La administración Jaime Alberto Camacho Pico de la Universidad Industrial de Santander que se caracterizó por violaciones a los Derechos Humanos y persecuciones a la comunidad universitaria, suspendió por cuatro meses a cuatro trabajadores afiliados a SINTRAUNICOL y estos llevan más de cincuenta días pagando dicha suspensión. Ellos siguen asistiendo todos los días a la Universidad en una constante lucha por su reintegración inmediata junto a distintos sectores de la Universidad que libran una batalla a diario por el respeto a la organización estudiantil, sindical y profesoral. A continuación conozca el caso.
Se trata de Luis Alberto Prada Soler, presidente de SINTRAUNICOL, vinculado a la Universidad desde hace catorce años y la misma cantidad de tiempo asociado al Sindicato. Javier Enrique Maldonado, fiscal de SINTRAUNICOL, vinculado a la institución desde febrero del 2007 quien se sindicalizó seis meses después. Juan Carlos Jaimes, secretario de comité de propaganda y publicidad de SINTRAUNICOL. Y Edinson A. Villamizar, ornamentador adscrito a la Universidad e integrante de SINTRAUNICOL.
Los hechos conducen al segundo semestre académico del año 2008, cuando el Sindicato denuncia irregularidades y violaciones laborales por parte de la administración. El 26 de septiembre de ese año, SINTRAUNICOL presenta un pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo. Inmediatamente la administración Camacho nombra una comisión negociadora conformada por -los en ese entonces- Olga Cecilia González (Secretaria general), Sergio Isnardo Muñoz (Vicerrector administrativo), Juan David Pizano (Jefe División de Recursos Humanos) y Roberto Gómez Molina (Jefe de Publicaciones). Al mismo tiempo Jaime Camacho instaura un contrapliego y se inicia lo que después se conocería como la "cacería de brujas" contra los trabajadores.
Esta mesa de negociación, le sirve a la administración para iniciar un saboteo al proceso de exigencia por mejoras laborales y sociales hecha por el sindicato, realizando maniobras dilatorias con las cuales se buscaba llegar a la última instancia, donde sería el Ministerio de la Protección Social el ente decisorio sobre los artículos que denunciaba SINTRAUNICOL de la convención colectiva del trabajo sostenida con la Universidad.
Ante la dilatación del proceso, la organización sindical se declara en Asamblea permanente y decide iniciar una serie de actividades de presión al interior del campus, que incluían mítines en distintos lugares e instalación de música a alto volumen en edificios, entre otras. El 10 de diciembre de 2008, SINTRAUNICOL convoca Asamblea General y esta acuerda realizar un mitin en la entrada del edificio Administrativo.
El mitin se realiza este mismo día: los ya mencionados, junto con el grueso de los trabajadores ingresan al edificio en realización de la protesta. Esta acción es catalogada por la administración como una "toma" al edificio y fue usada para la apertura de procesos disciplinarios contra 52 trabajadores. Este día, la minuta de ingreso al edificio fue alterada para inculpar a los sindicados. También son abiertos procesos en la Procuraduría y la Fiscalía los cuales aún están en curso. Aparte, son interpuestas demandas penales contra la organización por "injuria y calumnia".
Los procesos avanzan, Camacho llama a la comisión y en medio de negociaciones se pactan una serie de acuerdos, que posteriormente serían incumplidos por la administración.
El 14 de diciembre de 2011 los trabajadores son notificados de una sanción en primera instancia por seis meses. SINTRAUNICOL apela y realiza acercamientos con el rector para evitar que la sanción se haga efectiva. Los acercamientos son dilatados premeditamente por rectoría y el 15 de junio de 2012 (día que finaliza el periodo de Camacho Pico) se ratifica la sanción pero esta vez será por cuatro meses. La sanción empezaría a correr a partir del 16 de julio de 2012. Ninguno de los trabajadores es notificado, por el contrario reciben la sorpresiva noticia que deben retirarse y aparte les son cambiadas las chapas de sus lugares habituales de trabajo. Al día de hoy, los trabajadores no han recibido notificación por escrito.
Tras la entrada en vigencia de la sanción, los trabajadores empiezan a recibir por parte de la celaduría privada y la División de Planta Física, un trato hostigante, siendo perseguidos y reseñados cada uno de sus movimientos desde que ingresan a la Universidad, incluso les fueron retiradas unas pancartas puestas en las porterías.
"Lo otro que podemos resaltar ahí, es que las cámaras que tiene la administración de la Universidad, que nos han venido vendiendo la idea que son para salvaguardar y poder controlar los robos; eso es una gran mentira (...) Eso es una farsa, las cámaras se utilizan es para perseguir y en últimas poder inculpar a quienes se atreven a decirle a la dirección de la Universidad que las cosas no son como ellos las plantean" manifiesta uno de los sancionados. En este lugar las cámaras se encontraban en sitios inusuales, como puestas en el marco de la puerta de acceso, simulando lámparas e incluso simulando sensores de movimiento.
Al tiempo que se desarrollaban las acciones de protesta del sindicato, se inicia una campaña de desprestigio y persecución a tal punto que los trabajadores y sus familias fueron amenazados de muerte, relacionado esto con una política nacional de estigmatización de los movimientos sociales.
Las denuncias siguen y basados en las protestas de los trabajadores quienes en varias ocasiones 'empapelaron' gran parte de la Universidad durante la denuncia de la convención colectiva del trabajo, la administración preparó la entrada en vigencia de acuerdos de control y represión como el 062 de 2011 donde se estipula como falta la acción de fijar un cartel en el campus.
La solidaridad moral, económica y política que han recibido los trabajadores por parte del sindicato y la comunidad universitaria en general ha sido grande y, aunque se ha manejado cierto grado de pasividad, los trabajadores se sienten optimistas con el apoyo recibido. Ellos se quedarán los cuatro meses que dura su sanción asistiendo a la Universidad por la lucha y reivindicación de sus derechos y trabajarán por el bienestar colectivo de la comunidad.
Fuente: Prensa Estudiantil
