en condiciones dignas y óptimas, para lo cual exige una financiación adecuada y oportuna al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta adecuada financiación permitirá mejorar el servicio médico prestado a los docentes, ya que ellos sufren un alto estrés laboral generado por un conjunto de situaciones nocivas que aparecen cuando las condiciones materiales superan la capacidad del maestro. La exposición prolongada al estrés laboral causa el síndrome de Burnout, el cual perturba el equilibrio fisiológico y trae problemas somáticos y psíquicos.
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se encuentra en una grave crisis presupuestaria, debido a la deuda que el Estado tiene con esta entidad, la cual supera los 30 billones de pesos. El financiamiento del FOMAG se da por parte del educador, el cual aporta un 5% de su salario, y el Estado aporta el 8%, sin embargo al Estado Colombiano se le esta olvidando este gasto público, como muchos otros gastos (educación, salud, pensiones, etc.). Esta gran crisis presupuestal ha causado deficiencias en la calidad, eficiencia, cobertura y accesibilidad al Régimen Especial de Salud del Magisterio, entre varias consecuencias se encuentra la demora en las remisiones a los especialistas, la no entrega de medicamentos, la falta de centros hospitalarios y la quiebra de algunas entidades prestadoras del servicio de salud como MejorSalud, dejando a más de 60.000 beneficiarios desprotegidos.
Un aspecto bastante crítico de la ley 91 de 1989, es el tema de la administración del FOMAG, ya que esta depende de una entidad fiduciaria de carácter mixto (público y privado). FIDUPREVISORA ha sido la encargada de la administración del FOMAG, esta entidad de economía mixta ha sido bastante criticada por el incumplimiento con la regulación y la vigilancia a los contratistas en la prestación del servicio. Además, se han venido presentando varios problemas con el pago de las prestaciones sociales a los maestros por parte de la entidad fiduciaria, la cual respondió que esta demora se debía al no pago de las nóminas por parte del Ministerio de Hacienda. Ante esta inmensa problemática, la Ministra Ocampo afirmo que “Se van a contratar una serie de auditorías médicas muy rigurosas para garantizar la calidad en la prestación de los servicios médico-asistenciales para nuestros maestros y para sus familias”. El problema no yace en quién hace la auditoría (a pesar de su gran influencia), la crisis de la salud del Magisterio demuestra la política del gobierno de generar una desfinanciación de lo que son considerados como derechos a cargo del Estado, para justificar la necesidad de generar una intervención del capital privado que logre subsidiar la prestación de dicho servicio.
Los maestros exigen la creación de una mesa de diálogo y negociación entre el gobierno y FECODE que permita plantear alternativas a dichas problemáticas, sin embargo, el gobierno ha manifestado que son “reclamos infundados” lo que ha realizado FECODE, al igual que cualquier lucha emprendida por miles de colombianos y colombianas. Recalcamos nuestro apoyo a los profesores, pues reconocemos la importancia de que “el profe luchando también está enseñando”. El problema de la educación en Colombia es el reflejo de miles de problemas que a diario sufre nuestro pueblo, no sólo de aquellos que no han podido acceder a ella (sea el nivel que sea), sino a aquellos que viven de ella, como los profesores, los trabajadores administrativos, los trabajadores de aseo, los de mantenimiento, los conductores, el vendedor de la tienda, en fin, una cadena que está vinculada a este servicio de la educación, y que se han visto afectados por el conjunto de medidas políticas adoptadas por los gobiernos en todos los ámbitos más allá de lo educativo, unas políticas que reflejan el carácter de este Estado que simplemente actúa en favor del gran capital.
