Las organizaciones de la Coordinación de Derechos Humanos del Departamento del Atlántico realizaron una rueda de prensa en Barranquilla (Atlántico) el 27 de abril de 2011 donde manifiestan su preocupación sobre la situación de derechos humanos en la región. Asimismo, piden apoyo a la comunidad nacional e internacional y garantías a las autoridades colombianas en relación a su trabajo. Denuncian que son 44 los casos registrados en los que una persona defensora de derechos humanos ha sido agredida en el departamento entre los años 2002 y 2011 y por lo menos 7 de ellas han perdido la vida por el ejercicio de esta labor. Además resaltaron que durante el año 2010 y los primeros meses de 2011 el equipo de trabajo de la Fundación Infancia Feliz ha recibido amenazas y hostigamiento en 11 casos, sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han recibido agresiones en 12 ocasiones, estudiantes de la Universidad del Atlántico han sido víctimas de amenazas en 11 casos, miembros de organizaciones de personas desplazadas en 3 y la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor ha sufrido el desplazamiento de varios de sus miembros.
La Coordinación de Derechos Humanos del Departamento del Atlántico afirma que «aunque en el actual Gobierno del presidente Santos se ha venido implementando la estrategia del desarme a la palabra, el acercamiento y diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, la situación no mejora». Según el Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos Somos Defensores durante los primeros tres meses de 2011, 96 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones así como 64 organizaciones sociales y de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculiza la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. Las agresiones consistieron en amenazas (71%), asesinatos (10%), atentados (7%), detenciones arbitrarias (7%), desapariciones forzadas (4%) y uso arbitrario del sistema penal (1%). El mismo programa denunció que en los años 2009 y 2010 una persona defensora de derechos humanos fue agredida cada dos días en Colombia (174 agresiones cada año).
Según la coordinación de organizaciones en el Atlántico, la región Caribe no es ajena a este panorama y su situación se torna aguda debido a su ubicación estratégica. Destacan que en la región Caribe se encuentra gran riqueza en recursos hídricos, territoriales y mineros; presentándose como una región estratégica para el control territorial y del tráfico de droga y armas de los grupos armados ilegales, especialmente de los grupos paramilitares. Además sostienen que esta zona del país es de gran importancia para la agroindustrialización, la explotación de grandes extensiones de tierra y territorio con monocultivos y la extracción de recursos mineros.
En la rueda de prensa estas organizaciones afirmaron que en la actualidad la región Caribe es la zona que más cantidad de núcleos armados concentra (40%) y que los grupos paramilitares (Urabeños, Paisas y Los Rastrojos) presentan una etapa de consolidación y control social del territorio. Según el documento presentado en la rueda de prensa, estos grupos penetran violentamente en zonas periféricas de la ciudad y en los municipios del departamento que se han convertido en zonas de la disputa territorial para el control del narcotráfico y microtráfico. El resultado ha sido un aumento de los niveles de criminalidad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos relataron las agresiones a que han sido sometidas en los últimos años y destacaron que a pesar de las exigencias realizadas, «la problemática en ocasiones ha sido ignorada no sólo por el Gobierno nacional sino además por el gobierno local y departamental sin que se hayan tomado medidas contundentes para darle solución».
Es por ello que la Coordinación de Derechos Humanos del Departamento del Atlántico se adhiere a las exigencias y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado público del 8 de marzo de 2011 en el que conmina al Estado colombiano a «sancionar judicialmente a responsables materiales e intelectuales; y a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios y las beneficiarias de las medidas cautelares, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos del país».
La coordinación de organizaciones convocantes de la rueda de prensa hace un llamado a la sociedad civil en general para que manifieste su apoyo a favor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y al Gobierno nacional y departamental para que se pronuncie públicamente sobre «la legitimidad de esta labor como forma de contribuir a la construcción de una sociedad democrática y en paz». Asimismo reitera que se eleven la garantías de protección a los miembros de organizaciones sociales y se realicen investigaciones exhaustivas que determinen la responsabilidad de las personas y grupos que vienen ejerciendo seguimientos, hostigamiento y amenazas sobre la vida, libertad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos en el departamento del Atlántico.
La Coordinación de Derechos Humanos del Departamento del Atlántico está integrada por la Fundación Infancia Feliz, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (ANDESCOL), la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el Observatorio de la Corporación Universitaria Reformada sobre Derechos Humanos y Paz (OIDHPAZ), el Centro de Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERHNOS), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y el Presbiterio de la Costa.
Fuente: Notiagen.
