El claustro de profesores y profesoras de sociología reconoce la validez y legitimidad del movimiento estudiantil contra la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, basado fundamentalmente en documentos y declaraciones de profesores, estudiantes y sus representantes en los distintos medios. En este sentido, este comunicado presenta un bosquejo rápido, que tienen la intención de sugerir discusiones sobre la problemática que más adelante abordaremos como propuestas.
1. RAZONES QUE ARGUMENTAN
La exigencia sobre la ampliación de la cobertura no es coherente con los incrementos en los aportes destinados a financiar los gastos de funcionamiento (e inversión) de la universidad pública (que la hace financieramente inviable e insostenible). Aún en los escenarios más conservadores, es decir, un crecimiento lento de la población estudiantil y un crecimiento importante del PIB (por encima del 7%), los aportes anuales por estudiante siguen disminuyendo. Según estimaciones del Centro de Investigaciones para el desarrollo (CID), a precios constantes de 2005, los aportes per cápita pasarían de 4.8 millones en 2005, a 1.5 millones en 2023 de aplicarse la reforma.
Con este nivel de aportes, es imposible mantener una educación de alta calidad acorde a las necesidades del país (Rodriguez, 2011). La denominación genérica de Instituciones de Educación Superior que reúne la totalidad de las instituciones de formación posterior a la secundaria conduce a la desaparición de las actuales instituciones técnicas y tecnológicas. La consecuencia de esta unificación, que no hace justicia a los distintos fines y modelos pedagógicos de los niveles de formación, es que se pierde la especificidad de las funciones y las identidades. Esto generaría una mayor homogenización de los programas técnicos y tecnológicos en lugar de un fortalecimiento de la especialización, la identidad y las sinergias. Adicionalmente desestimularía la oferta de programas técnicos y tecnológicos de calidad. (Gomez, p. 2)
En términos de búsqueda de la equidad en el acceso a la Educación Superior se considera que el mecanismo de financiación de la demanda, en detrimento de la financiación a la oferta (como se vio anteriormente) , no es el adecuado si se entiende que la educación es un derecho y que por lo tanto no deben existir condiciones (como pueden ser las asociadas a la posibilidad de acceder a un crédito y aún más a la posibilidad de pagarlo) para disfrute.
Por otro lado, las instituciones mixtas, que fácilmente pueden ser el horizonte de las instituciones públicas (pues la reforma no lo prevé de ningún modo), van a imponer la mercantilización de la educación, en la medida en que, ante los problemas de financiación de la educación pública, la inversión privada se vuelva prioritaria dando lugar a pérdidas importantes en términos de autonomía. Las instituciones de media y baja calidad van a ser un mercado atractivo para los inversionistas que no estén dispuestos a pasar por todas las exigencias que requiere la constitución de una universidad (Múnera, 2011). Este mecanismo ampliaría las dinámicas de segregación e inequidad por la vía de una formación diferencial asociada con los estrato s socioeconómicos de los cuales proviene la población. Para la población definida como vulnerable se establecen programas de articulación con instituciones de calidad baja, dedicadas a la formación para el trabajo, dando l! ugar a una clara y evidente segregación y discriminación social, que en otros países se ha llamado apartheid educativo, sumado a la baja calidad de educación que reciben estos sectores en la formación básica y secundaria (Gomez, 2011).
En el documento de Miñana y Rodriguez (2011) se señala que la estrategia seleccionada en el proyecto de ley para dar cuenta de la calidad de la educación existen al menos dos falacias: creer que la calidad de la educación como la calidad de vida pueden ser reducidas a una o dos dimensiones y olvidar que los sujetos desarrollan parte importante de sus vidas y, como tal, la calidad de la vida universitaria, incluida la calidad de vida de sus actores constituyen parte fundamental de lo que podríamos denominar calidad de la educación.
Los exámenes de Estado al terminar los estudios universitarios, como condición para graduarse (SABER -PRO en Colombia) constituyen una violación a la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, muestra una gran desconfianza por parte del Estado en la capacidad de las universidades para formar profesionales, y hacen poco viable que las instituciones propongan modalidades alternativas de formación más pertinentes en el nivel local o que se alejen de las orientaciones hegemónicas nacionales o internacionales.
Los puntos anteriores permiten concluir que el mecanismo que se propone para ampliar la cobertura no es el más adecuado pues no permite una garantía cierta de la calidad, al tiempo que profundiza la inequidad y la desigualdad por la vía de la formación diferencial y discriminadora según el sector social y atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
2. MOVIMIENTO PROFESORAL Y PROPUESTAS DERIVADAS
Los profesores y las profesoras del departamento reconocemos la debilidad del movimiento profesoral y la falta de información e iniciativa frente a la situación actual. No obstante reconocemos también que existe la necesidad, importancia y pertinencia de pronunciarnos de manera activa para invitar a las y los demás docentes de la universidad a una movilización que permita el encuentro y la discusión en torno a la crisis de la universidad pública.
Ante esta situación, nuestro pronunciamiento activo hace las siguientes propuestas:
Movilización interna y externa interna conjuntamente con el estudiantado. Realizar una marcha interna de profesoras y profesores, que convoque todo el cuerpo docente a vincularse hacia una movilización externa que proyecte la problemática en la sociedad.
Cubrimiento y asistencia a los espacios a los que tengan acceso los docentes para volcar sobre la opinión pública la problemática.
Apoyar la propuesta del Posgrado en Estudios Culturales sobre Prensa Universitaria Crítica y Deliberante Participación en las mesas de discusión programadas por las y los estudiantes.
Presentar una propuesta de programación diaria para debates y formulación de propuestas que cuente con la participación de profesores, estudiantes y expertos, tanto internos como externos, y que permitan ampliar y profundizar argumentos y alternativas para la Educación Superior en Colombia.
Los ejes de debate que ponemos a consideración de la comunidad académica, con base en el programa mínimo de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y que deben adelantarse a partir del día jueves 20 de octubre son:
Autonomía, Democracia Universitaria y DD HH José Fernando Isaza, Edgar Novoa, VM Gómez,
Calidad Académica y Cobertura
Equidad y Bienestar Universitario
(U Tadeo )
Financiación de la Educación Pública
Política de Ciencia y Tecnología:
Interacción e Integración con la Sociedad
Firman Profesores y Profesoras del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Octubre 19 de 2011
Fuente: OCE Colombia
