A propósito de las amenazas de muerte en la Universidad de Antioquia
Las organizaciones armadas paramilitares permanecen vigentes a pesar de la tan sonada desmovilización que surgió tras la negociación entre los mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Central Bolívar (BCB) con el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El Putumayo y Nariño, los llanos orientales, el Catatumbo, el Sur de Bolívar, el Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia y todas sus montañas, Córdoba, Urabá, el Valle, Chocó y el Eje Cafetero, son zonas donde día a día estas organizaciones se movilizan libremente, despliegan sus intereses económicos relacionados con la tierra que despojaron y que siguen despojando, regulan estructuras económicas legales (juegos de azar, venta de propiedades, ganadería extensiva, infraestructura, agroindustria), se especializan en el control de muchas formas de criminalidad (impuestos obligatorios, vacunas y extorsión, micro-tráfico, prostitución, robo de autos) y se nutren de las economías del narcotráfico y de la minería ilegal.
Es precisamente la diversidad y cantidad de regiones que controlan lo que les permite acomodarse a las formas económicas locales y tejer redes y alianzas con sectores políticos y de la Fuerza Pública. Es así como esta gran red a la que hoy equivocadamente le llaman “Bacrim”, no es otra cosa que la configuración de un proyecto armado, político y económico a gran escala que ha permitido la legalización del despojo de tierras, el establecimiento de la economía minera de gran escala, la regulación del sistema electoral bajo la opresión armada y la reconfiguración del sistema político, penal y judicial.
El Estado colombiano ha venido siendo mediado y ha sido constituido en las regiones a través del uso de la violencia política, la eliminación de la diferencia y la participación de grupos armados y élites económicas, políticas y militares locales.
Con un panorama como éste cabe preguntarse ¿Quiénes son los Urabeños?
Es una organización que desde el 2008 ha estado presente en muchas zonas del país y que en enero de este año con la declaratoria de un paro armado, tras la muerte de alias Giovanni, logró frenar las actividades económicas y sociales de gran parte del país, además es un hecho consumado: se pelean cuadra a cuadra algunos sectores de Medellín y ahora buscan instalarse en la U de A.
Esta organización armada es producto del poder armado que construyó el Bloque Elmer Cárdenas y el Bloque Bananero en el Urabá y el Norte del Chocó, pero recoge a su vez a cientos de combatientes de las ACCU en Córdoba y de las estructuras armadas del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, que tras la desmovilización, no encontraron alternativas en la vida civil o simplemente nunca participaron en la falsa “entrega” de armas.
Estas zonas del norte colombiano (Urabá, Norte del Chocó, Córdoba, Bajo Cauca y Nordeste) fueron objeto de fuertísimas disputas que decantaron en una hegemonía armada y en el control del grupo armado sobre extensos territorios de los que posteriormente se apropiaron empresarios agroindustriales (caso Curbaradó y Jiguamiandó) o sobre el que se exacerbaron las dinámicas de explotación ilegal y legal de la minería (Nordeste, Bajo Cauca).
A su vez dichos territorios se configuraron en zonas estratégica de retaguardia, de inversión y lavado de dineros y como rutas y pasos que conectan zonas de producción y tráfico de drogas.
Los Urabeños, cuyo nombre se debe básicamente a esta zona del país, deben su reputación al lugar de donde han salido miles de jóvenes combatientes a alimentar las filas del paramilitarismo desde mediados de los 90´s y que fueron vendidos y enviados a los Llanos Orientales, al Caquetá y otras zonas del país. Como puede comprobarse, de hecho fueron combatientes del Urabá los enviados a Mapiripán y Caño Jabón para ejecutar las masacres (Ver: http://www.verdadabierta.com/el-sec...).
Durante esta expansión y exportación del modelo paramilitar, de hombres armados que exterminan, masacran, despojan y dejan el campo libre para la inversión tanto legal como ilegal, es demasiado importante la figura de Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, quien contribuye a la organización de los Bloques Centauros y Capital y quien tras el asesinato del Miguel Arroyave huye hacia el Urabá donde su hermano Freddy Rendón alias “El Alemán”, quien además le da cupo para que se desmovilice con el Bloque Elmer Cárdenas. Pero en los llanos quedaron las bases de una organización vinculada al narcotráfico y que fue funcional a las élites políticas y económicas casanareñas y del Meta que pasó a ser conocida como ERPAC.
Tras la desmovilización (2003-2006) la MAPP-OEA, que es la encargada de vigilar el proceso de paz y los acuerdos, informó sobre la presencia de grupos que no se desmovilizaron o que se reorganizaron. Mientras tanto, en las regiones y sus periferias comenzaban a volar las Águilas Negras y a su paso seguían cayendo líderes, lideresas y jóvenes; amenazando procesos civiles de resistencia, de defensa de los Derechos y retorno a las tierras despojadas.
Las Águilas son grupos que siguen reorganizando los territorios y manteniendo el poder establecido por el paramilitarismo “desmovilizado”. En Octubre del 2008 aparecieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con un sonado despliegue mediático, panfletos y video. Las AGC lograron constituir una nueva organización que agrupaba tanto las expresiones de Águilas Negras y Urabeños en Antioquia, Córdoba y Chocó: así por los tres nombres son conocidos en varias regiones del país, siendo el de Urabeños el que más utilizan.
Los Urabeños, las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas, son una organización armada con especializaciones urbanas y rurales. Se destacan en zonas urbanas de ciudades intermedias como Apartadó, Segovia, Riosucio (Chocó), Tarazá, Arboletes, Caucasia, Montería; son jóvenes que participan en redes de inteligencia en las que se valen de teléfonos celulares y armas cortas, con jerarquías poco visibles pero férreas, que implantan horarios y toques de queda y mantienen un fuerte control social sobre las actividades organizativas locales como las JAC (Juntas de Acción Comunal).
En zonas rurales son predominantemente militares, con estructuras que pueden variar de los 30 a 100 hombres armados, uniformados, con insignias y con armas largas; tienen campamentos de entrenamiento donde llegan las y los jóvenes reclutados forzosamente o que se vinculan voluntariamente en veredas y ciudades; tienen una amplia movilidad y en algunas ocasiones donde se traslapan las territorialidades entran en combate con la guerrilla de las FARC, provocando desplazamientos forzados y constantes amenazas, como se demuestra en varios sectores del Urabá (San José de Apartadó) y el Nordeste Antioqueño (Remedios, Segovia).
El pasado reciente.
La jerarquía se reorganiza tras la falsa desmovilización, y en el Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca se forman alianzas para mantener lo ganado tras la guerra (tierras, economías y distinción). Los Urabeños se expandieron hacia otras zonas del país entrando algunas veces en disputa con otras organizaciones que también surgen del paramilitarismo y que históricamente han exhibido formas violentas de resolución de conflictos con la consabida regulación de las economías mafiosas y criminales que se complementan –también para los urabeños- con una estrategia contrainsurgente funcional a sectores políticos y militares.
La Oficina de Envigado es quizá la más representativa de estas organizaciones, pues había participado activamente en la guerra contra Pablo Escobar, consolidando un poder mafioso sin precedentes en Medellín y manejando a su antojo sectores enteros de la economía local, incidiendo incluso en el incentivo de políticas y ofertas para la inversión económica en la ciudad y la construcción discursiva de Medellín como una ciudad en posconflicto (lo que se conoció popularmente como la DonBernabilidad que le permitió a los gobiernos locales impulsar la inversión extranjera para hacer de Medellín un centro de negocios).
La Oficina también logró articular en su red a cientos de combos y bandas de las comunas centro orientales y occidentales tras la guerra que sostuvo a través del Bloque Cacique Nutibara contra el Bloque Metro, y participó activamente de masacres, asesinatos selectivos y amenazas contra líderes y lideresas sindicales, barriales, estudiantiles y defensores y defensoras de Derechos Humanos de la ciudad (Ver: Caso Santoyo, y General Pedreros).
Con la aparición de las AUC en 1997, la Oficina realizó varias alianzas y se valía de éstas para acceder a zonas estratégicas que le garantizaban el control de la economía del narcotráfico en el Urabá, en Córdoba y el Pacifico Chocoano. A su vez ingresó como actor legítimo al proceso de desmovilización armando tres Bloques: el Héroes de Granada, el Cacique Nutibara y el Héroes de Tolová.
Las décadas de control y acción de la Oficina dieron como resultado una dinámica urbana del conflicto donde aparecen múltiples actores que responden a diversos factores, pero que se relacionan por el uso sistemático de la violencia donde afloran gravísimos Conflictos entendidos éstos como un sinnúmero de problemáticas sociales de expresión local (política local, economía local, ejercicio del poder armado a nivel local) así como barrial (problemas familiares, controles y acciones de grupos delincuenciales y dinámica de la confrontación política armada).
Sin embargo, los lazos construidos comienzan a romperse con la extradición de los paramilitares y la “Oficina” decide incursionar directamente sobre territorios controlados por las Águilas Negras o Urabeños, a través del grupo armado conocido como Los Paisas, quienes hegemónicamente controlan el Valle de Aburrá.
Tras la salida de Don Berna, dos facciones se disputan el control sobre la Oficina entre el 2009 y el 2011, Valenciano que hace una alianza estratégica con los Urabeños y Sebastián que fortalece a los combatientes de Los Paisas. La Oficina busca nuevos espacios y exporta su modelo de “empresa criminal” hacia la costa Atlántica hacia donde también comienzan a moverse los Urabeños y donde también existen organizaciones regionales y locales que controlan la economía local ilegal.
Sin embargo tras las capturas de Valenciano, quien entregó Medellín (ya que tenía garantías para mantener la economía narcotraficante en el norte del país), y de Sebastián (quien había constituido a Los Paisas como una estructura armada militar altamente equipada), los poderes vuelven a reorganizarse y los intereses de los Urabeños por la ciudad se hicieron más evidentes.
La entrada de los Urabeños a Medellín se había iniciado desde el 2009 y las oportunidades de expansión económica que ofrece la ciudad les seducen con poder: un empresarismo que permite a la vez la reproducción de economías ilegales, además de las garantías que pueden obtener con una institucionalidad fácilmente cooptable, son el sustento de la iniciativa de esta organización por tomarse la ciudad.
Sin embargo la lectura debe ser más cuidadosa en tanto que no solamente están en disputa formas de control de la economía narcotraficante, sino otras redes de la economía local y las alianzas que tanto uno como otro grupo puedan tener con sectores de la Fuerza Pública que les llevan a mantener la estrategia contrainsurgente. Ya que estos grupos siempre mantienen vigente dentro de sus acciones la noción de “orden” con la cual controlan sectores sociales, mantienen el sistema violento impuesto y reprimen todo tipo de resistencia civil con prácticas punitivas colectivas y subjetivas donde la diferencia (política, subjetiva, sexual) es exterminada.
Lo que están haciendo los Urabeños hoy en la Universidad de Antioquia lo había venido haciendo también la Oficina de Envigado, con el cobro de impuestos, las redes de inteligencia, las amenazas y el control contra las organizaciones barriales y estudiantiles.
Medellín entra entonces en otra etapa de competencia violenta, su cercanía con sectores rurales, la infraestructura económica que permite el blanqueo de dineros con inversión en capitales y bienes raíces y la demanda de cientos de combatientes y jóvenes que han crecido con un arma entre las manos, son factores que permiten el advenimiento de una guerra en la que habrá una nueva fragmentación social local y donde no solamente se disputan intereses económicos sino ideológicos.
No es ajeno entonces que el miedo y el clima que crean estos grupos sirva para que se “legalice” de manera amplia y abierta prácticas policivas cuyas experiencias (que se apoyan en alianzas y mecanismos conniventes: Ver por ejemplo caso del General Marco Antonio Pedreros), se juntan para implantar medidas de fuerza concretas, hacer olvidar actos de corrupción y antidemocracia, y ejercer control –“Inteligencia”- sobre expresiones organizativas protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de Colombia y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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