Panorámica de la Plaza de Bolívar. Foto: Prensa Universidad
Con pancartas, actos culturales y música, estudiantes de universidades públicas y privadas marcharon este miércoles por las principales ciudades de Colombia para pedir al Gobierno que retire del congreso el proyecto de Reforma a la Educación Superior.
Mientras, en la Comisión sexta de la Cámara se realizaba una audiencia pública en la que rectores y estudiantes presentaron sus posiciones sobre el proyecto.
Los líderes estudiantiles ratificaron este miércoles que no cesarán el paro nacional de universidades hasta tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos retire del Congreso un proyecto de reforma de la educación superior.
El gobierno mantiene que está dispuesto a dialogar y que el escenario para ese debate es el Congreso, pero que no retirará el texto que presentó a las cámaras el 3 de octubre, que entre otras cosas, establece que las instituciones de educación superior estatales tendrán personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera. Según los estudiantes, eso abre la puerta a que una universidad sea tratada como si fuera una empresa y se pueda declarar en quiebra si carece de fondos para su financiamiento.
"No es por ser intransigentes, es sólo que (el gobierno) retire el proyecto y sí nos sentamos a la mesa, seis meses, un año y presentamos un proyecto consensual al Congreso", dijo el dirigente estudiantil Juan Sebastián López, de 24 años, estudiante de derecho en la privada Universidad Externado.
Los estudiantes universitarios, al menos 1,8 millón de alumnos de 37 centros públicos y 17 privados en todo el país, entraron en un paro indefinido el 11 de octubre reclamando el retiro del proyecto porque no habían sido consultados para su redacción.
Los estudiantes marcharon este miércoles y se congregaron en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá. Por lo menos 1.500 policías “acompañaron” las marchas en la capital colombiana.
La manifestación transcurrió sin inconvenientes pero con mucha creatividad desde cada una de las universidades y facultades, que a su manera expresaron su rechazo a la nueva ley de educación superior. "Preferimos preder un semestre de universidad que la universidad en un semestre", fue la consigna más escuchada a raíz de las palabras de la ministra, de juan Manuel Santos y del rector de la Universidad Nacional quienes llamaron a retomar clases y esperar el trámite legislativo en el congreso.
En todo el país se dieron nutridas marchas. En Medellín (estaremos ampliando la información) la movilización terminó en disturbios en la Universidad de Antioquia, luego de que agentes infiltrados de la extrema derecha se enfrentaran contra el ESMAD para que éste último agrediera a la comunidad universitaria. En Bucaramanga la fuerza pública la emprendió contra los manifestantes causando cuatro estudiantes heridos, uno de gravedad y 25 detenidos.
"Estamos de acuerdo con la autonomía académica, pero no financiera... el Estado debe ser el responsable" del total financiamiento, dijo López al destacar que ya algunos centros públicos se financian en un 50% con aportes del Estado y el otro 50% cobrando posgrados o alquilando algunas de sus instalaciones como salas o auditorios para conciertos. "El miedo de nosotros es que se llegue a lo de Chile" donde la mayor del financiamiento es privado, según dijo López.
Según el gobierno el proyecto es necesario porque el sistema actual data de 1992 y desde entonces más bachilleres se gradúan cada año y por eso el Estado asignará más dinero para crear más cupos: al menos unos 600.000 millones de pesos (unos 315 millones de dólares) de 2012 a 2014, según ha dicho el Ministerio de Educación. El gobierno mantiene que creará al menos 600.000 nuevos cupos en educación técnica, tecnológica y universitaria, pero los estudiantes dicen que con ese presupuesto "es imposible crear" más puestos y que quizá alcance a generar unos 20.000 cupos.
Las asociaciones de estudiantes universitarios del país han mostrado su desacuerdo con el proyecto de reforma a la Ley 30, la cual defiende tanto el Gobierno, como rectores de universidades (estos últimos con algunas objeciones). Mientras el Gobierno, en cabeza de la Ministra de Educación,María Fernanda Campo, la defiende como una iniciativa que permitirá conseguir nuevos recursos para fortalecer a las universidades públicas, y a su vez mejorar en cobertura y calidad; los estudiantes sostienen que se trata de una reforma que busca convertir el sistema educativo del país en un negocio, en el que entidades financieras resultarán beneficiadas.
Los estudiantes sostienen que la reforma "tiene un ánimo privatizador" y que el monto que el Gobierno pretende asignar a las universidades públicas en los próximos años no corresponde con el necesario para garantizar las metas de crecimiento en cobertura que plantea el Ejecutivo para los próximos años.
Por su parte, la ministra de Educación argumenta que el debate de la iniciativa, antes de su presentación en el Congreso,” sí ha contado con las posiciones de estudiantes y rectores de universidades” y que con su aprobación se garantizará el acceso a la universidad para los jóvenes más pobres, mediante el aumento de los créditos y subsidios.
Agencia Prensa Rural / Prensa Universidad
