Sepelio de Gonzalo Bravo Perez
*En estas dos fechas, se conmemoran el asesinato del primer estudiante en la historia del país, en 1929 y la única masacre de universitarios que haya visto el país en junio de 1954. Centro de Memoria publica un pasaje inédito de las jornada de hace 56 años
Si hay una fecha que aun no se desvanece con el tiempo, es el 8 de junio. En especial, para los estudiantes universitarios. Todos, de una u otra manera, en alguno de sus semestres oyeron hablar de esta jornada. Más el 9 que completó el recordatorio.
Hace 81 años, cuando le hegemonía conservadora presidida por Abadía Méndez se debatía en su peor crisis tras más de cuatro décadas en el poder y con el saldo de la matanza de las bananeras a sus espaldas, el estudiantado marcó el principio del fin de aquel periodo oscuro del país.
Grandes movilizaciones tenían lugar, especialmente en Bogotá. El 8 de junio de 1929, una marcha de estudiantes de la Universidad Nacional, en protesta contra el gobierno, a su paso por el Palacio de la Carrera (nombre que tenía la actual casa de Nariño) fue hostigada por la policía.
No demoraron las ráfagas de la fusilería para dispersar a los manifestantes que exigían el fin de "la rosca", como el pueblo calificaba al régimen y que en todas las demostraciones caricaturizaban ensartando el panecillo ahuecado en una vara.
Gonzalo Bravo Pérez, un aguerrido estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional, caía víctima de las balas oficiales.
Hijo de una ilustre familia bogotana, cuyo padre había sido parte del gobierno, Bravo Pérez se convertiría en el símbolo de la unidad nacional contra el despotismo. Su sepelio (ver foto) movilizó a millares de capitalinos y menos de un año después de la tragedia se vendría al suelo el régimen conservador.
Desde entonces, los universitarios convirtieron el 8 de junio como el Día del Estudiante. Que se conmemoraba, primero, con una visita al cementerio central de la calle 26, para recordar a Bravo Pérez y luego con actividades deportivas y de sano jolgorio, incluida la elección de la reina de los estudiantes.
Veinticinco años después, ese 8 de junio tendría un sabor amargo para todo el país. Después de la visita a la tumba del primer estudiante caído, el desfile que había salido de las puertas de la Nacional en la calle 26, regresó a los predios de la Universidad. Allí tenían lugar algunas justas deportivas y se preparaba el reinado, cuyo cetro ostentaría la bella universitaria Nidya Quintero.
La paz reinante en e
Estos se opusieron férreamente y entre ellos descolló Uriel Gutiérrez, alumno de cuarto año de medicina, y segundo de filosofía, hijo de educadores y proveniente de Aranzazu, Caldas.
Uriel, un fornido muchacho de 1.80 de estatura con un alambre de púas se dio a la tarea de bloquear el paso de la tropa a la entrada de la Ciudad Blanca en la 26.
Otra ráfaga de disparos, como la de 1929, cegaba la vida de Uriel Gutiérrez. Murió de un tiro en el cerebro a sus 24 años. Apenas había pasado el mediodía de ese aciago 9 de junio de 1954.
De inmediato se organizó la protesta que se traduciría en una gigantesca marcha hacia el Palacio presidencial. El general Rojas Pinilla, quien se preparaba por esos días a celebrar su primer aniversario en el poder, que tomara en un asalto de cuartel el 13 de junio, autorizó la movilización y seguramente pensaba recibir a los adoloridos estudiantes.
Sin embargo, a los 10.000 universitarios de la Nacional, Javeriana, Externado, Andes, Libre, El Rosario, Gran Colombia, América y algunos de bachillerato, se les impidió el paso a la altura de la calle 13 entre carreras octava y séptima. Todos con pañuelos blancos optaron por sentarse en los andenes coreando consignas de justicia y condena a los asesinos de Uriel Gutiérrez.
Por allí no había sido el descampado de tapias de las obras que comenzaban del edificio Murillo Toro, donde hoy funciona el Ministerio de Comunicaciones. (Ver foto)
A eso de las 11 de la mañana, tropas del Batallón Colombia, que recién llegaban de la guerra perdida de Corea, (Colombia fue el único país de América Latina que envió un contingente militar) en atronadora salva de fusilería dispararon contra los inermes estudiantes.
Soldados disparando a los estudiantes
Nueve muchachos caían aquel 9 de junio en el centro de Bogotá. Sus nombres siempre serán recordados por el movimiento estudiantil: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, Jaime Pacheco Mora, Hugo León Velásquez, Hernando Morales, Elmo Gómez Lucich, (peruano, activista de la juventud comunista), Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos J. Grisales.
Uno de ellos, Jaime Pacheco Mora, fue perseguido y asesinado a dos cuadras al norte, en plena Av. Jiménez. En esta crónica narramos como fue su muerte y las maniobras para esconder el crimen.
Los heridos de bala pasaron de una veintena.
Rojas Pinilla, a través de su ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, y del general Duarte Blum, comandante del ejército, no tardó en acusar a los conservadores laureanistas, que no habían apoyado el llamado golpe de opinión contra Laureano Gómez el 13 de junio, a diferencia de los ospinistas, y a los comunistas como responsables de la matanza.
Los ministros de Rojas señalaron que vieron salir disparos de uno de los edificios aledaños al sitio de la manifestación, que dieron justo en el cuerpo del sargento que comandaba la tropa. "Los soldados cayeron primero, yo lo vi", dijo el ministro de Justicia, Gabriel París, quien seguía los hechos desde una ventana de su despacho; "en estas condiciones era elemental que la tropa disparara en legítima defensa", declaró El Tiempo en su edición del 10 de junio de 1954.
Meses después una investigación oficial demostró que no hubo tal complot. Sin embargo, jamás fueron apresados los responsables a ningún nivel y menos hubo condenas.
El 8 y 9 de junio salpica a la prensa. El crimen de Pacheco Mora
A continuación publicamos, del autor de estas líneas, un pasaje inédito de la obra por publicarse, "La censura de prensa, la otra violencia", donde se revelan por primera vez algunos episodios de aquellas jornadas de 1954.
Si los acontecimientos de creciente despotismo que rodeaban al país al acercarse el primer aniversario del "golpe de opinión" del 13 de junio, aun no eran suficientes para probarle a la prensa que se estaba frente a una tiranía, la matanza de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954 debía encargarse de poner las cosas en su sitio. Pero no. Los diarios continuaron, contra toda evidencia, en su desorbitada acción de halagos al gobierno mientras la censura se desbocaba.
Con los hechos del 8 y 9 de junio el gobierno sabe que es imposible mantener relaciones de entendimiento con la prensa y en una circular a todos los medios con fecha 9 de junio, el mismo día de la matanza estudiantil en Bogotá, la ODIPE ( Oficina de Prensa de la Presidencia) anota que "el Presidente, a pesar de la gravedad de los sucesos, insiste en que la prensa goce de libertad para informar y comentar, pero desea que los directores de la prensa capitalina se sirvan tener muy presente las siguientes instrucciones: 1)debe evitarse rigurosamente el despliegue fotográfico.2) A los titulares debe dárseles un espacio prudencia, con el objeto de evitar alarmismo. 3) Las noticias, comentarios e informaciones deben orientarse con un criterio de colaboración patriótica al gobierno de las Fuerzas Armadas".
Con razón El Espectador tituló a todo lo ancho de la edición vespertina del 9 de junio: "Comunistas y laureanistas buscaban la caída del gobierno", citando una frase del comandante de las Fuerzas Armadas, Duarte Blum. Un auténtico titular con criterio de colaboración patriótica. Gilberto Vieira, secretario general del partido comunista, a nombre de su organización, desmintió lo que consideró una patraña en un breve comunicado que publicó El Espectador en la primera página.
Pero el gobierno cambia sus propias reglas y ya no se les dice a los periódicos que se sometan a las anteriores instrucciones: vienen las amenazas abiertas. De esta manera se avisa el 17 de junio que "por disposición determinante del ministro de Guerra, toda clase de informaciones relativas a las Fuerzas Armadas, no podrán publicarse sin el visto bueno personal del señor ministro de Guerra y su firma...La publicación de cualquier noticia o crónica de esa naturaleza, sin el requisito mencionado, será sancionada adecuadamente..."
Los diarios no reaccionaban aún y dejaban pasar por alto arbitrariedades que nunca llegaron a conocer los lectores en esos días.
Esta inconsecuencia, cuyo pago fue muy alto el día en que los medios sufrieron el peor castigo con su clausura, ya tarde, cuando debían haber organizado la denuncia desde un comienzo sobre el ataque a las libertades, se palpa en la adolorida carta de El Espectador del 9 de junio al comandante Duarte Blum. El diario se queja que no obstante haber puesto en conocimiento de la ODIPE el contenido de la edición vespertina extraordinaria sobre los sucesos del 8 de junio en la Ciudad Universitaria, fueron víctimas del asedio militarista.
"Cuando la edición iba ser repartida a los voceadores se presentaron en nuestras oficinas varios soldados, penetraron sin orden ninguna, en el departamento de correos, decomisaron la edición del periódico y detuvieron a varios vendedores de prensa que tenían ya en su poder ejemplares de la edición. En la calle soldados arrebataron al público los ejemplares que alcanzaron a adquirir y detuvieron a varios voceadores que recorrían distintos sectores de la ciudad", escribe en su misiva Guillermo Cano.
La comunicación de Cano a Palacio y a la ODIPE sobre el atropello que allí supuestamente no era conocido, a la que se le contesta diciéndole que no tenían nada en contra de esa edición, no impidió que se continuaran los desmanes. Estos culminaron tras groseras arremetidas de un coronel a las instalaciones del diario quien solo se retiró por órdenes superiores. La edición al fin pudo circular a la medianoche, pero el director de El Espectador pide una explicación por el allanamiento sin orden alguna y el mal trato a los empleados y voceadores. Esta carta no fue publicada. De haberlo hecho, hubiera servido para alertar a la opinión sobre el real carácter del régimen.
Pero se prefería continuar alimentando falsas expectativas a la ciudadanía sobre las maravillas de un gobierno que había asumido el control del país bajo las banderas de la paz y la tolerancia. El Espectador solo mencionó el incidente en dos breves y perdidos párrafos.
¿Qué molesto al gobierno para actuar de esta manera? EL Espectador logró obtener de un fotógrafo profesional que se encontraba casualmente frente al cruento escenario de la matanza estudiantil, en la calle 13 con séptima, unas placas extraordinarias que ya hacen parte de la historia del país. Los relatos de la masacre recogían detalles espeluznantes que dejaban mal parada a la tropa. Y los días siguientes el diario presentaba nuevos hechos con abundante material gráfico. Pero un punto en especial demostraría la enorme fuerza de la denuncia a través de la palabra impresa. Se trata del asesinato a sangre fría del estudiante Jaime Pacheco Mora el 9 de junio.
Pacheco Mora no cayó como sus otros compañeros en la calle 13 con séptima. Fue perseguido dos cuadras para caer acribillado en la Av. Jiménez. El Espectador comenzó a presentar el caso como "el crimen de la avenida", misterioso en un principio, pero que gracias a la campaña erguida de este diario, valiéndose de las denuncias de los lectores, se esclareció completamente.
Unas reveladoras fotos suministradas por un aficionado que muestran el momento en que yace el cadáver del mártir estudiantil con un tiro en la nuca y la secuencia de la tropa en la Av. Jiménez, publicadas copando casi toda la primera página, dejaban sin piso las mentiras oficiales de que los disparos vinieron inicialmente de los estudiantes y que los soldados se vieron obligados a defenderse.
El mismo día de la primicia, la ODIPE ordena, bajo "instrucciones superiores" prohibir toda información gráfica o literaria que se relaciones con los hechos de sangre ocurridos en esta ciudad los días 8 y 9 de junio. "El Presidente, dice la ODIPE, desea investigar y castigar, si es del caso, tales hechos y exige por mi conducto, el silencio absoluto de la prensa". Pero a la prensa conservadora ospinista que seguía acusando a los comunistas y laureanistas como responsables del crimen, no se le fijó ninguna prohibición.
El investigador de los sucesos, el magistrado Roberto Goenaga, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una alocución radial, entregó el 15 de diciembre de 1954 los resultados de la investigación sobre el 8 y 9 de junio. En ella se saca entre otras, la siguiente conclusión: No hubo participación ni inspiración comunista como tampoco de ningún otro grupo enemigo del gobierno o de las Fuerzas Armadas. Se desmentía así el comunicado oficial que culpaba a los comunistas.
Roberto Romero-Periodista
