Fotomontaje: Verdad Abierta
El burro llevaba corbata. Tiraban de él dos estudiantes quienes bajo el más absoluto silencio lo pasearon desde la entrada de la Universidad de Córdoba hasta el frente del edificio administrativo. Su protesta era osada, sin duda; para ellos, inteligente. Se oponían a la posible reelección en la rectoría de Eduardo González Rada, de Mayorías Liberales, un grupo que lideraba en Córdoba el congresista Juan Manuel López Cabrales. La Universidad de Córdoba estaba en un periodo crítico en 2000, a meses de escoger al nuevo rector.
Mientras el burro encorbatado se paseaba por la edificación, en un salón se arremolinaron los trabajadores sindicalizados. Su universidad se la peleaban el poder político de siempre y el recién llegado poder paramilitar. Temerosos, los profesores decían que nadie podía evitar lo que todo mundo comentaba en las esquinas de Montería, que el poder de las armas de derecha se terminara de tomar la universidad. Había erradicado del plantel todo aquello que le sonara a izquierda, y había sometido al clientelismo enquistado allí desde hacía años.
La mockusiana escena del burro expresaba la indignación de los estudiantes con la corrupción que campeaba en la institución, pero también la rabia contenida por los asesinatos de los profesores Francisco Aguilar Madera en 1995 y Alberto Alzate Patiño en 1996 y del representante de los profesores ante diversos estamentos de la institución, Misael Díaz Urzola en 1998. Éste último terminó acribillado porque se atrevió a insistir en que se hiciera la convocatoria de las elecciones de los representantes estudiantiles. Muchos en la universidad habían tenido que huir para salvar sus vidas. Los que se quedaron callaban de miedo.
Las Auc habían asesinado a los profesores Aguilar, Alzate y Díaz cuando estaban en plena ofensiva para tomarse la Universidad. En 1998, el entonces jefe la organización armada, Carlos Castaño, anunció la creación de los “Comandos Campesinos Caribe”, con el objetivo específico de intervenir en las universidades de la Costa, y su lugarteniente, Salvatore Mancuso, comenzó por la de Córdoba.
Los violentos ni siquiera permitieron la alegórica representación del burro. Dos de los estudiantes que montaron la escena fueron secuestrados luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y posteriormente tuvieron que salir del país, y hoy viven asilados en Canadá.
Rector desiste
Eduardo González Rada, matemático de profesión, fue el último rector puesto en la universidad por el patriarca liberal de Córdoba, el senador López Cabrales. Al despuntar el nuevo siglo, prácticamente todo estaba dicho para que saliera reelegido por una consulta a la comunidad universitaria. Los candidatos que sacaran más del 30 por ciento de la votación tenían derecho a pasar a la siguiente instancia ante el Consejo Superior de la Universidad, y éste, escogería rector entre los finalistas.
En plena campaña de reelección, sin embargo, el rector González Rada fue obligado a asistir a un encuentro con los paramilitares en el Alto Sinú y al regresar a Montería, desistió de su aspiración. Los rumores de que su gestión en la universidad había sido muy corrupta habían llegado a oídos de los mandamases de las Auc. El profesor Hugo Iguarán Cote denunció irregularidades en el gasto de la Universidad; miembros del sindicato y de la dirigencia estudiantil también dijeron que la ejecución del presupuesto era inconsistente. Entonces Castaño y Mancuso, que de fuerza contra-guerrillera pasaron a ejercer un supra-poder en casi todo lo que ocurría en Córdoba, tuvieron la disculpa perfecta para meterse a imponer su propia ley en la universidad.
Con la salida forzada de González, aparecieron diez candidatos nuevos a la rectoría. Entre ellos, estaba Víctor Hugo Hernández Pérez, otro liberal de origen ‘lopista’, quien desde 1998 había entrado a trabajar en la universidad. Durante cuatro años dirigió el Centro Regional de Educación a Distancia (Cread). Con el respaldo de sectores de la universidad, pues ya se había alejado de las filas ‘lopistas’, Hernández se inscribió oficialmente como aspirante a la rectoría en junio de 2000. El senador López Cabrales había preferido apoyar al profesor Havid Barrera.
Hernández ganó la consulta popular interna con casi el 53 por ciento de los votos, seguido de Havid Barrera, que superó el 30 por ciento. El Consejo Superior de la institución tenía que definir entre estos dos aspirantes que pasaron el umbral. Por los siguientes dos meses hasta agosto de 2000, las Auc enviaron razones al Consejo de que no podía elegir a la ficha de López Cabrales, y los consejeros divididos no decidían.
Los paramilitares ya tenían cómplices trabajando en la universidad, como César Bedoya, quien posteriormente fue asesinado.
El miedo cundió en los salones de la universidad. Llegaban rumores de amenazas, de supuestas decisiones tremendas tomadas arriba, en la finca Capilla, de Mancuso, o en Santa Fe Ralito (municipio de Tierralta). Algunos se dedicaron a rezar por el nombramiento de Hernández Pérez, armaron cadenas de oración y montaron vigilia en las puertas de la universidad en Montería. Ese día incluso nació un niño, hijo de una estudiante, al que bautizaron como Víctor Hugo.
El 12 de septiembre de 2000, el Consejo Superior resolvió escoger a Hernández. Se creyó que las muertes pararían allí, pues éste, se comenzó a especular con fuerza, era el respaldado por los paramilitares. Pero no fue así.
Crimen en casa del elegido
Varios testigos aseguraron ante las autoridades que Víctor Hugo Hernández y Hugo Iguarán habían hecho un pacto de caballeros antes de la elección y habían acordado que quien ganara nombraría al otro como su vicerrector administrativo.
La alegría de haber ganado no le duró mucho a Hernández. La misma noche en que se proclamó su triunfo, pasadas las diez, varios hombres de las autodefensas llegaron a buscarlo. Uno de ellos le dijo: “El señor quiere hablarle”. Ahí supo Hernández que era Mancuso quien lo mandaba a llamar. En ése y en otros encuentros, el jefe armado le hizo saber que había ganado la rectoría porque él se lo había permitido y que debía consultar con ellos todas las acciones y nombramientos que hiciera en la institución, para así garantizar la transparencia en la universidad.
Sin contarle a nadie, escondiendo su miedo, Hernández continuó adelante con sus planes en la rectoría. Para anunciar quiénes estarían en su equipo, el 10 de septiembre de 2000 citó en su casa de Villa del Río de Montería a una reunión en la que incluyó a Iguarán, pues pensaba cumplirle la promesa de nombrarlo vicerrector. Pero no alcanzó a anunciarlo cuando dos tipos armados irrumpieron en la residencia y uno de ellos disparó contra Iguarán y lo mató.
La sospecha siempre quedó sobre Hernández. ¿Sabía él, que estaba en tratos con Mancuso, que iban a asesinar a Iguarán?
Walter José Mejía López, alias ‘el Mello’, preso en la cárcel Ternera de Cartagena lo acusó ante el fiscal Fabio Severiche; sin embargo luego, el 15 de octubre de 2008, no lo pudo reconocer en la fila de personas que le pusieron las autoridades. Es más, se retractó públicamente argumentando que había sido influenciado por el fiscal Severiche. Hoy, más de cuatro años después de esa diligencia insiste en que su testimonio contra Hernández había sido falso.
Antonio José Flórez González, profesor de la Universidad y miembro del Sindicato, en declaración jurada el 30 de octubre de 2007 aseveró que el homicidio de Iguarán obedeció a que era un académico formado, con experiencia y crítico y que eso iba en contra de los intereses de Víctor Hugo Hernández. El profesor Flórez atestiguó pues había estado en la casa del rector elegido, Hernández, ese mismo día en fue asesinado Iguarán.
El autor material de un primer atentado contra Iguarán, el paramilitar desmovilizado Jorge Andrés Medina Torres, alias ‘Brayan’, afirmó ante la justicia el 10 de septiembre de 2008 que Mancuso dio la orden de matar a Iguarán y de ello tenía conocimiento Hernández. Sostuvo además que Hernández en varias ocasiones se había reunido con el jefe de las autodefensas para tratar temas de la Universidad de Córdoba, siendo César Bedoya, trabajador de la Universidad, quien señalaba a las personas que deberían ser asesinadas en el platel y que, de hecho, el día del crimen de Iguarán, Bedoya estaba en la casa de Hernández. EL 17 de marzo de 2009, nuevamente a la Fiscalía, Medina dijo con relación a Hernández, “nunca hubo amenazas contra él que yo sepa. Él era candidato de Mancuso…”.
Hernández siempre ha sostenido que las inculpaciones son falsas.
De todos modos, con los fusiles de las Auc en la nuca, Hernández asumió la rectoría. Pronto entendió que por “transparencia”, estaba obligado con Mancuso a nombrarle a quién él dijera en cada cargo. Aguantó un año y medio, y el 30 de mayo de 2002 renunció irrevocablemente al cargo. En su carta alegó problemas personales, no habló con nadie y huyó de Montería.
El 8 de junio de 2002 hizo llegar un informe de su gestión, y una carta al Ministerio de Educación Nacional, al Director de Educación de Educación Superior, a la Directora del Icfes, a la oficina de Planeación del Icfes, al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, a la Defensoría del Pueblo, a la Diócesis de Montería y a los medios de comunicación. Allí les explicaba que “por razones ajenas a mi voluntad y la necesidad de garantizar mi seguridad y la de mi familia, me vi en la necesidad de renunciar al cargo de rector de la Universidad de Córdoba”.
Más tarde le escribió al recién posesionado presidente Álvaro Uribe, muy cercano a los temas cordobeses pues por años ha tenido allí su finca ‘El Ubérrimo’. Le pidió ayuda para poder salir del país como refugiado. La respuesta le llegó mediante oficio 8201 del 28 de octubre de 2002. En ésta, la Secretaria Privada de la Presidencia acusó recibo de la comunicación y le informó que la remitió al Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Pero ese despacho, ni ninguno lo llamó para ofrecerle la protección que solicitaba.
El 1º de diciembre de 2006, Hernández solicitó auxilio a la Defensora del Pueblo de Montería, María Milene Andrade (quien luego fue nombrada vicecónsul en Nueva York). Y ella lo asesoró. El 10 de julio de 2007 en escrito dirigido a la Comisión Nacional de Reparación solicitó la indemnización del Estado por la intimidación, amenazas y presión de las Autodefensas, argumentando que “durante el tiempo que se desempeñó como rector experimentó una especie de secuestro personal e institucional”. Después de golpear otras puertas, al final, a través la Pastoral Social de la Iglesia, le ofrecieron asilo en Santiago de Chile, a dónde se fue vivir con su hijo menor, bajo la condición de refugiado. Allí permaneció casi dos años.
A su regreso, en febrero de 2008, descubrió, de la peor manera, que era serio el cuento de que la Fiscalía le seguía un proceso por el crimen de Hugo Iguarán, como le había contado por teléfono un profesor amigo de Cartagena. Walter Mejía, alias ‘el Mello’, preso en una cárcel en Cartagena, aseguraba que él había sido cómplice. Apenas se bajó del avión en el aeropuerto El Dorado fue detenido. Duró preso casi un año, batallando ante la justicia, alegando su inocencia. Cuando fue hallado culpable del crimen decidió huir del país. Ahora está prófugo, pues está condenado en primera instancia a 35 años de cárcel por el asesinato de su colega Iguarán. Desde su escondite habló con VerdadAbierta.com.
Cuando Hernández huyó, lo reemplazó en la rectoría de la universidad, Claudio Enrique Sánchez. Como la de Hernández, la de Sánchez tampoco fue una elección libre. Hubo forcejeo en el Consejo Superior y en Montería se rumoraba que era otra imposición de Mancuso. La justicia le abrió investigación a Sánchez y a la secretaria general de la universidad, Luisa Marina Lora y fueron encarcelados en diciembre de 2008, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, amenazas y constreñimiento. Fueron puestos en libertad poco tiempo después.
VerdadAbierta.com le pidió al ex rector Sánchez Parra su versión de la historia, y éste dijo que respondería más adelante, pero luego no volvió a responder su teléfono. Al contactar a Luisa Marina Lora, ella respondió que no le interesaba hablar sobre el tema de la universidad.
Fiscal en duda
El fiscal Fabio Severiche, que llevó el caso contra el ex rector Hernández, fue condenado en primera instancia en abril de 2010 como cómplice de concusión, por haber intentado extorsionar a un empresario de Cartagena a cambio de cerrarle un proceso por asesinato en su contra. Para cometer el delito, tuvo ayuda de un fiscal de Justicia y Paz, quien también fue condenado, y algunos desmovilizados del paramilitarismo que estaban presos en la cárcel de Ternera y en otras, quienes estaban dispuestos a acomodar sus testimonios, a cambio de obtener mayores beneficios judiciales y de dinero. En mayo de 2012, la condena a 48 meses de cárcel fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cartagena.
El hecho de que las acusaciones contra Hernández puedan provenir de testigos falsos hace aún más difícil para la justicia dilucidar su caso. Pero lo que sí se puede afirmar, es que cuando fue elegido, el miedo vivía en la Universidad de Córdoba, y realmente nadie era libre.
Había sido una década, desde principios de los años noventa, hasta la desmovilización de Mancuso en 2004, en que loas autodefensas cometieron muchos delitos en la Universidad de Córdoba, asesinaron y, forzaron al exilio a profesores y estudiantes. Era imposible que su plan de sanear la universidad con violencia y crimen pudiera funcionar. Un centro de pensamiento e inteligencia no puede funcionar bien a punta de bala y de brutalidad.
