El movimiento de presos políticos por la paz, saluda fraternal y revolucionariamente a los asistentes al Encuentro Internacional por la Solución Política y la paz con justicia social. “Los pueblos construyendo paz”
Extendemos nuestro abrazo al colectivo de colombianos y colombianas por la paz; Ruta social común por la paz y a las organizaciones e iniciativas de paz convocantes y agradece la invitación y su esfuerzo para que podamos hoy hacernos presentes en este trascendental acontecimiento.
Para nosotros, prisioneros y prisioneras políticas es muy significativo el hecho de que se nos permita expresar nuestro punto de vista sobre el proceso de diálogos que busca la terminación del conflicto armado y lo que implicaría la consolidación de un sistema social que nos permita como mínimo, disfrutar la vida en paz.
Empecemos por decir, que para los revolucionarios, que basamos nuestra teoría y nuestro accionar en la dialéctica, la paz no implica la ausencia de conflicto, puesto que es innegable que la contradicción genera desarrollo y para que haya desarrollo, se necesita que haya cambios y todo cambio genera reacción, que de una u otra manera es violenta, aunque no necesariamente física. ¿Cuántas veces no hemos tenido que violentarnos a nosotros mismos para asumir un nuevo estilo de vida o una nueva concepción filosófica?. Quien pretende vivir sin conflictos, está pretendiendo dejar de existir, ya que hasta los seres considerados inertes, constantemente están cambiando. Otra cosa muy diferente, es la forma como se aborde y se pretenda darle salida al conflicto cualquiera que este sea. Consientes del riesgo de que se nos siga tildando de anacrónicos, de anquilosados, de que nos hemos quedado en el pasado, nos permitimos hacer algo de remembranza, pues es evidente que lo que se pretende por parte de sectores de la derecha, es la negación del actual conflicto. Aunque para algunos siga sonando repetitivo, es necesario seguir diciendo, sin remontarnos tanto en el tiempo, que no fuimos nosotros los que generamos la actual confrontación armada:
¿Fuimos nosotros los que asesinamos a JORGE ELIECER GAITAN?, ¿fuimos nosotros los que conformamos la policía conservadora, para matar liberales?, ¿fuimos nosotros los proscriptores del partido comunista y los creadores del frente Nacional, negando así la legalidad de cualquier otra expresión política? ¿Quiénes fueron los inventores de las supuestas “REPUBLICAS INDEPENDIENTES” y su posterior invasión mediante el plan LASO?, ¿Quiénes fueron los que obligaron a los campesinos del sur del Tolima a empuñar las armas para defenderse?, ¿Quiénes fueron los que no permitieron a CAMILO TORRES RESTREPO, seguir predicando el amor efectivo al prójimo, desde el pulpito y la plaza pública?, ¿Quiénes fueron o son los que, cuando se vislumbró la posibilidad de paz, mediante los acuerdos de la Uribe, exterminaron a la Unión Patriótica?, ¿Quiénes son los que por décadas se han negado al reconocimiento del conflicto y dedicado a desvirtuar su esencia política?, ¿Quiénes son los que en aras de demostrar que están ganando la guerra, “reclutan” jóvenes incautos para después hacerlos aparecer como dados de baja en combate?.
Nuestra actitud de rebeldía armada por lo tanto, no ha sido otra cosa que la respuesta a todas estas agresiones de parte del Estado, contra quienes piensan diferente y consideran que una sociedad, donde el ser humano sea el centro de la política y no el elemento acumulación de riqueza, es posible. La guerra indiscutiblemente es un azote para la humanidad, pero esta, se hace necesaria cuando desde el poder y por la fuerza, se impide que se gesten cambios necesarios para que la humanidad siga su dinámica de desarrollo en pro de su realización como especie.
En los últimos años, la dinámica mundial y de Latino América ha venido cambiando y han aparecido otras opciones menos cruentas que la confrontación armada. Es cierto que estamos viviendo otras realidades. Quizá estemos entrando en una etapa, en que la humanidad pueda dirimir sus conflictos sin la necesidad de la eliminación física del contrario. Aún, en épocas anteriores, se lograron cambios sin necesidad de la guerra: mientras en toda América se libraban cruentas batallas por la independencia, el Brasil la logró por la concertación y con la anuencia del emperador Pedro II.
El doctor Humberto de la calle Lombana, dijo el pasado 17 de Octubre en la rueda de prensa en Oslo, que si las FARC-EP querían cambiar el sistema, tenía que ganarse las elecciones. Si no se repite lo de Jorge Eliecer Gaitán, lo de Pardo Leal, lo de Bernardo Jaramillo, lo de Pizarro León Gómez, lo de la UP, lo del frente popular, lo de a luchar, es posible que eso se dé; pero es que no basta con participar en las elecciones. Es necesario que se empiece desde ya a respetar y dar garantías para la actividad política, que implica no sólo el discurso, sino la participación activa y eficaz en la discusión de la política social y económica por parte del pueblo, representado en sus diferentes organizaciones y no que la misma sea monopolio del congreso de la república y los partidos convertidos en empresas electorales.
Pero el gran interrogante es, si el Estado colombiano está en condiciones de garantizar que todos los ciudadanos sin excepción puedan como es su deber y derecho, participar en política y si Podrá así mismo someterse a un profundo tratamiento aséptico para dejar de ser un estado mafioso, resolver el problema del paramilitarismo y evitar los falsos positivos que siguen siendo cosa del presente.
Decía también el doctor Humberto de la Calle, que las FARC-EP, tendrían que deponer las armas, pero no sus ideas; sin embargo, se molestó con el discurso de Iván Márquez, y los medios de comunicación, en aras de descalificarlo, lo anunciaron como el discurso “de un político”. Claro que es el discurso de un político.
Claro que tiene ambiciones políticas. Los rebeldes armados, los guerrilleros, somos políticos y tenemos ambiciones políticas. Se dice que hay que encontrarle una salida política al conflicto; pero se pretende que no se hable de él, que no se discuta sobre sus causas y que no se consideren sus efectos. Se pretende que sólo se asuma la responsabilidad del mismo, por parte de la insurgencia.
Los dueños de los bancos, los terratenientes y sus bocinas (los medios de comunicación), se pueden molestar con nuestro discurso; están en todo su derecho de hacerlo. Lo que no pueden hacer, es pedirnos que dejemos de hablar de economía, de política agraria, de minería, de política energética, de derechos humanos, de soberanía, de cultura, de educación, de administración pública, de política criminal, etc. Por eso quienes hoy estamos privados de la libertad por ser militantes de las FARC-EP o del ELN, y por acciones de guerra, somos presos políticos, La naturaleza de nuestra lucha, los propósitos y las formas de hacerlo, así lo indican y la misma constitución, la ley y las jurisprudencias de las altas cortes lo ratifican, pero el gobierno se niega a reconocernos, a pesar de haber aceptado la existencia del conflicto.
Los presos políticos hemos tenido que afrontar por años, las consecuencias del conflicto y las de nuestro compromiso político ideológico. Por ello, una buena parte del código penal y del código penitenciario, juegan el papel contrainsurgente definido por el estado, están hechos para castigar a los disidentes u opositores políticos.
Las penas para los delitos de rebelión y sus conexos han venido aumentando progresivamente en cada reforma. Se juzga cada tipo penal por separado, en un esfuerzo desesperado por negar el carácter político de nuestra lucha. Los juzgadores se inventaron la tesis de que el concierto para delinquir es compatible con el de rebelión y la corte suprema de justicia la ha aceptado y respaldado. El régimen carcelario atenta con la dignidad de los presos políticos, se nos disemina por todas las cárceles del país, impidiendo nuestro dinámica colectiva y la reafirmación de nuestros valores revolucionarios. Se nos impide la comunicación y se nos niega el derecho a la información.
Padecemos como los más de 110 mil presos del país, unas condiciones indignas y en ocasiones atentatorias contra la vida, pues no se garantizan las mínimas condiciones de bienestar que un ser humano necesita para vivir, y por el contrario se nos somete al hacinamiento, falta de atención en salud que ha llevado a compañeros a la muerte por estas causas. Se prohíbe, se restringe y se dificulta el ingreso de defensores de derechos humanos, organismos humanitarios y comisiones de verificación.
Desde las prisiones hoy continuamos luchando, por nuestro reconocimiento, por nuestra dignidad como luchadores sociales y políticos, por el respeto de los derechos humanos, por la paz, por la justicia social, por la libertad, por una nueva Colombia, libre democrática y en paz. Consideramos que este es el momento histórico para detener el desangre por razones políticas, como primer paso para lograr una sociedad donde nadie tenga que matar ni morir por intentar satisfacer sus necesidades básicas o por defender sus ideales.
La mesa de dialogo establecida entre el Gobierno del Presidente Santos y Las FARC-EP, con el acuerdo de agenda construido en la fase exploratoria “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el inicio de la segunda fase y el anuncio del interés de establecer una segunda mesa por voluntad del ELN y el Gobierno del presidente santos, son un paso importante.
Es necesario seguir construyendo un ambiente propicio para que este proceso siga su curso y pueda culminar en la paz duradera, anhelo inmenso de todos los colombianos. En esta dirección, saludamos la decisión de las FARC EP de decretar un cese al fuego y a las hostilidades, unilateral a partir del 20 de noviembre hasta el 20 de enero de 2013, es un hecho que ayuda a generar confianza en el proceso y al que los colombianos y la comunidad internacional debemos exigir una actitud reciproca del gobierno del Presidente Santos, como expresión real de su voluntad en este proceso. Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas deben ser repatriados, ningún colombiano debe ser extraditado y menos entregado como botín de guerra al imperio norteamericano. Esto hace parte de la generación de un ambiente propicio para la paz del país.
La solución política, implica, un acuerdo para la terminación del conflicto y la implementación de mecanismos concertados entre las partes, para que entre todos los colombianos podamos darle trámite a la solución de las causas que originaron el conflicto y encaminarnos hacia una paz con justicia social, estable y duradera. Esto significa que debe garantizarse la participación de la sociedad no solo como objetos del problema, sino como sujetos activos, participando y decidiendo sobre las causas que lo originaron y el país que aspiramos para las próximas generaciones de colombianos.
Hoy es decisivo insistir en la participación de la sociedad y como expresamos antes, no basta con los mecanismos de recolección de información sobre los problemas y causas del conflicto social, es necesario la construcción de escenarios de debate y de decisión, que dé cuenta de los procesos desarrollados por las comunidades, por ello, compartimos las propuesta que se vienen gestando desde diversas iniciativas como; los mandatos por la paz del Congreso de los Pueblos, el proceso de las constituyentes y cabildos planteadas por la Marcha Patriotica, los diálogos pastorales que viene adelantando la iglesia, la Convención Nacional propuesta por el ELN y el esfuerzo de unificar las iniciativas de paz en la Ruta Común para la Paz, como instrumentos de participación y de decisión en la solución política y la concreción de las bases de lo que puede ser un Gran Acuerdo Nacional, que nos lleve a un nuevo país en paz y equidad, aspiración de los colombianos.
De no ser así seguramente nos adentremos en una nueva frustración, donde se manifestara la profundización, agudización y atomización del conflicto, repitiendo experiencias pasadas tanto en el país como en Centroamérica.
Desde nuestra condición de presos políticos y luchadores sociales ratificamos nuestro compromiso con la humanidad, con la historia y seguiremos cumpliéndolo. Lo hemos hecho desde la clandestinidad, desde el barrio, desde la aldea, desde el llano, desde la montaña, desde la prisión. Esperamos que podamos seguirlo haciendo, libres, discutiendo, argumentando, obteniendo y concediendo la razón y que todos los ciudadanos puedan hacerlo sin el temor de la cárcel o del cementerio por atrevernos a soñar. ¿ Qué tiene de malo soñar?. ¿Qué daño hacen las utopías?
Porque estamos identificados con el Nicaragüense Omar Cabezas Lacayo cuando dice: “Yo subí a la montaña, llevando entre las puños aferrado un puño de ilusiones que nunca solté, que nunca se me ensució, y que nunca se me perdió; y si me fui hasta el tronco de lodo, sacaba la mano y ahí dentro andaba entre las manos un puño de ilusiones”.
Cárceles de Colombia Diciembre 3 del 2012
Para nosotros, prisioneros y prisioneras políticas es muy significativo el hecho de que se nos permita expresar nuestro punto de vista sobre el proceso de diálogos que busca la terminación del conflicto armado y lo que implicaría la consolidación de un sistema social que nos permita como mínimo, disfrutar la vida en paz.
Empecemos por decir, que para los revolucionarios, que basamos nuestra teoría y nuestro accionar en la dialéctica, la paz no implica la ausencia de conflicto, puesto que es innegable que la contradicción genera desarrollo y para que haya desarrollo, se necesita que haya cambios y todo cambio genera reacción, que de una u otra manera es violenta, aunque no necesariamente física. ¿Cuántas veces no hemos tenido que violentarnos a nosotros mismos para asumir un nuevo estilo de vida o una nueva concepción filosófica?. Quien pretende vivir sin conflictos, está pretendiendo dejar de existir, ya que hasta los seres considerados inertes, constantemente están cambiando. Otra cosa muy diferente, es la forma como se aborde y se pretenda darle salida al conflicto cualquiera que este sea. Consientes del riesgo de que se nos siga tildando de anacrónicos, de anquilosados, de que nos hemos quedado en el pasado, nos permitimos hacer algo de remembranza, pues es evidente que lo que se pretende por parte de sectores de la derecha, es la negación del actual conflicto. Aunque para algunos siga sonando repetitivo, es necesario seguir diciendo, sin remontarnos tanto en el tiempo, que no fuimos nosotros los que generamos la actual confrontación armada:
¿Fuimos nosotros los que asesinamos a JORGE ELIECER GAITAN?, ¿fuimos nosotros los que conformamos la policía conservadora, para matar liberales?, ¿fuimos nosotros los proscriptores del partido comunista y los creadores del frente Nacional, negando así la legalidad de cualquier otra expresión política? ¿Quiénes fueron los inventores de las supuestas “REPUBLICAS INDEPENDIENTES” y su posterior invasión mediante el plan LASO?, ¿Quiénes fueron los que obligaron a los campesinos del sur del Tolima a empuñar las armas para defenderse?, ¿Quiénes fueron los que no permitieron a CAMILO TORRES RESTREPO, seguir predicando el amor efectivo al prójimo, desde el pulpito y la plaza pública?, ¿Quiénes fueron o son los que, cuando se vislumbró la posibilidad de paz, mediante los acuerdos de la Uribe, exterminaron a la Unión Patriótica?, ¿Quiénes son los que por décadas se han negado al reconocimiento del conflicto y dedicado a desvirtuar su esencia política?, ¿Quiénes son los que en aras de demostrar que están ganando la guerra, “reclutan” jóvenes incautos para después hacerlos aparecer como dados de baja en combate?.
Nuestra actitud de rebeldía armada por lo tanto, no ha sido otra cosa que la respuesta a todas estas agresiones de parte del Estado, contra quienes piensan diferente y consideran que una sociedad, donde el ser humano sea el centro de la política y no el elemento acumulación de riqueza, es posible. La guerra indiscutiblemente es un azote para la humanidad, pero esta, se hace necesaria cuando desde el poder y por la fuerza, se impide que se gesten cambios necesarios para que la humanidad siga su dinámica de desarrollo en pro de su realización como especie.
En los últimos años, la dinámica mundial y de Latino América ha venido cambiando y han aparecido otras opciones menos cruentas que la confrontación armada. Es cierto que estamos viviendo otras realidades. Quizá estemos entrando en una etapa, en que la humanidad pueda dirimir sus conflictos sin la necesidad de la eliminación física del contrario. Aún, en épocas anteriores, se lograron cambios sin necesidad de la guerra: mientras en toda América se libraban cruentas batallas por la independencia, el Brasil la logró por la concertación y con la anuencia del emperador Pedro II.
El doctor Humberto de la calle Lombana, dijo el pasado 17 de Octubre en la rueda de prensa en Oslo, que si las FARC-EP querían cambiar el sistema, tenía que ganarse las elecciones. Si no se repite lo de Jorge Eliecer Gaitán, lo de Pardo Leal, lo de Bernardo Jaramillo, lo de Pizarro León Gómez, lo de la UP, lo del frente popular, lo de a luchar, es posible que eso se dé; pero es que no basta con participar en las elecciones. Es necesario que se empiece desde ya a respetar y dar garantías para la actividad política, que implica no sólo el discurso, sino la participación activa y eficaz en la discusión de la política social y económica por parte del pueblo, representado en sus diferentes organizaciones y no que la misma sea monopolio del congreso de la república y los partidos convertidos en empresas electorales.
Pero el gran interrogante es, si el Estado colombiano está en condiciones de garantizar que todos los ciudadanos sin excepción puedan como es su deber y derecho, participar en política y si Podrá así mismo someterse a un profundo tratamiento aséptico para dejar de ser un estado mafioso, resolver el problema del paramilitarismo y evitar los falsos positivos que siguen siendo cosa del presente.
Decía también el doctor Humberto de la Calle, que las FARC-EP, tendrían que deponer las armas, pero no sus ideas; sin embargo, se molestó con el discurso de Iván Márquez, y los medios de comunicación, en aras de descalificarlo, lo anunciaron como el discurso “de un político”. Claro que es el discurso de un político.
Claro que tiene ambiciones políticas. Los rebeldes armados, los guerrilleros, somos políticos y tenemos ambiciones políticas. Se dice que hay que encontrarle una salida política al conflicto; pero se pretende que no se hable de él, que no se discuta sobre sus causas y que no se consideren sus efectos. Se pretende que sólo se asuma la responsabilidad del mismo, por parte de la insurgencia.
Los dueños de los bancos, los terratenientes y sus bocinas (los medios de comunicación), se pueden molestar con nuestro discurso; están en todo su derecho de hacerlo. Lo que no pueden hacer, es pedirnos que dejemos de hablar de economía, de política agraria, de minería, de política energética, de derechos humanos, de soberanía, de cultura, de educación, de administración pública, de política criminal, etc. Por eso quienes hoy estamos privados de la libertad por ser militantes de las FARC-EP o del ELN, y por acciones de guerra, somos presos políticos, La naturaleza de nuestra lucha, los propósitos y las formas de hacerlo, así lo indican y la misma constitución, la ley y las jurisprudencias de las altas cortes lo ratifican, pero el gobierno se niega a reconocernos, a pesar de haber aceptado la existencia del conflicto.
Los presos políticos hemos tenido que afrontar por años, las consecuencias del conflicto y las de nuestro compromiso político ideológico. Por ello, una buena parte del código penal y del código penitenciario, juegan el papel contrainsurgente definido por el estado, están hechos para castigar a los disidentes u opositores políticos.
Las penas para los delitos de rebelión y sus conexos han venido aumentando progresivamente en cada reforma. Se juzga cada tipo penal por separado, en un esfuerzo desesperado por negar el carácter político de nuestra lucha. Los juzgadores se inventaron la tesis de que el concierto para delinquir es compatible con el de rebelión y la corte suprema de justicia la ha aceptado y respaldado. El régimen carcelario atenta con la dignidad de los presos políticos, se nos disemina por todas las cárceles del país, impidiendo nuestro dinámica colectiva y la reafirmación de nuestros valores revolucionarios. Se nos impide la comunicación y se nos niega el derecho a la información.
Padecemos como los más de 110 mil presos del país, unas condiciones indignas y en ocasiones atentatorias contra la vida, pues no se garantizan las mínimas condiciones de bienestar que un ser humano necesita para vivir, y por el contrario se nos somete al hacinamiento, falta de atención en salud que ha llevado a compañeros a la muerte por estas causas. Se prohíbe, se restringe y se dificulta el ingreso de defensores de derechos humanos, organismos humanitarios y comisiones de verificación.
Desde las prisiones hoy continuamos luchando, por nuestro reconocimiento, por nuestra dignidad como luchadores sociales y políticos, por el respeto de los derechos humanos, por la paz, por la justicia social, por la libertad, por una nueva Colombia, libre democrática y en paz. Consideramos que este es el momento histórico para detener el desangre por razones políticas, como primer paso para lograr una sociedad donde nadie tenga que matar ni morir por intentar satisfacer sus necesidades básicas o por defender sus ideales.
La mesa de dialogo establecida entre el Gobierno del Presidente Santos y Las FARC-EP, con el acuerdo de agenda construido en la fase exploratoria “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el inicio de la segunda fase y el anuncio del interés de establecer una segunda mesa por voluntad del ELN y el Gobierno del presidente santos, son un paso importante.
Es necesario seguir construyendo un ambiente propicio para que este proceso siga su curso y pueda culminar en la paz duradera, anhelo inmenso de todos los colombianos. En esta dirección, saludamos la decisión de las FARC EP de decretar un cese al fuego y a las hostilidades, unilateral a partir del 20 de noviembre hasta el 20 de enero de 2013, es un hecho que ayuda a generar confianza en el proceso y al que los colombianos y la comunidad internacional debemos exigir una actitud reciproca del gobierno del Presidente Santos, como expresión real de su voluntad en este proceso. Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas deben ser repatriados, ningún colombiano debe ser extraditado y menos entregado como botín de guerra al imperio norteamericano. Esto hace parte de la generación de un ambiente propicio para la paz del país.
La solución política, implica, un acuerdo para la terminación del conflicto y la implementación de mecanismos concertados entre las partes, para que entre todos los colombianos podamos darle trámite a la solución de las causas que originaron el conflicto y encaminarnos hacia una paz con justicia social, estable y duradera. Esto significa que debe garantizarse la participación de la sociedad no solo como objetos del problema, sino como sujetos activos, participando y decidiendo sobre las causas que lo originaron y el país que aspiramos para las próximas generaciones de colombianos.
Hoy es decisivo insistir en la participación de la sociedad y como expresamos antes, no basta con los mecanismos de recolección de información sobre los problemas y causas del conflicto social, es necesario la construcción de escenarios de debate y de decisión, que dé cuenta de los procesos desarrollados por las comunidades, por ello, compartimos las propuesta que se vienen gestando desde diversas iniciativas como; los mandatos por la paz del Congreso de los Pueblos, el proceso de las constituyentes y cabildos planteadas por la Marcha Patriotica, los diálogos pastorales que viene adelantando la iglesia, la Convención Nacional propuesta por el ELN y el esfuerzo de unificar las iniciativas de paz en la Ruta Común para la Paz, como instrumentos de participación y de decisión en la solución política y la concreción de las bases de lo que puede ser un Gran Acuerdo Nacional, que nos lleve a un nuevo país en paz y equidad, aspiración de los colombianos.
De no ser así seguramente nos adentremos en una nueva frustración, donde se manifestara la profundización, agudización y atomización del conflicto, repitiendo experiencias pasadas tanto en el país como en Centroamérica.
Desde nuestra condición de presos políticos y luchadores sociales ratificamos nuestro compromiso con la humanidad, con la historia y seguiremos cumpliéndolo. Lo hemos hecho desde la clandestinidad, desde el barrio, desde la aldea, desde el llano, desde la montaña, desde la prisión. Esperamos que podamos seguirlo haciendo, libres, discutiendo, argumentando, obteniendo y concediendo la razón y que todos los ciudadanos puedan hacerlo sin el temor de la cárcel o del cementerio por atrevernos a soñar. ¿ Qué tiene de malo soñar?. ¿Qué daño hacen las utopías?
Porque estamos identificados con el Nicaragüense Omar Cabezas Lacayo cuando dice: “Yo subí a la montaña, llevando entre las puños aferrado un puño de ilusiones que nunca solté, que nunca se me ensució, y que nunca se me perdió; y si me fui hasta el tronco de lodo, sacaba la mano y ahí dentro andaba entre las manos un puño de ilusiones”.
Cárceles de Colombia Diciembre 3 del 2012
