El Tribunal Constitucional de España ha restablecido el derecho de la Universidad del País Vasco para dar clases a los presos y ha declarado nula la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el protocolo por el cual se matriculaba a reclusos del Estado y en el extranjero, según ha informado el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, en rueda de prensa. Aún así, para posibilitar que los presos vascos que cumplen condena en el Estado se matriculen en la Universidad del País Vasco será necesaria la firma de un acuerdo entre la universidad e Instituciones Penitenciarias.
Eso sí, como consecuencia de esta sentencia, la Universidad del País Vasco podrá volver a matricular presos de ETA que están en prisiones de Francia. Goirizelaia confía en firmar un convenio con Instituciones Penitenciarias para que los reclusos de ETA en prisiones españolas puedan también matricularse en la institución vasca.
Tras la decisión del TS de abril de 2009, la institución académica solicitó amparo al Constitucional, que se lo ha concedido. El alto Tribunal considera que el Estado ha vulnerado el derecho de la Universidad del País Vasco a la "autonomía universitaria" y restablece a ésta "en su derecho".
Iñaki Goirizelaia ha mostrado su "satisfacción" por la decisión del Constitucional, que da la razón a la Universidad, y ha considerado que "lo lógico" sería que ahora se facilitase la firma de un convenio entre la UPV e Instituciones Penitenciarias para que los presos se matriculen.
Antecedentes
Los antecedentes del caso se remontan a 2003, cuando se produjo la reforma de la Ley General Penitenciaria, en virtud de la cual, para que los internos pudieran acceder al servicio público de la educación universitaria, sería necesario que la Administración Penitenciaria suscribiera los oportunos convenios con universidades públicas.
Esta regulación y la negativa del Estado a establecer el convenio correspondiente con la Universidad del País Vasco, eliminó la posibilidad de que los internos en cárceles españolas pudieran cursar estudios en ella.
En octubre de 2004, el Consejo de Gobierno de la UPV aprobó, por unanimidad, un Protocolo de Atención de Personas Internas en Centros Penitenciarios, con el objetivo de que sirviera de base a un futuro convenio con Instituciones Penitenciarias y también para regular la prestación del servicio docente a personas que se encontraran en otros países. El citado protocolo se incorporó a la Normativa de Gestión Académica y Docente correspondiente al curso 2005-2006.
La Abogacía del Estado recurrió la citada normativa, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de la Universidad del País Vasco. No obstante, la sentencia fue recurrida y el Supremo dio la razón al Estado en abril de 2009. Ante esta decisión, la institución académica recurrió en amparo ante el Constitucional y éste le dio la razón el pasado 19 de diciembre. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, se impidió a 57 reclusos recibir clases de la Universidad vasca, al suspenderse sus matrículas.
Fuente: Kaos en la Red
