Por lo menos mil docentes, en su mayoría normalistas, obtuvieron títulos falsos de licenciados de la Universidad del Atlántico en departamentos como Guajira, Cesar, Magdalena, Santander y Boyacá.
Al parecer, exfuncionarias de Uniatlántico, coordinadoras de los programas que están siendo investigadas, montaron un negocio en el que por 3 y 5 millones de pesos, homologaban títulos de profesionales de la educación tras capacitaciones exprés que no superaban un año.
En este fraude, que afecta a por lo menos mil profesores que cayeron incautamente, la universidad fue reconocida como víctima por la Fiscalía al igual que los entes territoriales a los cuales se encuentran vinculados los docentes desde 2009.
Los programas irregulares se promocionaron a través de la radio y se desarrollaron en sedes de colegios.
Tres estudiantes oriundos de Manaure Balcón del Cesar y Valledupar, presentaron un derecho de petición en enero pasado a la rectoría de la Uniatlántico, en el que pidieron certificar la existencia de los convenios entre ONG y otras organizaciones con la universidad, que a la postre resultados fraudulentos. En el documento detallan el modus operandi de la red.
Delvis Rangel, Daimer Bacca y Ángela Rodríguez, contaron que "nos inscribimos en un programa de homologación de saberes dirigidos a normalistas superiores para que en un año terminaran la licenciatura de educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. El programa inició en el mes de enero y terminaba en el mes de diciembre. Para terminar antes, es decir, en octubre optamos por dar clases los días festivos".
Al descubierto. Pero las alertas de la Universidad ya se habían encendido tiempo atrás. En febrero de 2010 el presbítero Luis Carlos Bermúdez, coordinador de la Diócesis de Valledupar, a cargo de la educación en zonas de difícil acceso del Cesar, solicitó a la Facultad de Ciencias de la Educación la verificación de documentos de "licenciados titulados", anexando fotocopias y actas de grado con una relación de profesores vinculados a la nómina. La decanatura le aportó una lista de 12 personas con documentos falsos.
Bermúdez contó que "decidimos retirar a esos docentes y dar por terminada su relación laboral con nosotros. Son 12 docentes los que presentaron esta situación, que son pocos para los 500 que prestan sus servicios a la Diócesis para llevar la educación a las zonas dispersas, a través de un convenio con la Gobernación del Cesar".
Entre tanto, Omar Contreras Socarrás, jefe de Control Interno de la Gobernación del Cesar, confirmó que hay 155 docentes los investigados por el aporte de títulos presuntamente falsos, para escalafonarse. Son diplomas en licenciaturas, especializaciones y créditos.
Las investigaciones están en diferentes etapas, 144 en indagación preliminar y 11 en pliego de cargos. No obstante, el funcionario consideró que la mayoría de los docentes procesados fueron asaltados en su buena fe. Como aún no ha habido un fallo en firme, los implicados continúan prestando sus servicios.
En La Guajira, el presidente de la Asociación de Educadores, Asodegua, Fabio Herrera, reveló que se tiene conocimiento de unos 40 maestros con el problema, algunos de los cuales ya han interpuesto denuncia.
Se desconoce hasta qué punto estos agentes externos estuvieron conectados con funcionarios del ente. Probablemente esa pieza del rompecabezas será revelada por las autoridades.
Las investigadas
Al cruce de comunicaciones con la Diócesis vallenata le siguieron otras peticiones, correos electrónicos y llamadas de personas a la Universidad del Atlántico dando a conocer el fraude. Así se detectaron convenios falsos entre la institución pública y organismos como la Fundación para el Desarrollo Educativo, Cultural y Social de la Guajira, Fundesc, representado por Yelitza Deluque. Asimismo, otro que ejecutaba Ofelia Daza en municipios cesarenses. Estas dos personas son investigadas actualmente. Uno de los procesos los lleva la Fiscalía octava, seccional Valledupar, de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, por denuncia de la universidad a través de su apoderado, el abogado Gaspar Hernández, a raíz de la presunta defraudación. En aras de conocer la versión de las involucradas, el diario El Heraldo se trasladó hasta las direcciones que registran como sus lugares de residencia en las capitales de La Guajira y del Cesar, pero en ninguna de las dos dieron razón de ellas.
